“Hicimos la revisión y muchas de las cosas no están en condiciones de ser vendidas”. Julián Fernández, uno de los socios del local Tudo Legal, ubicado en el microcentro salteño, describió así las condiciones de la mercadería que estaba en un depósito judicial. Los productos habían llegado allí el 21 de septiembre pasado, tras un operativo en el marco de la llamada lucha contra el microtráfico de drogas ilegales en Salta.
En aquel momento la Policía hizo gala de haber secuestrado macetas y productos que sirven para jardinería doméstica. Junto a los banners de la Dirección Provincial de Drogas Peligrosas, policías con la cara cubierta custodiaban lo secuestrado. Entre los elementos, además de productos sobre la base de cremas y aceites, se encontraban ejemplares de la revista de cultura cannábica THC.
A más de un mes del allanamiento los socios del local no fueron ni siquiera imputados. El abogado Fernando Ruarte decidió acompañarlos en el proceso para solicitar la devolución de lo secuestrado.
Ayer en la Ciudad Judicial primero tuvieron que esperar por el acta de secuestro que, Fernández aseguró, no estaba en el expediente. A esa sorpresa le siguió que en el acta había algunos productos que no aparecían, como un equipo de iluminación. “Lo vimos en el depósito pero como no está en el acta de secuestro nos dicen que no lo podían devolver”.
Aunque el septiembre los socios calcularon que la mercadería secuestrada estaba valuada en 200 mil pesos, Fernández sostuvo que en total el secuestro fue sobre mercadería valuada en 350 mil pesos. “Pero de eso nos devolvieron la mitad para poder vender”, dijo a Salta/12.
“Los perejiles de siempre”
Ruarte explicó a los socios del local la alternativa de hacer un juicio al Estado por daños y perjuicios. Pero los dueños de Tudo Legal aún lo evalúan. Entendieron que si bien existió una injusticia, hay algunas situaciones que durante estos meses los perjudicaron por la “mala prensa” que les hizo la Policía. “Bajaron las ventas y muchos clientes no volvieron”, contó Fernández al referirse al llamado lucro cesante que produjo el acontecimiento. A ello sumó que se debe continuar con erogaciones para continuar el procedimiento legal y por ello están aún con el análisis de hasta dónde los costos son más bajos que los beneficios.
“Violaron la intimidad de mi negocio y nos perjudicaron para continuar trabajando”, manifestó. Ruarte, en tanto, consideró que con este reconocimiento de la Justicia se comprueba una vez más que “esta supuesta lucha contra el narcotráfico en realidad va en contra de los perejiles de siempre”.
