Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe y académicos universitarios plantearon la necesidad de que se sancione la ley de juicio por jurado. Se trata del proyecto del Poder Ejecutivo provincial que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que de no tratarse en el Senado, perdería estado parlamentario a fin de mes. Aseguran que es una forma de completar el sistema procesal penal que funciona desde 2014.

El jurado está contemplado para causas graves y estará compuesto por doce integrantes -con paridad de género- que serán elegidos por sorteo en base al padrón electoral. La iniciativa obtuvo la media sanción de Diputados en julio del año pasado; pero, de no tratarse en las próximas semanas en el Senado, perderá estado parlamentario.

Como director del departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNR, el ministro de la Corte, Daniel Erbetta, abrió ayer la conferencia de prensa en la Facultad de Derecho: "Hay una fuerte voluntad de parte de los actores institucionales de la provincia para que en el tiempo que queda del año parlamentario, la Legislatura pueda dar sanción a la ley de juicio por jurado. Consideramos que implica culminar un proceso trascendente de reforma de la Justicia Penal. Por otro lado, implica habilitar al ciudadano de a pie, de que pueda participar de un acto de gobierno como son los juicios penales graves", dijo sobre las causas que buscan incorporar esa modalidad de juzgamiento.

Para la defensora general Jaquelina Balangione, si pierde estado parlamentario "se pierde una oportunidad histórica que tiene la provincia de ponerse al día con esta deuda con la constitución nacional". Y sumó: "Lo llamativo es que Santa Fe fue una de las provincias que dio el puntapié inicial para la implementación de juicios por jurado y después llamativamente nos quedamos atrás. Comprendo que es un momento difícil y coyuntural, donde hay un cambio de gestión política, pero creo que ésta es la oportunidad; sería una pérdida para la democracia".

"Implica habilitar al ciudadano de a pie, de que pueda participar de un acto de gobierno como son los juicios graves".

Erbetta remarcó: "Tener el juicio de jurado popular es como fundar una escuela de construcción de ciudadanía y la experiencia de Argentina fue notable en este sentido. Estamos en deuda con nuestra propia reforma procesal penal. Esperemos que este corto tiempo, en esta coyuntura, sea una muestra más de la responsabilidad institucional que tienen nuestros legisladores".

Por su parte, el fiscal general Jorge Baclini, sumó que "hay varias provincias donde está funcionado, como Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Chaco; y en general el balance es muy bueno. El jurado genera una renovación en todo el sistema de justicia y complementaría el sistema. Nosotros decimos que el nuevo sistema de justicia penal lo que hace es acercar la justicia a la gente".

Balangione agregó que el proyecto tiene "representación de todos los sectores políticos, porque se logró como un acuerdo donde se conjugaron todas las ideas plasmadas por distintos proyectos presentados por todos los sectores. Solo algunos diputados del Pro, sin dar motivos, no votaron esta iniciativa".

Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho, dijo que hay "una importancia para los sectores académicos de que esto pueda implementarse. Acompañamos la iniciativa porque tiende a la democratización". En tanto, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, aseguró: "Cuando sostenemos que la universidad debe ser un actor estrechamente vinculado con la agenda y las inclusiones hablamos de esto también. Sería un despropósito que no pudiera consagrarse".

Según se indicó en su momento, la función del jurado será tanto un derecho como una carga pública. Su función será decidir, por unanimidad, en juicio si la persona acusada es culpable o no culpable. En tanto, se indicó que no impondrán pena, ya que esa cuestión es función de los jueces penales que presiden los debates.