Cuando murió su hermano, Lula no pudo asistir al entierro porque estaba preso. “El travieso solamente quería pasear”, se burló Januario Paludo, uno de los fiscales del tribunal que lo juzgó. Cuando murió su nieto de siete años, le dieron permiso para asistir al velorio. “Uf, prepárense para una nueva novela de ida al velorio”, “en medio del carnaval”, ironizaron otros dos. “Estrategia para humanizarse, como si fuera posible en su caso”, intervino el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. Ahora resulta que esa detención de más de un año y medio fue inconstitucional.

El sitio de noticias The Intercept publicó el intercambio de mensajes entre los fiscales y el juez Sergio Moro. Queda claro que el magistrado tenía una inquina personal con el ex presidente y buscaba perjudicarlo. Moro no pudo reunir prueba y el fallo se basó en su ”íntima convicción”, una fórmula polémica si el juez no observa ecuanimidad absoluta.

En Argentina fue condenado Amado Boudou en un juicio donde no se probó lo que se acusaba. El ex vicepresidente de Cristina Kirchner fue el que arrebató el negociado de las jubilaciones privadas a grandes grupos económicos, que nunca se lo perdonaron.

La estafa de las jubilaciones privadas que cobran comisiones millonarias y después devuelven menos de la mínima a los jubilados es uno de los reclamos más sentidos de las protestas chilenas. Boudou evitó el desastre que hubiera condenado a millones de jubilados, pero se ganó enemigos poderosos.

De repente quedó en el foco de una campaña de denuncias mediáticas que rápidamente se transformaron en causas judiciales. En algunas fue sobreseído, en otra fue condenado por la venta de un auto de los años '90. Y en la causa más importante, fue condenado por el juez Ariel Lijo sin que las pruebas aportadas certificaran las acusaciones.

Si un juez condena a un ex presidente a doce años de prisión solamente por datos circunstanciales y por su “íntima convicción”, por lo menos tendría que mostrarse imparcial hasta la exageración. No fue el caso de Moro. Los mensajes que publicó Intercept evidenciaron la forma irregular como manejó la investigación con los fiscales y su abierta animosidad contra Lula.

Su sentencia a 12 años de cárcel impidió que Lula fuera candidato en las elecciones presidenciales. Y de esa manera abrió camino al triunfo del energúmeno Jair Bolsonaro. En agradecimiento, Bolsonaro nombró a este ambicioso juez de provincia como su ministro de Justicia. La aceptación de Moro tiñó aún más su sentencia contra Lula como política y no judicial.

En 2016, el Tribunal Superior de Justicia discutió sobre lo mismo que ahora y decidió lo contrario, es decir, que podían permanecer detenidos los acusados sin sentencia en firme. Casi tres años después, con un Sergio Moro en declive, igual que Bolsonaro, la decisión es la opuesta. El tema no cambió. Lo que cambió fue el contexto político.

En el caso de Boudou, el Tribunal que confirmó la condena lo metió a la cárcel sin esperar que se definiera Casación, que hubiera sido lo usual. Cuando la periodista de Página/12, Irina Hauser, preguntó la razón, la respuesta fue “los tiempos cambiaron”.

El abuso de las prisiones preventivas o cuando el acusado todavía no tiene condena en firme se convirtió en moneda corriente en los últimos años en América Latina. Bajo el paraguas de consejos y sugerencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos estos temas se debatieron en numerosas reuniones con jueces y fiscales latinoamericanos pero siempre referidos a casos de terrorismo, lavado o narcotráfico. Oh casualidad, nunca se aplicó para estos casos, sino como herramienta de persecución a dirigentes populares que no fueron dóciles a las políticas norteamericanas.

Aunque el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Brasil argumentó con la Constitución, la discusión no pasó por ahí, sino que fue un debate político. Hay cinco mil detenidos que estarían afectados por esta decisión. Pero la discusión fue sobre Lula o el Lava Jato. Hubo magistrados que consideran que el ex presidente merece un juicio justo que no tuvo. Otros jueces temen que el Lava Jato caiga sobre sus cabezas si liberan a Lula.

Son temas políticos, no judiciales. Porque la guerra contra los gobiernos populares del continente corrompió a la justicia o a un sector de cada Poder Judicial para convertirlo en instrumento político. El daño ha sido profundo. El término que se usa para agrupar estos métodos de corrupción judicial es lawfare, en el idioma de quienes lo concibieron.

Mauricio Macri perdió las elecciones y, qué casualidad, el fiscal Carlos Stornelli, que andaba por la vida con la prepotencia y la impunidad de un Intocable, anunció que después de ignorar olímpicamente siete citaciones del juzgado, concurrirá a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla.

Macri protegió a Stornelli y presionó a Ramos Padilla. En pleno conflicto con el fiscal, al mejor estilo mafioso, Macri lo exhibió a su costado en un acto oficial y ordenó al Procurador interino, Eduardo Casal, que hiciera la vista gorda. Se había convertido prácticamente en un prófugo, pero gracias a la protección presidencial, Stornelli pudo burlar a la Justicia.

Ahora, el fiscal estrella del macrismo dijo que había esperado a terminar la causa de los cuadernos para presentarse. Fue la excusa, lo real es que sin la protección mafiosa presidencial, Stornelli está obligado a comparecer ante Ramos Padilla. Y es muy probable que quede imputado, al borde del juicio político.

Cambian los tiempos, cambian las sentencias. Argentina tiene alrededor de 30 presos políticos. Y una doctrina Irurzun por la cual los ex funcionarios del gobierno kirchnerista perdieron sus garantías constitucionales y el derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No todos los argentinos son iguales ante la ley. Según esta doctrina, a los ex funcionarios kirchneristas se los puede detener solamente con acusarlos.

Los radicales, con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a la cabeza, arrasaron con la independencia del Poder Judicial de esa provincia para poder encarcelar a Milagro Sala. El presidente electo, Alberto Fernández, fue claro: tuvo diferencias políticas con la dirigente social presa, pero el proceso de copamiento de la Corte provincial y los tribunales que la juzgaron fue vergonzoso.

Esta ola de corrupción de la Justicia se hizo en nombre de la República, cuyo pilar fundamental es la independencia de poderes. Es el mismo razonamiento de los militares que instalaban dictaduras para defender la democracia. No es casual que muchos de los integrantes del gobierno macrista hayan sido conocidos defensores de los genocidas y las dictaduras, negacionistas o voceros de la teoría de los dos demonios.

Esta semana, el gobierno de Macri recibió un pedido de informes del relator de Naciones Unidas para la independencia de los jueces, el peruano Diego García Sayán.

La inquisitoria de García Sayán, hace un prolijo listado que va desde las presiones para desplazar a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, hasta las maniobras contra jueces que emitieron fallos contrarios al interés del gobierno, como el pedido de juicio político al juez Alejo Ramos Padilla, o la ofensiva contra los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

La libertad de Lula es un acto de Justicia, como será la libertad de los presos políticos en Argentina que han sido juzgados de manera irregular y sin que sean respetados sus derechos.