El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió ayer una amplia reforma del sistema impositivo, reformar nuevamente el sistema de salud pública y un sensible aumento de 54.000 millones de dólares en el presupuesto militar al presentar ayer ante las dos cámaras del Congreso su plan general de gobierno, en su primer mensaje a los legisladores y a todo el país desde el Capitolio. 

Tump empezó su discurso con un guiño a la comunidad afroamericana  recordando la campaña de derechos civiles de los años 50 y a la comunidad judía recordando una serie de ataques antisemitas recientes. 

Después dijo que los aliados de Estados Unidos verán como su país recobró el liderazgo. “Gastamos millones de dólares defendiendo fronteras ajenas pero dejamos que la nuestra sea vulnerada por narcotraficantes. Gastamos millones de dólares para ayudar a otros países mientras nuestra infraestructura se derrumbaba. Eso va a cambiar.” Después hizo un recuento de las medidas que adoptó y va a adoptar, entre ellas, una orden ejecutiva para prohibir de por vida a ex funcionarios del ejecutivo hacer lobby para países extranjeros. 

En su discurso, Trump incluyó menciones a sus planes para la seguridad fronteriza, que pasan por la construcción de un muro en la frontera con México, y también a su voluntad de renegociar el tratado de libre comercio de Estados Unidos con México y Canadá. Asimismo, Trump destacó su voluntad de “aplicar las leyes de inmigración” y explicó cómo las agencias de seguridad van a aplicar esas leyes en la frontera y el resto del país. 

Sin embargo, fueron sus críticas al sistema de salud de Obama ocuparon la parte saliente de su alocución. Si bien un recorte de los impuestos constituye una propuesta fundamental del conservador Partido Republicano, la promesa de Trump de anular y sustituir el sistema de salud pública heredado de Barack Obama (Obamacare) es hasta ahora un verdadero dolor de cabeza para la Casa Blanca y para los legisladores.

El desmantelamiento del sistema podría dejar unos 20 millones de personas sin cobertura médica, un escenario que también atormenta a los congresistas republicanos. En las últimas semanas, los legisladores republicanos que realizaron audiencias en sus distritos electorales sufrieron en carne propia la furia de los electores ante la posibilidad de que el gobierno desmonte el Obamacare sin ofrecer una alternativa. Y los congresistas trasladan esas presiones a la Casa Blanca.

En ese cuadro, el partido parece dividido entre un ala más de derecha que quiere la erradicación lisa y llana del Obamacare y un sector más pragmático que evalúa el impacto electoral de una medida de esa naturaleza.

El lunes, en una reunión con gobernadores, Trump insistió en la decisión de anular y sustituir el Obamacare, pero concedió que la solución estaba lejos de ser fácil.

El presidente y la primera dama invitaron al Congreso a dos viudas de policías californianos abatidos en 2014 por un inmigrante clandestino, una decisión que simboliza la línea dura adoptada por la nueva administración contra la inmigración ilegal. En años precedentes Barack Obama había invitado a los sin papeles.

A la inversa, legisladores demócratas invitaron a Hameed Darweesh, un iraquí detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York el mismo día que se ponía en vigor un decreto de Trump que cerraba las fronteras a refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, luego suspendido por la justicia.

Al hablar ante el Congreso, Trump estuvo en un territorio favorable, ya que el Partido Republicano controla las dos cámaras, aunque igualmente deber  mantener constantemente abiertos canales de diálogo.

Los republicanos, por ejemplo, tienen mayoría en el Senado pero cinco semanas después de la investidura presidencial aún no han dado su anuencia a todos los nominados para el gabinete ministerial (en parte, debido al bloqueo de los demócratas).

El Congreso también tiene que discutir y aprobar el presupuesto federal, de modo que la Casa Blanca tiene largas y agotadoras negociaciones por delante. Trump dejó claro que su proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal estará basado en la “seguridad nacional”, y su propuesta más llamativa es el aumento en la partida destinada a los gastos militares.

Estados Unidos destina para defensa en el año fiscal en curso (incluyendo el Departamento de Defensa, actividades nucleares de defensa y otras relacionadas) 615.000 millones de dólares.

Este presupuesto es casi el triple del de China, que tiene el segundo mayor en términos militares, y casi ocho veces superior al de Rusia, de acuerdo con el instituto especializado sueco Sipri, aunque Trump considera que no es suficiente.

Un aumento de esta magnitud en los gastos militares, admitió el presidente, obligará necesariamente a un recorte en otras áreas, y de acuerdo con versiones de prensa, las más afectadas serán protección ambiental, el aparato diplomático y los planes de ayuda internacional.