Tres de los constitucionalistas más importantes de la Argentina analizaron para PáginaI12 el pedido de informe de Naciones Unidas sobre las violaciones a la independencia judicial por parte del gobierno de Mauricio Macri. Rául Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y Raúl Gustavo Ferreyra señalaron las posibles implicancias del reclamo de explicaciones por parte del Relator Especial de la ONU . Los tres coincidieron en el prestigio, experiencia y neutralidad del funcionario del organismo internacional, Diego García Sayán.

Para Zaffaroni, "los hechos denunciados están todos documentados e incluso son de dominio público" y consideró que “no tienen precedentes”. Por su parte, Ferreyra destacó que “el recorrido sobre la tarea del Relator pone de manifiesto la inusitada gravedad institucional del pedido de Informe” y advirtió que “la Argentina no debe ser juzgada ni comprendida en el mundo como un Estado en el que fracasarían la independencia e imparcialidad de su Poder Judicial”. Gil Lavedra, en tanto, consideró que algunos de los hechos planteados por la relatoría “merecen una respuesta”.

El jurista peruano Diego García Sayán elevó el pasado 1 de noviembre un pedido de informe al gobierno de Macri a partir de una denuncia elaborada por la organización AJUS (Abogados por la Justicia Social) y avalada por diversos organismos como Abuelas; Madres Línea Fundadora, Hijos Capital, entre otros. Esa presentación, que había sido elevada en septiembre de 2018, fue acompañada luego por la Liga Argentina por los Derechos Humanos e Iniciativa Justicia. Representantes de las tres entidades habían sido recibidos en Lima por el funcionario de la ONU, quien finalmente habilitó el trámite y le reclamó explicaciones al Estado argentino sobre posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial, señalando que lo denunciado tiene verosimilitud y es “fiable”. La demanda advertía sobre un “plan sistemático y estructural” del Poder Ejecutivo para amedrentar a sectores de la Justicia.

-- ¿Coincide con el diagnóstico del relator de la ONU?

Zaffaroni: Sí, me parece correcto y prudente. Ha reconocido la gravedad de los hechos que se denuncian y puso en funcionamiento el procedimiento, lo que es importante.

Ferreyra: El Relator ha realizado un prolijo examen de las “alegaciones” llevadas a su conocimiento respecto de la violación de la independencia del Poder Judicial. No se debe globalizar porque no han sido en todo el ejercicio jurisdiccional. Hay que alertar que se transgrede la independencia cuando los jueces dictan sus resoluciones no de acuerdo al Derecho vigente y aplicable a la causa sino en respuesta a diferentes presiones provenientes de los poderes políticos. La Constitución determina y estimula la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Por eso, cuando se esquiva la independencia e imparcialidad se deja de transitar el camino constitucionalmente adecuado y se queda a la intemperie de la fuerza sin reglas.

-- ¿Qué nivel de contundencia tienen los hechos enumerados por el relator de la ONU, entre los que están la manipulación de fiscales en la causa Correo y los señalamientos públicos en boca del propio Presidente al juez Alejo Ramos Padilla?

RZ: Los hechos están todos documentados e incluso son de dominio público. Algunos de ellos no tienen precedente en la historia judicial argentina.

Gil Lavedra: El relator entiende que los hechos tienen la entidad necesaria. Son alegaciones que aún no han sido confrontadas. Quizás algunas de las explicaciones puedan ser contrastadas.

-- ¿Qué nivel de legitimidad tiene un pedido de informe de este tipo por parte de un funcionario como García Sayán?

GL: García Sayán es serio. Lo que está pidiendo son explicaciones sobre hechos que él entiende que merecen una explicación por parte del Estado. Generalmente los expertos que trabajan en la ONU son independientes y de trayectoria.

-- ¿Qué peso e impacto concreto podría tener este pedido de informe de la ONU en el servicio de justicia argentino?

RZ: Supongo que habrá que volver a la Constitución y restablecer el equilibrio de controles entre los Poderes del Estado. Estamos ante un Estado de derecho deteriorado y las presiones del Ejecutivo sobre el Judicial y otros episodios escandalosos deberán ser revertidos.

RGF: No se puede calcular de antemano. Empero, el recorrido sobre la tarea del Relator pone de manifiesto la “inusitada gravedad institucional” de este pedido de informe.

--García Sayán señala en su escrito que los hechos denunciado son “fiables” ¿Esto le da una suerte de herramienta argumental al Gobierno que viene para encarar algún tipo de reforma en el Poder Judicial?

RZ: Creo que la puesta en marcha del procedimiento en la ONU muestra a las claras que no se trata de críticas debidas a partidismo, sino de irregularidades que alarman a cualquiera que tenga una idea de lo que debe ser una República. El objetivo estratégico debe ser la reparación del daño que esto le ha causado al Estado de derecho en nuestro país, pero la táctica no soy yo quien la pueda señalar. De todos modos, la solución siempre es volver a la Constitución, nunca salirse de ella; quienes se salieron de ella son los que hoy afirman que la República está en peligro.

RGF: La democratización de las estructuras del Poder Judicial es una tarea jurídica pendiente desde el 10 de diciembre de 1983. La necesidad se agudiza, en pleno siglo XXI, con un Poder Judicial con estructuras del siglo XIX, que no cubren espacios dialógicos e inclusivos de la democracia.

-- El pedido de informe es concreto. ¿Cree que el Gobierno de Macri va a responder o dejará que pasen los 60 días de plazo sin hacer su descargo?

RGF: Tratándose de un hecho de inusitada gravedad institucional, porque la ONU no pide informes todos los días ni todos los años, debería responderse con celeridad y solvencia. La Argentina no debe ser juzgada ni comprendida en el mundo como un Estado en el que fracasarían la independencia e imparcialidad de su Poder Judicial.

GL: Por supuesto que el Gobierno debe responder. Cuando uno está dentro de un sistema de protección de los DD.HH. tiene que respetar lo que se le pide en ese marco.

RZ: No lo sé, puede ser que responda con una cantidad de mentiras, conforme al estilo a que nos tiene acostumbrados, pero es más probable que deje correr el plazo.

¿Considera que los hechos denunciados tienen vinculación directa con el Poder Ejecutivo?  ¿Hay pruebas concretas en ese sentido? ¿O las presiones también se ejercieron desde otros estamentos de la sociedad?

RGF: En el imaginario colectivo de la comunidad argentina existe la firme sospecha que las presiones han provenido de servidores públicos a cargo de las funciones estatales, como así también de grupos de presión, individuales y colectivos, por fuera del ejercicio de la autoridad constitucional. Las autoridades ejecutivas en la Argentina, a partir del 10 de diciembre de 2015, han constituido un “Estado de Malestar”, que se caracteriza por el sufrimiento de sus ciudadanas y ciudadanos, a partir de la fuerza destructora e implacable de las relaciones humanas.