La denuncia de abuso sexual presentada por una suboficial penitenciaria de la cárcel de Coronda contra sus superiores vuelve a poner en primer plano la necesidad y la urgencia de contar con un espacio que brinde apoyo y asistencia a las mujeres policías y del Servicio Penitenciario víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. La suboficial, que habría sufrido amenazas de parte de los agresores para que no revelara lo ocurrido, fue cesanteada por el Ministerio de Seguridad.

La diputada Alicia Gutiérrez, junto a las integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, estuvieron reunidas con la suboficial, su abogado y la Red de Mujeres Policías de Santa con el fin de escuchar el testimonio de la denunciante y brindar su apoyo y asistencia.

Además, la legisladora presentó un proyecto por el cual la Cámara baja declara "su preocupación ante estos gravísimos hechos y repudia los delitos cometidos contra la integridad sexual y múltiples tipos de violencia de género sufridos por esta trabajadora del Servicio Penitenciario Provincial". Al mismo tiempo insta al Poder Ejecutivo a que tome las medidas precautorias y disciplinarias pertinentes con los probables autores del delito, active los mecanismos de acompañamiento y protección a la víctima e intervenga en forma debida para que quede sin efecto su cesantía, restituyéndola a su cargo.

Para la diputada, que es autora del proyecto de ley de creación del Centro Integral con Perspectiva de Género, lo sucedido en Coronda muestra las graves situaciones que padecen las trabajadoras cotidianamente en el ámbito laboral: "El Estado debía protegerla y la despidió. Por eso reclamamos la conformación del Cipgen, para evitar la revictimización de la mujer. Queremos que las mujeres policías y las penitenciarias puedan denunciar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se les ofrezca asesoramiento y acompañamiento".

La presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías consideró que estos casos de discriminación y violencia de género son cotidianos en estas instituciones y, muchas veces, las trabajadoras no los denuncian por temor a represalias por parte de sus compañeros varones o superiores.

"En lugares tan verticalistas, donde aún persiste una cultura patriarcal muy fuerte, se naturalizan ciertas prácticas y las mujeres tienen miedo a la hora de dar a conocer lo que sucede. Por eso es necesario apoyar y asistir a quienes están alzando su voz para que no se sigan repitiendo y para que los responsables reciban su condena", explicó Gutiérrez.

Las denuncias van desde injusticias e inequidades a la hora de tomar licencias, acceder a ascensos, realizar las mismas funciones que sus compañeros varones, hasta gravísimas situaciones de acoso o abuso sexual como el que ahora investiga la justicia.