Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados solicitó ayer al gobernador Miguel Lifschitz que pida disculpas en nombre de la provincia a la guardiacárcel despedida del Servicio Penitenciario por denunciar a dos de sus superiores que abusaron de ella en la cárcel de Coronda, derogue el decreto de cesantía y la restituya en el cargo. Pero, además, que abra una investigación no sólo a los denunciados sino también a los funcionarios políticos que los ascendieron a cargos altos. "Uno es jefe de unidad y el otro jefe de Personal", reveló la diputada Alicia Gutiérrez que denunció el caso en el recinto. "Si por pedir justicia, la víctima es castigada y los victimarios premiados, estamos en el peor de los mundos", alertó su colega del Frente Progresista, Verónica Benas. "Una injusticia. Un ejemplo terrible para las mujeres que sufren violencia institucional y violencia sexual que no se animan a realizar las denuncias a las que tienen derecho".

La Cámara declaró su "preocupación y repudio" por el ataque "contra la integridad sexual y múltiples tipos de violencia de género" que sufrió una guardiacárcel del Servicio Penitenciario. Identificó a los victimarios como "personal de la misma fuerza" y reveló que en "el momento del abuso tanto la víctima como los agresores prestaban servicio en la cárcel de Coronda". El proyecto se aprobó sobre tablas y por unanimidad, pero los discursos de su autora, la diputada Gutiérrez y de sus colegas Benas y Carlos del Frade dejaron al descubierto cómo opera el Servicio Penitenciario en la provincia.

"Si por pedir justicia, la víctima es castigada y los victimarios premiados, estamos en el peor de los mundos" (diputada Benas)

Gutiérrez contó que el jueves la comisión de Derechos y Garantías escuchó a "esta joven penitenciaria con 15 años de antigüedad en la fuerza, que vino acompañada por la Red de Mujeres Policías" y "su abogado porque minutos antes se habían presentado como querellantes en el Ministerio Público de la Acusación". La investigación judicial quedó a cargo de fiscales de las áreas de Violencia Institucional y Violencia de Género.

"El relato de esta joven es estremecedor", dijo la legisladora. "Desde hace dos años sufre pánico, está amenazada de muerte y no sale ni a la puerta de la casa". "Nos contó que en algún momento tuvo ganas de suicidarse, como sucedió con otras mujeres penitenciarias, lo cual muestra la gravedad y la dimensión del problema". Lo grave es que "la semana pasada fue cesanteada en el cargo".

"El abuso sexual es la peor de las violencias que puede sufrir una mujer. No hay ninguna justificación". Y menos que se promueva una cesantía con la excusa de un reclamo de "mejores condiciones de trabajos de mujeres penitenciarias en la cárcel de Coronda".

La diputada Gutiérrez sintetizó el pliego de reclamos a Lifschitz:

*"Que tome medidas disciplinarias con los autores del delito que han sido ascendidos. Uno de ellos es jefe de Unidad y el otro es jefe de Personal del Servicio Penitenciario", reveló.

*"Que aplique los protocolos de violencia de género que existen en la provincia y que ya han sido firmados en cuatro ministerios, entre ellos el Ministerio de Seguridad".

*"Que proteja a las víctimas de estos delitos y las acompañe".

*"Y en el caso de la joven cesanteada, derogue el decreto y la restituya a su cargo porque tuvo la valentía de denunciar un hecho de tanta gravedad como éste". Benas agregó una quinta demanda al Poder Ejecutivo:

*"Que el gobernador pida disculpas en nombre del Estado a la víctima y a su familia".

"Que una mujer sea despedida de su trabajo por denunciar a sus superiores por un hecho espantoso del que ha sido víctima es un mérito de una sociedad sin democracia. Si por exigir justicia se castiga a la víctima con una cesantía y se premia a los victimarios y el Estado se desentiende, estamos en el peor de los mundos", advirtió Benas. "No sólo es una injusticia. Es un ejemplo terrible para las mujeres que sufren violencia institucional y violencia sexual y no se animan a realizar las denuncias a la que tienen derecho". Por lo tanto, le pido "enfáticamente al gobernador que derogue el decreto de cesantía". Del Frade coincidió: los acusados por un "hecho aberrante" son ascendidos y la víctima que los denuncia castigada con una cesantía. "Este nivel de perversión no puede ser premiado". Y aquellos que ascendieron a estos tipos y los llevaron a altos cargos también tienen que dar explicaciones políticas", concluyó.