"Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró". El textual es parte de la declaración que ayer prestó el empresario Cristóbal López, uno de los titulares del Grupo Indalo, ante la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. López relató el diálogo que mantuvo con Mauricio Macri el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque. Servini instruye una causa iniciada por el socio de López, Fabián de Sousa, contra el presidente Macri, los titulares de la Afip y otros funcionarios de Cambiemos por los delitos de coacción y extorsión. El objetivo de fondo fue ahogar a Indalo, Oil y los medios de comunicación del grupo, entre ellos el exitoso C5N, con un doble objetivo: por un lado encarcelar a la ex presidenta y, por el otro lado, para que todo el grupo termine en manos de amigos del actual gobierno o que quiebre y quede como un símbolo de lo que le pasa a los empresarios que no se sumaron a la guerra contra el gobierno anterior.

La declaración de López abarca 18 páginas del expediente y detalla la forma en que se manifestaron las presiones de todo tipo, incluyendo la amenaza de la prisión, algo que finalmente se concretó con el protagonismo del propio Macri, quien llegó a quejarse porque López y De Sousa habían recuperado la libertad. A lo largo de la declaración van apareciendo varios compradores, todos relacionados con la Casa Rosada, pero en algún momento se frenan las operaciones con una consigna asombrosa: "no queremos que López y De Sousa vendan. Queremos que quiebren. Es un tema político", relató López.

La mano oculta del presidente apareció en forma permanente en la declaración testimonial de ayer. Tras la reunión en casa de Franco Macri, dos meses después, ya en enero de 2016, el empresario relata que fue citado por Fabián (Pepín) Rodríguez Simón, en el Palacio Duhau y en el Hotel Hayatt. "El presidente quiere que no ganen nada en los cuatro años que vienen", cuenta López que le dijo Pepin. "Es eso, o les rescindimos todos los contratos de las empresas de juego", amenazó el referente judicial de Macri. En el testimonio de López, el apriete concluyó cuando vendió sus participaciones en esas empresas. "Después de eso, no se habló más del juego en la Ciudad de Buenos Aires. El problema era que yo vendiera", razonó el empresario.

"En determinado momento, le dijeron a nuestro abogado que arregle los honorarios con nosotros porque empezó la guerra. Y ese domingo, se publicó una nota de Hugo Alconada Mon y a la noche Macri concedió una entrevista a Luis Majul. En los dos lugares nos acusaban de que le debíamos ocho mil millones de pesos a la Afip". Como se demostró en la pericia realizada por contadores de la Corte Suprema, esa deuda no existía y el grupo Indalo estaba al día con los planes de pago que se le habían otorgado. Fueron planes de pago que se le habían concedido a muchísimas otras empresas. "Con esas acusaciones, nos sentimos dos perejiles contra el estado completo. Era como ir a la guerra contra Estados Unidos con dos escarbadientes", sintetizó López.

En los momentos de mayor presión, siempre aparecía un comprador ligado a la casa Rosada. El primero, Orly Terranova, que hasta envió a sus gerentes a sentarse en las oficinas de Indalo. Decía que actuaba en acuerdo con Macri y con Nicky Caputo. Se pactó un lanzamiento de la venta, organizado por Jaime Durán Barba, pero una aparente interna en el gobierno, derrumbó el acuerdo de un día para otro. A Orly no lo vi nunca más, se esfumó".

Después apareció en escena Ignacio Rosner, supuesto representante de un fondo de inversión norteamericano, quien se presentó como "muy muy amigo de Mauricio": "Fui al Newman, tengo llegada a Magnetto porque fui director de Cablevisión y también llego a Alberto Abad". En el trasfondo también solía aparecer Mario Quintana, uno de los hombres fuertes de la jefatura de Gabinete, a veces como mediador de las posibles operaciones de compra, pero en otra ocasión directamente interesado en participar. Otro que habría funcionado como intermediario es José Torello, también integrante de la mesa judicial. Se llegaron a firmar convenios por alguna parte del grupo, siempre sujetos a la aprobación del juez Julián Ercolini, pero parecía haber dudas permanentes porque seducía el impacto de hacer quebrar Indalo, exhibirlo políticamente.

El relato de López sobre las amenazas de prisión resultó crudo. El empresario contó que le empezaron a llegar los rumores de que lo detenían, por lo que decidió consultarle, a través de un amigo, a Daniel Angelici, íntimo amigo y colaborador de Macri. El presidente Boca le dijo: "andate a Sudafrica, vas a ir preso. Con Sudáfrica no hay convenido de extradición".

López relata una reunión que convocó de inmediato con su abogado de entonces, Alberto Beraldi, y con su socio, De Sousa. Les contó de que le habían confirmado los rumores de que irían presos, pero Beraldi le dijo que no había razón judicial para la detención y De Sousa pensó que eran aprietes sobre la línea editorial de C5N. Es que Macri, hacía ya varios meses, le había dicho a López que lo trataban mal y que también en el Bailando por un Sueño lo habían perjudicado. El empresario le explicó al mandatario que no tenía injerencia en el Bailando, que ese era territorio de Marcelo Tinelli y que tampoco le bajaba línea a los periodistas de C5N. "Ese canal lo maneja Cristina", le disparó Macri. "Pará, pará, que yo no soy testaferro de nadie. Sacátelo de la cabeza", dice López que le contestó.

En el camino hubo otros posibles compradores, como el grupo petrolero Trasfigura, e incluso se firmó algún convenio para ser presentado ante el juez Ercolini. La oferta era por 420 millones de dólares, tres veces más de lo que al final se vendió por parte de la intervención judicial del grupo empresario. Siempre Ercolini rechazó las propuestas y siempre apareció el obstáculo de la Afip, que nunca buscó cobrar los impuestos, sino empujar al grupo a la quiebra.

Lo concreto, es que como adelantó Angelici, en la previa de las elecciones de 2017, Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron apresados con el argumento de que habían intentado una venta del Grupo Indalo a espaldas del juez. La investigación de ese hecho, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, determinó que nunca ocurrió tal venta, es decir que la razón por la que se encarceló a los empresarios resultó falsa.