Son días y horas de ofensiva golpista en Bolivia. El intento de derrocar al presidente Evo Morales cobró fuerza , territorio y capacidad de acción. Como una bala anunciada que llega de frente, tenía su fecha: antes de este martes.

En un principio, ese día el país iba a saber el resultado de la auditoría de la cual participa la Organización de Estados Americanos (OEA), si ha existido fraude en las elecciones del 20 de octubre que le dieron la victoria en primera vuelta a Morales. Quienes estaban en la dirección querían un desenlace antes de ese día.

Tenían varios elementos a su favor. En primer lugar, una base social movilizada con percepción de triunfo, heterogénea, que reúne descontentos acumulados con la emergencia de discursos y actos excluyentes, racistas, del país conservador/colonial. Esa base tiene fuerza en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, y en La Paz, objetivo final del asalto.

En segundo lugar, grupos de choque que acumularon fuerza desde el oriente hasta La Paz. Su desplazamiento siguió la dirección de la acumulación golpista: Santa Cruz como retaguardia estratégica, el centro del país como zona donde realizaron los ensayos más violentos, y La Paz como punto de definición del poder.

Esos grupos estaban en proceso de movilización hacia La Paz, donde algunos ya han realizado ejercicios de asedio al palacio de gobierno en noches anteriores. Uno de los objetivos de la ofensiva era reunir todas las formaciones de confrontación, y reforzado la movilización con sectores venidos desde diferentes puntos del país hasta La Paz.

En tercer lugar, la conducción de Fernando Camacho, quien pasó de encabezar el Comité Cívico de Santa Cruz a instalar su base de operaciones en La Paz y proyectar un liderazgo nacional. Su discurso buscaba desmarcarse de todo acto de racismo, separatismo y golpismo, en un intento de corrimiento de las acusaciones y de sumar a otros sectores de la sociedad.

El despliegue de esos tres factores buscaba desencadenar, a través de una ofensiva en escalada, el quiebre de otros tres. El primer punto a ser logrado, y, que lo ha sido en parte, es la Policía Nacional de Bolivia. Las imágenes de amotinamientos del viernes por la noche y sábado en la mañana muestran cómo el sector en armas más inestable fue tocado y sumado -no siempre de manera lineal- al proceso golpista.

En segundo lugar, la Fuerza Armada de Bolivia, elemento central para un desenlace golpista. 

En tercer lugar, sectores populares que, solo en un principio, no eran centrales en la movilización a favor de la destitución de Evo Morales, pero que, en parte, han acudido al llamado, como, por ejemplo, de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas, o sectores mineros que se han hecho presente en las movilizaciones. 

El cálculo de ese conjunto de factores, articulados entre sí y arrojados con la mayor fuerza, ha construido un escenario en el cual la dirigencia golpista afirmaba que la salida de Evo Morales era la única solución posible y que esto era cuestión de horas o de días.

Dentro de esa dirigencia debe situarse también, en un plano de menor protagonismo, a Carlos Mesa, quien salió segundo el 20 de octubre, y se ha alineado a la narrativa ultimatista. Tanto Mesa como Camacho rechazaron la auditoría y una posible segunda vuelta. Esto culminó cuando Camacho ingresó al Palacio Quemado para depositar en el suelo una bandera de Bolivia y una biblia, junto con una carta de renuncia.

El objetivo del gobierno, tanto de la presidencia como de los movimientos sociales, era el de contener la escalada golpista hasta el resultado de la auditoría. En ese marco se han dado movilizaciones casi a diario, encabezadas por diferentes organizaciones, como la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa.

El llamado del presidente ha sido a defender los votos, el proceso de cambio, la democracia, sin abrir las puertas al escenario de confrontación que busca generar la derecha que apuesta al mayor río revuelto posible, lo que significa, como lo ha denunciado Evo, que haya heridos, muertos, una violencia cada vez más aguda.

Se trata de un escenario complejo y cada vez más inestable. Lo cierto era que el resultado de la auditoría podía arrojar conclusiones diversas. Estados Unidos, quien denunció desde el primer momento que el resultado del 20 de octubre no había sido válido, ha afirmado que se debe seguir el camino de la auditoría arbitrada por la OEA, es decir, en gran parte, por ellos mismos.

El gobierno estaba dispuesto a llamar a una segunda vuelta en caso de que eso emergiera como resultado. 

El avance del golpe era claro. El domingo, Evo dijo desde Chapare: “Renunciamos para que no sigan quemando casas, intimidadas nuestras familias y amenazadas, por eso renunciamos”.

*De Telesur.