Cuatro ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell fueron condenados a cadena perpetua por cometer dos homicidios y delitos de lesa humanidad. Se probó la privación de la libertad y torturas aplicadas a una niña de 12 años y el robo, retención y ocultamiento de sus hermanos de 10 y 1 año. El quinto acusado, para quien también el Ministerio Público Fiscal había pedido prisión perpetua, fue absuelto. 

El Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata dio a conocer el veredicto y los condenados a perpetua fueron el entonces segundo jefe del Batallón de City Bell Carlos Alberto Bazán; el ex oficial de Inteligencia de esa misma unidad, Francisco Ángel Fleba; el ex oficial de Operaciones Eduardo Arturo Laciar; y el ex jefe de la Compañía B, Daniel Eduardo Lucero. El militar absuelto es el ex subteniente de la Compañía B; Eduardo Enrique Barreiro. “Hasta que no tengamos los fundamentos de la sentencia, que estará en febrero, no sabemos la razón por la que fue absuelto Barreiro y por lo tanto no podemos apelar”, sentenció el fiscal general Hernán Schapiro en diálogo con Página/12.

Los hechos por los que fueron juzgados ocurrieron el 6 de septiembre de 1977 en el marco de un operativo militar. El ejército atacó la casa en la que vivían María Nicasia Rodríguez, de 34 años, junto a su compañero de militancia en Montoneros, Arturo Alejandrino Jaimez, de 22 y los tres hijos de ella: Marcela, Sergio y Marina. Los adultos fueron asesinados y los niños, que se habían escondidos en el baño, fueron descubiertos por los militares y secuestrados de forma separada. Marcela fue llevada al centro clandestino de detención "El Vesubio" y luego al "Sheraton" donde estuvo tres meses privada de su libertad y sufriendo distintos abusos y torturas. Sergio y Marina fueron llevados a la Brigada Femenina de la policía de La Plata y luego de ocho días recuperados por su familia. Si bien la querella estuvo a cargo de la Secretaría de DDHH de la Nación y no hubo querella por parte de los familiares, Marcela estuvo entre el público escuchando el veredicto.

 “La investigación se llevó a cabo completamente por parte de la fiscalía mediante elementos documentales, testimonios y análisis de legajos del ejército", explicó Schapiro. "A partir de tener conocimiento del hecho fuimos haciendo un trabajo que nos llevó años de investigación y que nos permitió hacer la acusación y llegar a juicio”, agregó el fiscal. Schapiro y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, habían pedido a los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Germán Castelli -además de la prisión perpetua para los acusados- una serie de reparaciones para las víctimas como la señalización del centro clandestino el Batallón de City Bell; que la Municipalidad de Berazategui ponga una placa donde ocurrió el ataque y que se envíe el expediente a la Universidad Nacional de Córdoba como prueba de que Jaimez aún continúa desaparecido. Sin embargo, según Schapiro “en el veredicto no quedó claro si aceptaron las reparaciones”. Para conocer si fueron concedidas, también se deberá esperar hasta febrero. “Es probable que haya que apelar también por eso”, indicó el fiscal.

Informe: Melisa Molina