Los funcionarios judiciales y policías que llevaron a cabo el allanamiento en el domicilio del exasesor de Laura Alonso, el 5 de junio pasado, hicieron una búsqueda en una computadora mediante palabras clave. Encontraron veinticinco archivos relacionados con la Oficina Anticorrupción (OA) y su titular.

Así surgió una planilla de excel que detallaba los montos por “facturación” y “cobro” desde 2016 hasta 2018 a diferentes oficinas estatales. Entre los contratantes de la consultora desprendida de la estructura del macrismo están identificados “Laura Alonso”, “Ministerio de Producción”, “Ministerio de Trabajo (Univ. La Matanza)”, “Urtubey, Juan Manuel (Instituto Prov. de Vivienda)”, “Fernández Langan (Subsecretaría de Asuntos Electorales)”, “Senado de la Nación 1” y “Senado de la Nación 2”.

Los abonos registrados en el listado no son los únicos. Los ministerios de Defensa, Medio Ambiente, el Gobierno de la Ciudad y el Senado también extendieron pagos en diferentes momentos a nombre de Consuasor o sus socios, Alejandro Giúdice (cuyo domicilio fue allanado porque figuraba como sede de la empresa) y Facundo Sosa Liprandi, según constató este medio.

En los casos de Alonso, el gobierno de Salta y el Senado, las cifras facturadas y cobradas son coincidentes o tienen diferencias menores, pero en los de Producción, Trabajo y Asuntos Electorales, aparecen márgenes de entre dieciocho y cincuenta por ciento.

Por ejemplo, la subsecretaría de Asuntos Electorales bajo la gestión del hoy diputado Ezequiel Fernández Langan — del círculo de Marcos Peña — recibió facturas en 2016 y 2017 por 679.200 pesos, pero a Consuasor entraron 472.000 pesos. El Ministerio de Trabajo bajo la conducción de Jorge Triaca — un acomodador serial de familiares, allegados y empleados propios — pagó 1,1 millón de pesos y recibió facturas por 1,4 millones. Hacia fin de 2018, Consuasor facturaba al Ministerio de Producción cien mil pesos mensuales y cobraba 84.000.

Las cifras mensuales pagadas por cada ministerio no son siderales — entre 800 y 3.500 dólares —, pero la suma de contratos en simultáneo redunda en un beneficio extraordinario para una consultora básicamente gestionada por sus dos socios.

El pago desde el Ministerio de Producción es singular, porque el área técnica de esa dependencia vetó a la consultora porque no estaba debidamente registrada como proveedora del Estado y debía dinero al fisco. Para salvar el caso, Producción extendió contratos a nombre de los socios.

El juzgado de Sebastián Casanello, que investiga el vínculo de Alonso con Consuasor, entendió que las diferencias entre facturación y pago podrían configurar retornos, por lo que realizó una “extracción de testimonio” para abrir una segunda causa, ya que la sospecha excede la imputación de malversación de fondos y abuso de autoridad consignados en la causa madre.

El segundo expediente recaló en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Ramiro González, que deberán determinar si profundizan la investigación o devuelven la denuncia a Casanello por conexidad de delitos. En este caso, decidirá la Cámara Federal.

Cerca de Consuasor estiman que las diferencias del excel podrían deberse a retenciones impositivas, aunque no brindan precisiones. Las discordancias de las cifras no parecen obedecer a ningún patrón regular.

Además de la llamativa contabilidad, uno de los aspectos cruciales es dilucidar cómo hace una consultora para que se le abran tantas puertas en el Estado si no es con el direccionamiento de alguien con poder sobre los ministerios. ¿Quién quisiera poner a una consultora experta en comunicación para que sobrevuele todo el gabinete? Una mano influyente que incluso lleva a los subalternos a disimular los contratos con la consultora mediante locaciones de servicios con sus dueños.

@sebalacunza