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Desde Santa Fe
El teniente coronel retirado Alberto José Jaime estuvo prófugo cuatro años y medio, desde octubre de 2014 hasta abril último, cuando lo encontraron y exhibió el DNI de su hermano. Esta semana, la Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento y prisión preventiva -más un embargo de dos millones de pesos- en una causa que lo investiga por el supuesto "homicidio calificado con alevosía" de una militante de la JP de 19 años, Yolanda Ponti, el 1º de diciembre de 1976, en el centro de Santa Fe. La Cámara lo consideró presunto "coautor" del crimen. Su "participación fue fundamental porque detectó a la mujer, ordenó perseguirla, planeó la estrategia para aprehenderla, dio órdenes para concretar su objetivo y disparó contra ella", dijo. Y ratificó la detención de Jaime con el mismo argumento que había planteado el Ministerio Público: la "peligrosidad procesal" del imputado que en caso de quedar libre "intentará eludir la acción de la justicia".
En un fallo unánime, el pleno de la Cámara puso en foco la "conducta" de Jaime. El 7 de octubre de 2014, esquivó la orden de detención y el llamado a indagatoria. El 29 de octubre de 2014, se libró la orden de captura internacional. El 4 de noviembre de 2016, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad lo incluyó en una lista de prófugos. Y el 26 de julio de 2017, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 500.000 pesos por su detención. "Efectivamente, eludió la acción de la justicia durante cuatro años y medio", recordó la Cámara. "Recién fue detenido el 9 de abril de 2019" por Gendarmería y también ahí, "intentó burlar su aprehensión, negó su identidad y hasta presentó el documento de su hermano".
El operativo militar en el que murió Ponti, en la esquina de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre, le costó la vida a otras tres personas: el chofer de un micro de la Línea 3 en el que viajaba la joven, Arnaldo Santiago Martinazzo, de 38 años; un jubilado de 69, José Roberto Herrera. Y el sargento Oscar Alberto Cabezas, que integraba el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 122 al mando de Jaime.
Una de las pruebas de la causa es un expediente del Ejército que identifica a siete integrantes del grupo: el capitán Jaime (que estaba al mando), el suboficial Nicolás Correa ("Tío") y un oficial del D2 de la Policía santafesina agregado a la Inteligencia militar, Héctor Romeo Colombini ("Pollo"), que se movilizaban en un Renault 6. Más, el teniente Julio César Dominguez ("Potín"), el sargento Elodoro Jorge Hauque ("Lolo"), Cabezas, y un agente civil de Inteligencia (PCI) -no identificado en el expediente- que operaban en un Dodge 1500.
El sumario del Ejército imputa a Yolanda Ponti las muertes de Cabezas, Martinazzo y Herrera. Pero el fallo de la Cámara desmiente la propaganda del supuesto "enfrentamiento". El voto de la jueza Elida Vidal descubre los baches de la "instrucción" militar, anota un "cúmulo de contradicciones" en los relatos de Jaime, Domínguez, Correa y Hauque (porque Colombini y el PCI no declaran en el expediente). Y coincide con un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que la "finalidad" castrense era "ocultar las graves responsabilidades de una banda de agentes de Inteligencia" que "causaron no sólo la muerte de su 'blanco' -que era Ponti- sino la de otras dos personas ajenas al hecho": Martinazzo y Herrera.
"Ponti fue muerta por integrantes de las Fuerzas Armadas" y "no se ha comprobado que su defensa propia fuera injusta y culpable", agregó la Cámara. "La muerte de Martinazzo fue causada también por el accionar de las Fuerzas Armadas en una operación de la denominada lucha antisubversiva".
La Cámara planteó el "contexto histórico" de los crímenes. "La práctica del Ejército de fraguar enfrentamientos para ocultar asesinatos de disidentes era parte de la metodología aplicada en el plan criminal de represión ilegal". Mencionó la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe en el juicio por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, el 19 de enero de 1977 -un mes y días después del asesinato de Ponti- que "echa por tierra la versión del enfrentamiento, como pretendían hacer creer los comunicados militares reproducidos por los diarios de la época". Y el asesinato de la docente Elina Jagou de Carlen que la propaganda oficial atribuyó a montoneros, pero fue fusilada por el Ejército cuando intentó cerrar una ventana de su departamento.
