Desde La Paz

Desde el 20 de octubre, en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se registran agresiones de opositores contra mujeres de pollera y de rasgos indígenas. Ya durante la semana pasada, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, conformada por mujeres de organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, quechuas, guaraníes, servidoras públicas, estudiantes, luchadoras sociales de larga trayectoria, entre otras, repudió los hechos de discriminación y violencia.

Uno de los más brutales episodios de intolerancia lo padeció, de parte de dirigentes cívicos de Santa Cruz, la gremialista Paola Aguilar Serrudo, quien denunció secuestro, torturas y lesiones graves ante el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Las denuncias de este tipo estructuran la movilización de mujeres y se complementan con el perdido del cese del paro cívico, ya que son ellas y sus familias quienes más se perjudican ante el debilitamiento de la economía informal.

La carta de la violencia

Finalmente, y como era previsible, la violencia latente estalló anoche en la ciudad de La Paz. Las escaramuzas y choques no han faltado durante las más de dos semanas de protestas contra el resultado de las elecciones del 20 de octubre, pero ahora se confirmó lo que desde finales de la semana pasada circulaba como rumor: grupos de universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) -la mayor del país-, que responden al cuestionado rector saliente Waldo Albarracín, articularían con integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para escalar tácticas y logística en los enfrentamientos en las calles paceñas, sobre todo en el área de plaza Murillo, donde se concentran ministerios, la Asamblea Legislativa y el Palacio de Gobierno -Casa Grande del Pueblo-, custodiados por cientos de miembros de las organizaciones sociales y militantes del Movimiento Al Socialismo.

Hubo choques de todo tipo: entre quienes exigen la renuncia del presidente Morales y quienes lo defienden y, cerca de la medianoche, entre estudiantes y policías. Hubo fuego, piedrazos, golpes y detonaciones de dinamita, la Policía utilizó un carro antidisturbios y agentes químicos. El saldo fue de al menos ocho heridos, -seis universitarios, un comunario de Oruro y un médico, estos últimos con traumatismos cerebrales-, y varios detenidos.

José Antonio Barrenechea, comandante Departamental de la Policía de La Paz, reportó que las detenciones fueron "por ataques violentos y tenencia de explosivos y objetos contundentes". "Nos encontramos con personas contrarias a la pacificación que atacaron con piedras, explosivos y objetos contundentes a nuestro personal", explicó a la agencia estatal ABI. Tras tres horas de operativos, la Policía retomó el control de la zona, pero los universitarios se replegaron a bloquear en inmediaciones de la UMSA, corte que continúa hasta hoy junto a otras áreas clave del centro de la ciudad.

Albarracín, que durante los primeros días de la convulsión incitó a la guerra civil, había advertido horas antes en el canal universitario que sacaría por la violencia a los 'Ponchos Rojos' -campesinos de La Paz que respaldan a Evo Morales- si ingresaban a las dependencias de la UMSA. "Al momento que quieran dar un paso dentro de la universidad, los vamos a sacar. Así que ni se atrevan", amenazó. A su vez, informes policiales revelaron que el rector autorizó el uso de espacios de la institución pública para que los jóvenes escondieran escudos, máscaras, explosivos y otros elementos de ataque.

Tampoco se descarta que otro detonante de la violencia haya sido la tan mentada carta de renuncia escrita por el cívico cruceño Luis Fernando Camacho, que en horas de la tarde empezó a circular bajo réplicas en distintos nudos de conflicto, así por ejemplo la ostentaban los estudiantes a modo de trofeo o la quemaban los campesinos en señal de repudio.

La misiva llegó incluso a Londres, donde residentes bolivianos increparon a Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos -organismo a cargo de la auditoría del escrutinio que determinó la victoria del MAS en primera vuelta-, y le dieron el extorsivo mandato que Camacho no pudo llevar firmado a Santa Cruz ante un pueblo que iba a esperarlo de rodillas, según prometió en el cabildo del día lunes.

Fiel a su estilo de equilibrista algo tendencioso, Almagro tuiteó que "las protestas por la misión de la auditoría me hacen reafirmar la convicción que la misma debe continuar su trabajo. El pueblo de Bolivia merece toda la certeza técnica, jurídica y política, más necesarias que nunca".

Guerra a la economía

Por estas horas el país está semibloqueado debido al cambio de estrategia, que ha pasado de los cortes urbanos a la toma de instituciones. Aún persisten piquetes en algunas rutas interdepartamentales y se suma la medida del sector del transporte de carga pesada, que bloquea pasos internacionales, con lo cual la economía boliviana ya acusa el golpe de más de dos semanas de paro cívico.

El ministro de Economía, Luis Arce, informó que el daño económico a nivel país alcanzó los 167 millones de dólares -a un ritmo diario de 12 millones- y señaló que el efecto negativo será mayor en el Producto Interno Bruto (PIB) con el anuncio de toma de instituciones públicas y el cierre de fronteras, como sucede con el Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional, cuyos ingresos están paralizados.

"Estas medidas que ha tomado el Comité Cívico tendrán consecuencias para los municipios, para las gobernaciones y para las universidades públicas que reciben recursos de la coparticipación", advirtió Arce e indicó que uno de los sectores más perjudicados es el industrial, "que poco a poco se va quedando sin insumos para operar".

Otro efecto no deseado de los bloqueos, y que perjudica a decenas de miles de beneficiarios, es la suspensión provisoria de los pagos de la Renta Dignidad -para adultos mayores, "quizás el único sustento periódico que reciben nuestros abuelitos"- y el Bono Juancito Pinto -para escolares-, dado que la toma de instituciones, cuyo ordenamiento realizó Fernando Camacho este lunes, también contempla a las entidades bancarias, afectando a su seguridad y a la de la población. "Eso se paga en oficinas del Banco Unión, que han sido tomadas, y del Senasir -Servicio Nacional del Sistema de Reparto-, varias de cuyas agencias han sido también tomadas por el comité cívico. Estamos dejando de pagar pensiones", comunicó el ministro.

Industrialización en suspenso

Además de los trastornos ocasionados a una población y a una economía cada vez más cautivas por las medidas extorsivas de la oposición, otro golpe fuerte al desarrollo del país se produjo en este contexto y tiene que ver con la industrialización del litio, o mejor dicho con su interrupción.

Luego de presiones que comenzaron las semanas previas a los comicios, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) logró que el gobierno derogara el decreto que disponía la creación de la empresa mixta YLB-ACISA, que integraba a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems Gmbh, que ya había garantizado 1.300 millones de inversión en plantas industriales en el salar de Uyuni para alcanzar un volumen de producción de hasta 65 mil toneladas anuales, con lo cual Bolivia se ponía a la par de las megaempresas chilenas y de capitales trasnacionales.

El proyecto contemplaba la producción de hidróxido de litio y de baterías de ion litio a escala industrial para exportar a distintos mercados, principalmente el alemán. Según el portal digital Primera Línea, COMCIPO está asesorado por Juan Carlos Zuleta, funcionario del gobierno de Chile. Hoy, en declaraciones a medios de comunicación, el dirigente de COMCIPO, Marco Pumari, llamó a la sociedad a "presionar en la Casa de Gobierno" y pidió que las protestas se trasladen de los departamentos a La Paz.