La Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet denunció en la Fiscalía Federal de Salta que el represor Joaquín Guil fue visto en un sanatorio de esta ciudad sin custodia de ningún tipo, a pesar de que está condenado a prisión perpetua y debe cumplir prisión domiciliaria, lo que implica que solo puede salir de su casa con custodia de Gendarmería Nacional.

Por este motivo el organismo de derechos humanos denunció la “presunta violación de la prisión domiciliaria de Joaquín Guil por habérselo visto en el CENESA con su hija, sin esposas, sin custodia policial”, informó Cristina Cobos, quien firmó la presentación junto a Nora Leonard.

Cobos indicó que, además, se pidió que Fiscalía averigüe sobre el procedimiento que aplica Gendarmería en el caso de las salidas autorizadas por la Justicia. Y que “Gendarmería informe si esta mañana realizó el traslado de Guil al Sanatorio y de qué manera. Se le pide además que acompañen documentación respaldatoria o probatoria”.

La salida de Guil había sido autorizada por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1, para que pudiera asistir al Centro Médico CENESA, donde tenía turnos seguidos para distintas prácticas médicas, entre 8 y las 10.45. La autorización consigna expresamente que debía ir “con la debida y permanente custodia” y encomienda este trabajo a Gendarmería Nacional.

La salida por sí sola no llama la atención, lo que motivó la presentación fue el hecho de que el ex jefe del área de Seguridad de la Policía de Salta fue visto solo acompañado por una joven, que sería su hija, y sin la custodia de Gendarmería.

“Si está condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad y merece la pena de prisión, aun en la modalidad de domiciliaria, no debe andar libremente por el peligro que representa para la sociedad. Nadie debe cruzarse con un genocida condenado sin que este custodiado”, explicó la abogada María José Castillo, integrante de HIJOS y querellante en causas de lesa humanidad.

“El genocida Joaquín Guil que cuenta con cinco condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad fue descubierto violando la prisión domiciliaria mientras se realizaba chequeos médicos en una clínica privada del centro salteño. Todos sabemos que quien merece la pena de prisión por delitos de lesa humanidad como Guil no debe andar libremente, es un genocida y representa un peligro para la sociedad”, sostuvieron en un comunicado la Asociación Lucrecia Barquet, la Agrupación Oscar Smith del Sindicato de Luz y Fuerza e HIJOS Salta en la red nacional.

Estas organizaciones exigieron que “todos (los represores) tengan pulseras electrónicas y custodia policial en todo momento, así también que se intensifiquen los controles dadas la grandes violaciones a las prisiones domiciliarias de los genocidas en todo el país. Nadie debe cruzarse con un genocida condenado sin que esté custodiado y esposado”. E invitaron a denunciar estos hechos.

Retomaron también un reclamo insistente de los organismos de derechos humanos: “El único lugar para un genocida es la cárcel común”.

En total, Guil tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad, cinco a prisión perpetua. En diciembre de 2010 fue condenado por la Masacre de Palomitas, el fusilamiento de once detenidos políticos perpetrado el 6 de julio de 1976; en 2011 se lo condenó por su participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal; en 2013 fue condenado en la conocida como Megacausa Salta; en 2015 se lo condenó en el denominado Séptimo Juicio, por delitos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976, y en 2017 recibió prisión perpetua en el Noveno Juicio, por delitos en perjuicio de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Salta. Además, también en 2017, fue condenado a 7 años de prisión por el secuestro y torturas al cooperativista Marcial Uro.

Un historial de violencia

El historial de represor de Joaquín Guil se remonta incluso a la dictadura de Onganía y a los años de la primavera camporista, que en Salta tuvo su expresión en el gobierno popular de Miguel Ragone.

Precisamente, anunciando que se iba a cambiar la estructura policial para que dejara de ser un órgano de represión y se convirtiera en una organización al servicio de la seguridad del pueblo, en mayo de 1973 el gobernador puso al frente de la Policía de Salta a un civil, Rubén Fortuny, militante del Frente Revolucionario Peronista (FRP), quien asumió con la misión de investigar las denuncias por apremios ilegales, torturas y persecuciones que se reiteraban señalando a la conocida como la “banda de los comisarios”.

La acción de Fortuny incluyó impulsar la investigación de estos policías. Muchos jefes fueron trasladados a lugares lejanos de la provincia. Guil fue enviado a cumplir funciones en San Antonio de los Cobres, en la puna. Días después fue formalmente acusado por torturas y detenido.

Estas acciones motivaron la reacción de la jerarquía militar. Los sectores de derecha que combatían al gobierno de Ragone, lograron más tarde la libertad de los comisarios represores y reponerlos en sus funciones, y luego, con la intervención al gobierno popular, en noviembre de 1974, el terrorismo se desató sobre la provincia aún antes que a nivel nacional.

Guil volvió a ser así el hombre fuerte de la Policía, lugar que ocupó durante los años de terrorismo de la dictadura cívico militar.