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Veintiocho votaciones consecutivas Cuba salió airosa en Naciones Unidas con su resolución contra el bloqueo a que la somete Estados Unidos desde el 3 de febrero de 1962 cuando era presidente John F. Kennedy. Este jueves no fue la excepción y si hubo una alteración previsible en la asamblea fue que Brasil, gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro, se sumó a la postura de EE.UU y su incondicional aliado, Israel. Pese a ese apoyo de peso, la isla volvió a ganar con holgura una votación como en las ocasiones anteriores en que presenta al pleno de la ONU su invariable situación económico-social determinada por la medida unilateral de su poderoso vecino. El resultado fue de 187 países a favor de la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero” y solo 3 en contra. Con relación a la Asamblea de 2018, Donald Trump se apuntó una imperceptible diferencia. El año pasado el resultado había sido de 189 a 2. Esta vez, Colombia y Ucrania se abstuvieron y Moldavia no votó.
Desde que en 1992 Cuba comenzó a presentar su resolución en Naciones Unidas contra el bloqueo de Estados Unidos, la adhesión de los países miembros fue cada vez mayor. Lejos de retroceder en la suma de apoyos, el gobierno de la isla le viene dando a EE.UU una lección de diplomacia que ni el gobierno de Donald Trump, ni aquellos que lo antecedieron en la Casa Blanca, han logrado disimular. Aunque la votación no es vinculante, la sucesión de victorias políticas de Cuba siempre incomoda a Washington que pese a sus presiones para conseguir algún éxito aislado solo ha recogido mínimas expresiones de respaldo a su postura.
En el Salón de la Asamblea General, 31 oradores intervinieron para exponer las razones que tienen sus estados a la hora de votar contra la fallida política que Estados Unidos le impuso a Cuba durante seis décadas. Los representantes diplomáticos –según el sitio digital Cuba Debate – definieron al bloqueo como “anacrónico, injusto, terrorista, violatorio de los derechos humanos, de los principios refrendados en la Carta de las Naciones Unidas, del multilateralismo y la buena fe de los pueblos”. Según el mismo medio “todos coincidieron en la necesidad de eliminarlo totalmente”.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se mostró feliz en la Asamblea por este nuevo triunfo diplomático y denunció que EE.UU habría presionado a seis países para que votaran en contra de su resolución. El ministro de Relaciones Exteriores había tuiteado durante la votación: “El mundo contra el bloqueo. Desde la Asamblea General de Naciones Unidas en la que continúa el debate del proyecto de resolución cubano y desde todos los continentes, los pueblos y gobiernos están con Cuba”. Asimismo, el presidente Miguel Díaz Canel señaló: “Seguiremos condenando la cruel y asesina política y demandando su levantamiento total e incondicional”. En la vereda opuesta, Michael Kozak, el responsable de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, dijo que “Cuba está recopilando su lista anual de quejas para una votación sobre el embargo. La realidad es que la mala gestión del régimen de Castro es responsable de fallas de la economía cubana”.
El documento que todos los años somete a votación la isla en Naciones Unidas podría decirse que solo tiene ligeras modificaciones porque la política de asfixia económica de EE.UU se ha mantenido casi inalterable o tuvo leves avances durante el gobierno de Barack Obama. Cuando todavía gobernaba el presidente demócrata, en su histórico viaje a Cuba en marzo de 2016 y al visitar el teatro Alicia Alonso, afirmó: “el bloqueo solo hace daño al pueblo cubano en lugar de ayudarlo”. Ese mismo año, los cubanoamericanos que viven en Miami llegaban a la misma conclusión: una encuesta realizada por la Universidad Internacional de Florida (FIU) arrojó que el 74,4 por ciento apoyaba la eliminación del bloqueo.
En el texto que desde el ‘92 presenta Cuba en la Asamblea se citan los siguientes antecedentes a este bloqueo de 57 años: “La ley de Comercio con el Enemigo de 1917; la ley de Asistencia Exterior de 1961; la Ley de Administración de las Exportaciones de 1979; la ley Torricelli de 1992; la ley Helms-Burton de 1996 y las regulaciones de administración de las exportaciones no sólo se mantienen, sino que conforman la arquitectura jurídica de una política que califica como un acto de genocidio, en virtud de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio, y como un acto de guerra económica de acuerdo con lo establecido en la Declaración relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres de 1909”.
