Una herida abierta y podrida, tan evidente como inaccesible a pesar de que su infección modifica el aire, la tierra, el agua y la salud de los que están cerca. La idea de bienestar ambiental se resquebraja y pierde terreno a medida que nos acercamos al Vertedero San Javier, un eufemismo del basural en el que se convirtió el territorio donde los residuos de Salta y de una decena de municipios vecinos deberían separarse, tratarse y disponerse de la manera más eficiente posible.
Desde 1999, la gestión de este servicio fue concesionada a la empresa Agrotécnica Fueguina, mediante contratos que se fueron renovando y que llegan al final de la gestión de Gustavo Sáenz con incumplimientos acumulados, demandas de vecinos, daños ambientales imposibles de mensurar y una contaminación que atravesará a varias generaciones de vecinos con efectos que todavía no pueden ser diagnosticados.
Sin diagnóstico
El próximo 25 de noviembre se realizará una nueva audiencia convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, a pedido de la Municipalidad de Salta para actualizar información ambiental sore el Vertedero. Este magistrado es quien deberá pronunciarse sobre el amparo presentado por Jorgelina Franco, vecina del barrio Justicia (ubicado a menos de 500 metros del vertedero), en el que denuncia a la Municipalidad de Salta por no exigir a la concesionaria los estudios de pre factibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del Vertedero San Javier, ordenada luego de la clausura de las trincheras que ya se encuentran colapsadas.
Según Franco, el intendente no hizo cumplir la exigencia de que la empresa compre y coloque la geo-membrana necesaria para cubrir la base de la trinchera IV, como tampoco se inició el proceso licitatorio para comprarla, "por lo que está claro que este año no la van a poner en funcionamiento", dijo y apuntó al jefe de la comuna por falta de gestión. "Denunciamos a Sáenz como responsable de los olores nauseabundos que nos llegan a los vecinos de Solidaridad y Justicia, así como las ratas y la proliferación de insectos sobre nuestros barrios. Y que sus funcionarios han recibido la orden de dilatar estos procedimientos para permitirle llegar a las elecciones sin quedar asociado a la complicidad con esta degradación de la calidad de vida a que nos viene sometiendo”, relató.
A partir de esta denuncia, el juez Domínguez le puso plazo a la presentación de los estudios de impacto ambiental y la apertura de licitación para la compra de la membrana, que cuesta alrededor de 25 millones de pesos y que por un acuerdo entre la comuna y Agrotécnica Fueguina, lo terminará pagando la ciudad.
"La situación de los vecinos se agrava y el Estado sigue negando que las enfermedades que sufren son causadas por el Vertedero", dijo Cristina Foffani, concejala del Partido Obrero y una de las impulsoras de la investigación sobre la contaminación del basural.
Enfermos de mentira
"Con respecto a las enfermedades que padecen los vecinos de la zona, la Municipalidad siempre ha estado en el rol de mentirles, no solamente a ellos sino a toda la sociedad sobre la incidencia que tiene el Vertedero San Javier", dijo Luis Segovia, representante legal en la denuncia por la contaminación en los barrios aledaños.
Según Segovia, en 2011 se presentó un estudio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sobre los índices de morbilidad comparativos en el que se demuestra que los vecinos presentaban muchas más enfermedades respiratorias infecciosas y dérmicas en relación a otros que no estaban infectados por el mismo ambiente. "Es un estudio que se hizo siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud que en el año 2000 elaboró una guía para hacedores de políticas de los Estados y así elaborar informes sobre la incidencia de estos sitios", contó Segovia. En Salta nunca se aplicó. "El Estado nunca hizo un registro de datos ni los cruzó ni comparó. El único que lo hizo fue un estudiante de la UNSa que realizó la comparación de las estadísticas de una zona con otra, con las mismas condiciones socioeconómicas pero diferentes ambientes", agregó el abogado y dijo que el trabajo demuestra la afectación que provoca el ambiente en las personas.
Mientras tanto, la Municipalidad, que debería asumir la responsabilidad en el caso, sigue sosteniendo que el Vertedero no contamina, no enferma ni afecta el ambiente.
Teléfono en descomposición
Como un juego extraño y perverso, quienes deben encargarse de controlar a la concesionaria se desentienden de la tarea, mientras la empresa misma es quien ejerce de veedora, la que controla el peso de los camiones que ingresan al Vertedero y cobra por cada kilo de basura ingresada, la que obstaculiza la toma de muestras de contaminación y sigue negando que los líquidos lixiviados lleguen al cauce del río.
"A lo largo de la causa hubo distintos informes que denotan la contaminación alrededor del Vertedero. Uno es del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), que muestra el aumento significativo de la contaminación del río Arenales luego del paso por el Vertedero. Además se incorporaron respuestas formales del Ministerio de Salud donde se reconoce la incidencia del Vertedero en la salud", apuntó Segovia y agregó que desde 2018 rige una medida cautelar que obliga a la empresa a informar todos los meses al Juzgado a cargo del amparo sobre las medidas que toman respecto del control de vectores por ejemplo, la fumigación y la prevención de alimañas, insectos y roedores. Sin embargo, de esos informes no hay noticias.
