Un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló, con la ayuda de referentes en justicia abierta y de especialistas en letras y comunicación, una "Guía de Lenguaje Claro y Estilo"  que propone revolucionar, en términos comunicativos, las estructuras del Poder Judicial. Se trata del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, a cargo de Pablo Casas, que aplicando la perspectiva de género y eliminando el uso del latín y de "tecnicismos innecesarios", entre otras iniciativas, busca "mejorar la redacción de los documentos judiciales para hacerlos comprensibles a toda la ciudadanía". La guía, creada en 2017 y publicada en PDF en julio de este año, estará disponible desde esta semana que viene "en formato abierto" para que "todos puedan crear comentarios con sugerencias que permitan mejorarla".

"Todo ciudadano, aunque no se vea directamente involucrado en un proceso penal, tiene el derecho de conocer y comprender qué decisiones toman los jueces y por qué. Sin embargo, quien no comprende no puede ejercer ninguno de estos derechos", sostuvo el Juzgado Nº 10 entre los fundamentos que motivaron la creación de la guía. "En este sentido", continuó, "advertimos que el vocabulario legal y técnico y ciertas prácticas judiciales antiguas, relativas al modo de redacción, estilo y formato, generan un problema en la comunicación entre los operadores judiciales y la ciudadanía que, en definitiva, es la destinataria de la labor judicial".

Con el objetivo de mejorar ese problema comunicacional, el juzgado que dirige Pablo Casas creó en 2017 la "Guía de Lenguaje Claro y Estilo". La iniciativa, aseguró el organismo, busca "modificar el vocabulario" disminuyendo el uso de "tecnicismos innecesarios" y de "palabras o frases en latín", "abandonar el lenguaje androcéntrico", "uniformizar criterios y estilo en la confección de documentos y resoluciones", "mejorar la redacción" y "elaborar modelos (de documentos) estándar que faciliten la visualización".

El desafío que el Juzgado Nº 10 está llevando adelante, sin embargo, no se agota en el lenguaje y en el diseño gráfico de los documentos, sino que se extiende a todas las prácticas comunicativas: desde de la difusión de las resoluciones judiciales a través de Twitter, hasta la manera en que se envían las citaciones. "Priorizamos llevarlas a cabo vía mail o por teléfono (...) sin la intervención de la policía, que a veces reformula el contenido de las notificaciones y mensajes que enviamos", explicó el juzgado.

"Un documento judicial que se entienda en el almuerzo del domingo"

La guía, contó a Página|12 el juez Pablo Casas, a cargo del juzgado desde noviembre de 2015, nació "luego de reflexionar sobre la baja confianza que tienen las personas respecto a nuestro trabajo en la justicia, percepción que recibimos a través de los medios de comunicación". El empujón final, sin embargo, llegó en 2017 "cuando nos cruzamos con un tuit de una colega mexicana, María Silva, que venía trabajando cuestiones de claridad en el lenguaje. Había subido una foto de su ‘puertarrón’: un listado pegado en la puerta del juzgado con palabras que ella consideraba que debían dejar de usarse. Eso nos inspiró a revisar qué era lo que estábamos haciendo nosotros, a buscar ese tipo de palabras en nuestros documentos".

"Ahí descubrimos, también, que ya existían en otras partes del mundo políticas de desarrollo claro de lenguaje. Nos encontramos, además, con que en Argentina varios lingüistas ya venían trabajando sobre esta temática", señaló Casas. Paralelamente, celebró el juez, el Consejo de la Magistratura de CABA estaba creando un área dedicada a la implementación de políticas de lenguaje claro y se estaban formando, tanto en la Ciudad como a nivel nacional, Redes de Lenguaje Claro con la participación de especialistas de distintas disciplinas.

El problema que advirtieron entonces, admitió Casas, es que los documentos judiciales no eran comprendidos por los "verdaderos destinatarios, que son los ciudadanos y ciudadanas". "Las personas venían a la mesa de entrada del juzgado con la citación que le habíamos enviado y nos preguntaban qué tenían que hacer porque no entendían. Nos dimos cuenta que la dificultad estaba tanto en el lenguaje judicial como en el formato de los documentos, así que nos dimos 15 días para reescribir esos textos. Todos en el juzgado teníamos la misma tarea: los domingos, mientras almorzamos fideos con la familia, se los teníamos que leer a nuestros abuelos y padres. Si ellos los entendían, significaba que habíamos traspasado el nivel de comprensión", recordó el juez.

