Con 20 años de gestión comunal, interrumpida solamente durante 4 años al perder una elección contra Marcela Carabajal, el intendente de Coronel Juan Solá (más conocida como Morillo), en el departamento Rivadavia, Gerardo Atta Gerala, cosecha las críticas de siempre. Lucía Ruíz, titular de la organización campesina “Unión y Progreso”, lo señaló como el responsable de la falta de agua.
La ausencia de la retroexcavadora gestionada por los campesinos y adquirida en la intendencia Carabajal es uno de los problemas señalados. Ruíz sostuvo que esta era una herramienta para limpiar las cañadas que desagotan en las represas de los campesinos. Ello permitía que puedan contar con agua desde que se inicia la sequía (con el invierno), hasta que empieza la primera lluvia, normalmente en diciembre.
Ahora las precipitaciones se iniciaron antes, este martes alivió a los pequeños productores. La referente campesina explicó que si ahora la sequía afecta es porque el enlame en las cañadas se fue juntando en estos cuatro años de gestión Gerala. Según los resultados de las PASO, el cuestionado intendente continúa siendo el favorito para seguir en el cargo, pero nada está definido hasta el domingo. Como suele suceder en estas ciudades, la diferencia entre Gerala, del Partido Justicialista, y ambos candidatos del Frente de Todos (en caso de que junten los votos en un solo candidato) es mínima.
Ruíz entendió que si Gerala accionaba el “desenlame” (la limpieza) de las cañadas en los distintos parajes “no íbamos a tener este problema”, dado que los puesteros ponían el combustible y el intendente el personal para sacar los sedimentos de los lugares donde se deposita el agua.
A través de Unión y Progreso se consiguió que el INTA aporte una pala retroexcavadora y en lo que va de este año se desenlamaron 20 cañadas, de 20 de las 100 familias de la organización. La pala está también, dijo Ruíz, al servicio de las 700 familias que conforman la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81.
Ocho animales por familia
Mónica Burgos, de la Asociación Guardianes del Monte enmarcada en el Frente Nacional Campesino (FNC), sostuvo que al menos 8 animales de los 30 o 40 que tiene cada familia campesina murieron en esta sequía. Contó cabezas de ganado menor y mayor. Los campesinos aseguraron precisar respuestas urgentes del gobierno de la provincia, por lo que protestaron el jueves pasado en la Legislatura de Salta y el lunes enfrente de la Casa de Gobierno, en la capital salteña
En declaraciones a medios locales la secretaria de Asuntos Agrarios de la provincia, Milagros Patrón Costas, dijo que este miércoles habrá técnicos que recorran la zona para hacer un relevamiento.
Los campesinos, por su parte, tienen un pedido concreto: agua y forraje. A ello Burgos sumó la asistencia veterinaria.
Esta mañana miembros de la Asociación Guardianes del Monte ya estaban apostados al costado de la ruta nacional 81 entre Hickman y Dragones. La decisión es cortar la ruta una vez que se reúnan más afectados, si antes no reciben "respuestas urgentes".
A esa altura de la ruta también se encuentra el Establecimiento El Yuto de la familia del presidente Mauricio Macri. La finca nunca tuvo los problemas de sequía que sí sufren los campesinos.
En cuanto a la visita de funcionarios en una comisión, los campesinos indicaron a Salta/12 que esto sólo les llegó “por rumores… nadie del Gobierno nos llamó”, dijeron.
Particularmente, la sequía encuentra a las vacas madres en un momento de extrema vulnerabilidad, porque están en época de parición. Como la falta de pasto las ha debilitado a extremo, muchas mueren en el trabajo de parto. O paren y luego no tienen leche para alimentar a sus crías.
La falta de relevamiento
A través de la ley provincial 7658 se dispone un relevamiento para regularizar la situación dominial de tierras de agricultores familiares o pequeños productores de Salta. Mientras dure el relevamiento se suspenden los desalojos de campesinos, según establece el artículo 9 de la ley. Hace nueve años el artículo es prorrogado cada tanto por la falta de cumplimiento del relevamiento. Este 31 de diciembre la prórroga otorgada el año pasado vuelve a vencer.
Sin relevamiento no hay posibilidad de tenencia. Si no hay tenencia, no hay beneficios. Pero tampoco hay créditos, una posibilidad que se enmarca en la ley provincial. “De eso nunca se hizo nada”, dijo Ruiz.
Patrón Costas entendió necesario contar con los pequeños productores asociados para bajar las ayudas a las asociaciones. Ello ante la manipulación política que se ejerce sobre los campesinos que, para conseguir algo de asistencia, deben responder a quienes encabezan las municipalidades. Ruiz, por su parte, relató que este año apenas si salieron de la gestión de Gerala cuatro fardos de alfa por familia “cuando hay 30 bocas que alimentar como mínimo”. Un fardo de alfa, dijo, alcanza para dar de comer a un solo animal por día.
Una alternativa que consiguieron en Unión y Progreso fueron 72 proyectos para plantar pasturas bajo monte. “Hicimos 5 hectáreas de pasturas y esa gente no sufrió y tiene gordos a los animales”, contó. Entendió que de tener acceso a créditos para este tipo de siembras, se podría sortear esta problemática de la falta de pasturas para el ganado.