"Además, hay medidas cautelares que tienen como fundamento que la Municipalidad nunca presentó un plan de prevención sobre los residuos, la separación en origen, la recolección selectiva, la recuperación de materiales para su reciclado, nada de esto está acreditado y esto es fundamento de otras medidas cautelares presentadas", siguió el abogado.
Mientras tanto, los camiones con basura siguen entrando y volcando, en montañas que superan los 24 metros de altura, cuando el contrato indica que no deberían superar el metro y medio. Desde varias cuadras de distancia se puede ver a los vehículos circulando debajo de bandadas de pájaros y rodeados de perros. Hacia adentro, en un círculo enfermo de residuos y de infección, cientos de personas ingresan de manera ilegal a recuperar comida, ropa, cartón, plástico, los materiales que pueden convertirse en dinero y más tarde en algo para poner en la olla.
A contramano
Ni la Municipalidad controla, ni la empresa prestadora informa, ni la justicia condena. Segovia aseguró que el funcionamiento del Vertedero se realiza de manera ilegal, volcando y comprimiendo la basura en módulos que no están habilitados por haberse clausurado y que se volvieron a utilizar. "Interpusimos otra medida cautelar por este motivo y el juez los emplazó a culminar estudios de impacto ambiental acumulativo de todo el Vertedero", siguió el abogado y agregó que hasta ahora no se presentó ningún informe.
El contrato de la Municipalidad con Agrotécnica Fueguina obliga a la empresa a, entre otras cuestiones, constituir un arbolado perimetral que contenga y proteja a las zonas cercanas de los gases contaminantes, de la posible traslación de basura por el viento, además de beneficiar el aire y la tierra. Nada de eso existe, y en los alrededores del Vertedero el olor es la principal barrera perimetral. Animales muertos en descomposición, basura desparramada, amontonada, descartada y revuelta, donde perros, personas, gatos, alimañas habitan, circulan, se alimentan de lo posible en un paisaje indecible.
"Si no cumplen con lo que se ve, imaginate con lo que está debajo de la tierra, con lo que no se puede ver", dijo Jorgelina a Salta/12. El 27 de agosto de 2017 presentó y propulsó el recurso de amparo que desde entonces intenta combatir un monstruo que sigue enfermando a una población cada vez mayor.
Zona de riesgo
Barrio Justicia, Solidaridad, el nuevo loteo de Los Paraísos, los asentamientos Urkupiña y Gauchito Gil son los más expuestos a la contaminación del Vertedero, además de las personas que desde hace un año se instalaron en el asentamiento Israel, con más de 100 familias en habitáculos precarios, algunos levantados y techados con plásticos recuperados del basural.
Para Lucas Seghezzo, doctor en ciencias del Medio Ambiente y uno de los investigadores del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional que más profundizó en el impacto ambiental del vertedero, el principal factor de riesgo para quienes están cerca de la zona es la contaminación del agua superficial y subterránea. "Eso se resuelve con membranas, captación y tratamiento de lixiviados, pero la única solución de fondo es la separación en origen (o en destino) de la fracción orgánica y compostaje", dijo el técnico y añadió que en el relleno sanitario propiamente dicho no debería seguir ingresando materia orgánica porque es la única manera de evitar los lixiviados.
El negocio de la basura es parte del mal trato de los residuos, de los vecinos, del ambiente y de las posibilidades de cambiar el paisaje para mejor. Mientras la concesión sigue siendo deficiente, los funcionarios encargados de controlarla no aparecen en el tablero. Entre ellos, Gastón Galíndez, secretario de Ambiente de la Municipalidad, que no atendió a los requerimientos de este medio y sigue sin dar explicaciones sobre los incumplimientos de Agrotécnica Fueguina.
Dar de nuevo
"Hay que sentarse a discutir de nuevo por qué el municipio tiene que contratar una empresa para brindar un servicio esencial como el del tratamiento de la basura", sugirió Seghezzo, una moción que cuenta cada vez con más apoyo. "La empresa tiene un porcentaje de ganancia muy alto y ese dinero se pierde. Creo que es perfectamente factible brindar ese servicio por administración, y hacerlo mucho mejor"; agregó.
Rodrigo García, de la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores, coincidió con la cuestión y señaló la situación de los 163 trabajadores de las tres cooperativas que se rotan en diferentes turnos para trabajar en la separación de residuos, en condiciones de insalubridad extrema, con los residuos patógenos mezclados con los domiciliarios, sin protección y sin posibilidad de almacenar los materiales recuperados y de esta manera controlar el stock.
"A ellos se suman además cientos de personas que ingresan todos los días de manera ilegal a buscar alimentos, ropa, es una situación desgarradora", contó y recordó el caso de un hombre que murió aplastado por una máquina en mayo del año pasado.