En septiembre de 2017, una vez que esos textos ya habían sido reformulados, el juzgado los puso a disposición a través de Twitter y le pidió a la comunidad sugerencias para mejorarlos. "Así que podemos decir que esto fue cocreado con la comunidad", festejó Casas, al tiempo que aclaró que la reestructuración del formato de los documentos judiciales y la redacción de la guía contó con la ayuda de lingüistas, licenciados en letras, periodistas y diseñadores gráficos, entre otros especialistas. Para su elaboración, también se reunieron con un grupo de "jueces de Costa Rica que trabajan en temas de justicia abierta" y con "Claudia Poblete Olmedo, profesora y doctora en Lingüística y Asesora de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile".

Lenguaje claro y sin tecnicismos

Lo primero que impulsaron para que el nuevo lenguaje judicial fuera comprensible para todos fue el abandono de "tecnicismos innecesarios", de palabras del español antiguo, como "foja", y de frases o palabras en latín, como "ut supra, a quo, ad effectum vivendi, in dubio pro reo, etc.".

En las resoluciones judiciales, ejemplificó Casas, "se suele utilizar el ‘autos y vistos’ para exponer los antecedentes. Pero ¿alguien se preguntó por qué le decimos así? ¿es necesario? ¿o lo podemos llamar de otra manera? Fue así que decidimos empezar a llamar a los ‘autos y vistos’ ‘antecedentes’ y a los ‘considerandos’ ‘argumentos’", contó el funcionario judicial.

Lenguaje con perspectiva de género

La otra gran innovación que propusieron dentro del lenguaje judicial fue el "abandono del androcentrismo" y la implementación de la "perspectiva de género". "No hicimos más que recoger el desarrollo teórico de las especialistas en cuestiones de género que vienen señalando los problemas del lenguaje androcéntrico, del que no estamos exentos", reconoció Casas. "Empezamos a capacitarnos y a hablar, por ejemplo, del derecho de las personas y no de los hombres. También comenzamos a citar a académicas mujeres en los fallos como argumento de autoridad, apoyaturas que siempre estuvieron destinadas a académicos o juristas hombres", agregó.

Además, continuó Casas, se comenzó a respetar el género autopercibido dentro de los documentos judiciales. "Si se trata de alguien transgénero, lo mencionamos dentro de la causa con el género con el que se identifica esa persona, más allá de lo que dice su DNI".

Se acabaron los "títulos cuasi-nobiliarios"

Por otro lado, los integrantes del Juzgado Nº 10 también dejaron de utilizar términos "que se relacionen con honores o títulos cuasi-nobiliarios" como "Excma." o "distinguido". "Esto ya está prohibido por la Constitución de la Ciudad Buenos Aires pero se sigue usando mucho. Pareciera que al Poder Judicial no le entraran las balas", denunció Casas. "Además de ser un lenguaje en desuso, tiene una connotación de privilegios de casta que no hacen a la igualdad de las personas. Por eso, vamos a seguir removiendo lo necesario para que la cultura se modifique", insistió el juez, que tiene prohibido que se refieran a él como "su señoría".

Guía en permanente revisión

La guía, realizada en 2017 y publicada en PDF en julio de este año, estará disponible desde la semana que viene "en formato abierto" para que "todos puedan crear comentarios con sugerencias que permitan mejorarla". "Si nos sometemos a una auditoría, seguramente detecten que tenemos que seguir trabajando, porque cuesta mucho deshacerse de patrones culturales tan arraigados. Por eso, este es un documento que está vivo, que requiere de permanente revisión", consideró Casas.

Pese a las críticas de algunos especialistas "que se oponen, por ejemplo, a eliminar el latín porque dicen que estaríamos nivelando hacia abajo en términos de lenguaje y que corremos el riesgo de no ser técnicamente precisos", el juzgado ya está cosechando sus frutos. "Venimos midiendo la claridad de nuestras resoluciones a través de una encuesta que le hacemos tanto a los involucrados en las causas como a las personas que van a presenciar las audiencias", adelantó el juez. El resultado, concluyó, es motivador: "hasta ahora, el grado de entendimiento supera el 98%".