El 11 de noviembre se cumplen 72 años desde que las mujeres pudimos acceder a votar por primera vez gracias a la Ley Evita, aprobada en 1947, 35 años después de la Ley Sáenz Peña. A partir de allí, el acceso a la participación en el ámbito político garantizó una aparente igualdad de condiciones con los varones. Décadas después, es evidente que la mayor participación política no se tradujo en una paridad en el acceso a los espacios de decisión, para lo que se requieren de otros instrumentos. ¿Por qué?
El sistema político no está exento de aquello que sucede en la sociedad en general: la discriminación explícita contra las mujeres pero también los mecanismos implícitos que operan desde las construcciones culturales y asumen que las mujeres sólo pueden ejercer ciertos roles. Esto está directamente vinculado con la relación entre el mundo del trabajo y las tareas de cuidado. A su vez, los estereotipos de “varón proveedor” y “mujer cuidadora” implican que ciertas áreas se consideren masculinas, como la economía o la producción, y que los sectores donde haya mayor presencia de mujeres sean aquellos asociados al rol del cuidado, como la salud o la educación. Aún en estas áreas, que las mujeres podamos acceder a cargos jerárquicos sigue siendo difícil.
El Poder Legislativo logró equilibrar esta situación a partir de la sanción de ley de cupo el 6 de noviembre de 1991, que exigía un 30 por ciento de mujeres. Según datos del Centro de Estudios Atenea, hoy en día tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados las bancas están ocupadas por alrededor de un 40 por ciento de mujeres. Esto no sucede en el Ejecutivo, donde actualmente solo un 20 por ciento son ministras, con similares porcentajes en secretarías y subsecretarías. En la provincia de Buenos Aires, la actual gobernadora no cuenta con ministras ni secretarias mujeres y solo un 22 por ciento son subsecretarias. En el Poder Judicial sucede algo similar: si bien está conformado por un 57 por ciento de mujeres, se reduce a un 27 por ciento en cargos jerárquicos (Corte Suprema, procuradores y defensores generales). Esto demuestra que sin la decisión política acompañada por la normativa correspondiente es muy difícil que las mujeres lleguemos a los puestos de jefatura, ámbitos donde se toman decisiones que nos competen a todos y todas.
¿Cuál es la perspectiva para el 2019?
Para el Poder Legislativo, se espera que se alcance la paridad en los próximos años a partir de la sanción de la ley de paridad de 2017. Sin embargo, esto no se traslada al Ejecutivo. En las elecciones generales de 2019, 21 provincias ya eligieron a sus próximos gobernadores (Salta en noviembre y Corrientes y Santiago del Estero en el 2021). Según el Centro Atenea, de las 143 fórmulas a gobernador/a y vicegobernador/a que se presentaron en las elecciones generales a lo largo de todo el país, solo el 18,8 por ciento de los candidatos/as a gobernador son mujeres. Este porcentaje aumenta en las candidatas a vicegobernadoras, con un 42 por ciento del total de listas. Sin embargo, solo ganaron dos gobernadoras (Santa Cruz y Río Negro) y seis fórmulas con vicegobernadoras (Chaco, Entre Ríos, Santa Fé, Tierra del Fuego, Buenos Aires y La Rioja). Salta no presentó mujeres en sus listas.
Gabinete paritario
Las elecciones 2019 trajeron nuevas demandas por parte del movimiento feminista en relación con la conformación de gabinetes. Capitanich, próximo gobernador de Chaco, anunció recientemente en los medios que su gabinete será paritario.
Cuando el cupo o la participación en determinados espacios no se garantizan por ley o a través de decisiones explícitas, la posibilidad de acceso al ámbito público es muy baja. La pluralidad de voces dentro de los espacios de poder posibilita que las instituciones cuenten con perspectiva de género como una forma de hacer política, necesaria para una sociedad más justa. Además, ante un contexto de crisis, la perspectiva de género es esencial porque permite dar respuestas más profundas ante un panorama de desigualdad estructural, entendiendo que la crisis afecta en mayor medida a las mujeres.
El domingo 13 de octubre se realizaba la primera jornada de debate presidencial, donde seis candidatos varones debatían en torno a los temas de mayor relevancia para el futuro de nuestro país. Tres de ellos se pronunciaron abiertamente en contra del aborto legal seguro y gratuito. En paralelo se realizaba una movilización histórica en la ciudad de La Plata como culminación del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis y No Binaries. Esta imagen demostró lo anacrónico que puede resultar el sistema político si no logra dar cuenta de las demandas pujantes y latentes de la sociedad.
Habiendo pasado 72 años de aquella histórica elección, la política continúa siendo un ámbito de difícil inserción. Gobernar u ocupar cargos importantes dentro del Estado siempre se consideró tarea masculina. Más allá de los beneficios que reporte, es necesario que consideremos la participación política como un derecho de las ciudadanas. Identificar las barreras y los mecanismos que interfieren la posibilidad de acceso, junto con decisiones políticas en ese sentido, son pasos necesarios para lograr el ejercicio real y efectivo del poder político por parte de las mujeres. Garantizarlo es tarea de quienes se propongan construir una sociedad más igualitaria.
* Las autoras son investigadoras del Centro de Estudios Atenea.
