La reforma de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos que el Congreso aprobó en mayo habilitó el aporte de empresas privadas --que estaba prohibido-- y el cambio cumplió el objetivo de favorecer al oficialismo. La Cámara Nacional Electoral publicó la lista de aportantes para la elección general del 27 de octubre y los montos en juego: Juntos por el Cambio recibió el 95 por ciento de las contribuciones de las personas jurídicas. Esto le permitió al Presidente saliente, Mauricio Macri, contar con 67.3 millones de pesos de parte de distintas empresas mientras que el presidente electo del Frente de Todos, Alberto Fernández, solo recibió 3 millones de pesos. Entre las principales compañías que aportaron están la empresa de alimentos Niza, con 9 millones de pesos y más atrás, Frigorífico Gorina y Arre Beef, ambas con 7.2 millones. El politólogo Andy Tow remarcó en su cuenta de Twitter cómo esta normativa jugó en favor del oficialismo.
También en la elección a diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires, el financiamiento de la campaña que encabezó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, tuvo más peso el aporte de empresas que de personas: 39 millones de personas jurídicas contra 12 millones de personas físicas. En este distrito, el macrismo se quedó con el aporte de todas las empresas, según consta en los informes de financiamiento de las agrupaciones que hace la Cámara Nacional Electoral (CNE).
Para esta campaña, la empresa que más aportó fue Explotaciones de Campos y Montes del Río Bermejo. Esta firma vinculada a los negocios agropecuarios aportó 3.3 millones de pesos. Si se tiene en cuenta los aportes de personas jurídicas que recibió el oficialismo en estos dos comicios, el macrismo recaudaría el 97 por ciento del dinero.
Esta es la primera vez que las empresas aportan a las campañas. El reglamento fue modificado en mayo de este año, cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Político. Incluso Macri, a la hora de promulgarla, se dio el gusto de vetar un artículo que prohibía aportar a las campañas a las firmas con deudas impositivas.
En su momento, distintos especialistas habían señalado que esta normativa "profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general".
