El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8 intimó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a rendir cuentas por la deuda que tiene el gobierno con los beneficiarios de las presiones no contributivas que fueron dadas de baja de forma intempestiva en 2016. A partir de un pedido de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la jueza Adriana Cammarata exhortó a la Andis a presentar toda la documentación sobre las retribuciones adeudadas que la entidad tendría que haber empezado a pagar el 5 de abril, luego de la medida cautelar interpuesta por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social . Los organismos de derechos humanos denunciaron que el Estado incumplió el fallo poque no retribuyó el beneficio al total de afectados y que no se sabe qué critierios utilizaron para determinar a quiénes se les debía devolver y a quiénes no.

Si bien la última sentencia fue apelada por la Andis en la Corte Suprema, la evolución de la causa no tiene efectos suspensivos sobre la medida de la Cámara, que había ordenado restablecer las pensiones suspendidas o dadas de baja desde 2016. El Gobierno alegó que había pagado algunas de esas pensiones, pero nunca presentó la documentación que lo probara en la Justicia ni enviaron esos datos a los organismos defensores de los derechos de las personas con discapacidad.

Eugenio Reati, director de la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) entre 2011 y 2015, puntualizó a Página/12 que la Andis asegura haber devuelto las pensiones a 3166 beneficiarios en 2016 sobre un total de 70 mil y alrededor de 43 mil por los ajustes de 2017 sobre un total de más de 100 mil, pero para Redi esa cuenta es insuficiente y deja a muchos perjudicados por fuera.

La jueza Cammarota convalidó el reclamo y citó a los funcionarios a una audiencia el próximo 20 de noviembre. En el escrito, al que pudo tener acceso este diario, la magistrada también aclara que se impondrá una multa de cinco mil pesos por cada día de retraso en la entrega de documentos. A diferencia de otros fallos judiciales, esta sanción recaerá directamente sobre el director de la Andis, Santiago Ibarzábal, y no sobre el Estado. 

El mismo Jefe de Gabinete Marcos Peña precisó en su informe ante la Cámara de Diputados de septiembre de 2018 que el total de las bajas ejecutadas en 2016 eran de 66.251. De ese total, apenas 14387 responden a cancelaciones por “supuesto fallecimiento”. Si se restan esas pensiones, se cancelaron en total cerca de 51.864 pensiones por otros motivos y el gobierno devolvió por las bajas de ese año apenas un seis por ciento del total.

“Tenian que devolver todas a partir de 2016, supuestamente cumplieron pero nosostros dijimos que no estamos seguros de que los beneficiarios del fallo sean solamente ellos porque Peña había dicho otra cosa durante su informe; además nunca mostraron nada y nos están retaceando datos”, subrayó Suleiman.

Reati puso énfasis sobre otra cuestión problemática del accionar de Andis: que los funcionarios “tampoco acreditaron haberles notificado a las personas que les han rehabilitado el beneficio, por lo tanto muchas personas no saben que se les restituyó y otras a pesar de estar en el listado no recibieron ni un peso”.

Una deuda que crece

El exfuncionario Reati denunció que el objetivo de fondo del gobierno es dilatar la situación para retirarse sin hacerse cargo del pasivo y dejar “una bomba de tiempo a la futura gestión”. 

De acuerdo a sus cálculos, a una persona que se le dio de baja en 2016 hay que abonarle tres años y medio, de forma retroactiva, lo que equivalen a 13 pensiones por año por tres. Eso habría que multiplicarlo por el total de los afectados.

Además de la deuda acumulada por las pensiones nunca restituidas, quien asuma en la Andis con el próximo gobierno se enfrentará a una “irregularidad total” en tanto será “imposible hacer un cálculo del total sin la información”, según Reati. “El retroactivo se aplican a las personas en momentos distintos, depende de dónde esté domiciliada y además se suma que el valor del beneficio fue modificandose por la ley de movilidad”, puntualizó.

Para empeorar el panorama, Reati registró en base a los datos oficiales que al menos 150 mil trámites de solicitud no fueron resueltos en los últimos tres años, por lo cual “si se resolvieran un 60 por ciento de esos casos, se sumarían además miles de personas al sistema”. Más deuda para el gobierno entrante. “Son todos derechos a reparar, el que llegue va a tener que establecer un operatoria de rápida respuesta porque es un universo muy sensible de personas, pero además porque es lo que les corresponde por ley, nadie les está dando nada gratis”, resaltó.

La gota que rebalsa el vaso de la deuda para Reati es el pasivo contraido por “alquileres o impuestos y servicios de los centros de atención local”. Del total de 80 oficinas que había sólo quedan activas 20 y de acuerdo al exfuncionario el gobierno cerró esas dependencias “dejando de pagar los alquileres”.  “Peña le miente a los diputados diciendo que no hay deuda”, subrayó sobre el último informe ante el Congreso presentado por el Jefe de Gabinete. 

De Vedia: "Hay que aspirar a que el Estado no sea infractor de derechos"

El exfiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, removido en 2018, destacó la decisión de la jueza Cammarata y pidió que haya un Estado "más sensible hacia la seguridad social", sin necesidad de que intervenga el Poder Judicial.

—¿Cuáles son los trámites formales que no se cumplieron?

--En este caso puntual, estamos en el marco de la ejecución de la sentencia: no cumplieron y por eso interviene la jueza, que pide que presenten todas las resoluciones por las cuales dieron de baja a las pensiones no contributivas, con la aplicación de la multa de cinco mil pesos. La sentencia pedía que se rehabilitaran todas las pensiones que se bajaron, el Ministerio de Desarrollo tenía que tomar todas las bajas incluidas en la sentencia y rehabilitarlas, lo que aparentemente no sucedió fue eso y por eso Redi lo denunció.

—¿Cómo caracteriza la predisposición del Gobierno para cumplir el fallo, que apeló en todas las instancias?

--En el campo de los derechos económicos sociales y culturales, el Estado tiene que garantizar que los derechos de las personas sean plenamente efectivos. Entonces si el Estado deja sin efecto pensiones no contributivas por discapacidad y es obligado por la Justicia a restituirlas, primero tiene el deber de cumplirlo y segundo sería saludable que el mismo Estado nacional se dé cuenta y haga una lectura.

—¿Qué tipo de lectura?

--La mirada del juez lo obliga a hacer una autocrítica y darse cuenta de que esa baja no correspondía. Al ordenar la rehabilitación, el Poder Judicial le pone un espejo a las autoridades nacionales para que se miren de frente y se de cuenta de lo mal que estuvieron. Están diciendo que de acuerdo a los pactos internacionales lo que se hizo fue restringir derechos y que bajo ningún punto de vista se admite el recorte a mansalva de pensiones por discapacidad, entonces el Estado no debe persistir en ese incumplimiento, sea doloso o por error.

—¿Cómo avanza la causa por las retribuciones en la Corte Suprema?

--Hay que esperar a que la Corte se pronuncie, pero me parece importante destacar que cuando se judicializan este tipo de cuestiones lo que demuestra es que el Estado argentino está enfermo, que es infractor de derechos, que se retiró o estuvo presente sólo para recortar derechos. Alguien tiene que corregir esto porque el Poder Judicial aparece cuando los ciudadanos piden auxilio, pero no todos tienen la posbibilidad de hacerlo, con lo cual mucha gente no inicia juicio y da por perdida la pensión cuando le correspondería. De cara al futuro, hay que aspirar a un Estado que no sea infractor de los derechos.