Las violaciones a los derechos humanos abarcan en Chile un espectro amplio. Hay un récord mundial de heridos en los ojos, veinte muertos registrados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) --cinco en manos de agentes del Estado--, violencia sexual. Niños y adolescentes son detenidos y reciben disparos y gases todos los días, incluso en los colegios. Hay golpizas, torturas, denuncias de la existencia de centros clandestinos de detención, familiares que desconfían de las autopsias. Los heridos son al menos 1915. El Instituto recibió 2300 denuncias por vulneraciones de derechos humanos desde que comenzó el estallido. La Organización Naciones Unidas difundió un comunicado en el que condena el uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia.

Van tres semanas del despertar de Chile y la represión recrudece, despojando a la sociedad de su derecho a manifestarse. Esta semana, el presidente anunció proyectos de ley que criminalizan la protesta y convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). El pueblo sangra pero responde con marchas --el viernes hubo una masiva, que según Interferencia reunió a medio millón de personas-- y cabildos. Según cifras del Ministerio del Interior, hubo cuarenta lesionados. Los intentos de Sebastián Piñera de desgastar la movilización no dan resultado. “Manda cada vez más violencia a la calle. Quiere apagar el fuego con bencina. Pero están cada vez más fuertes las ganas de luchar y de bajarlo”, dice a Página/12 Lenny Montanares, 18 años, herido con veinte balines de goma en Parque Bustamante. 

La percepción de la mesa de Unidad Social, conglomerado de sindicatos y organizaciones que de algún modo canaliza la voz del pueblo, es que Piñera sigue sordo al reclamo de las calles, que es la asamblea constituyente: “Insiste en su política represiva, agudizando el conflicto”, opina Carolina Espinoza Tapia, de NO+AFP. Después de la gran marcha del viernes, Piñera dijo que prepara “un proyecto de cambios” a la Constitución. La dirigente cuestiona la reforma tributaria por “insuficiente y cosmética” e informa que los sindicatos harán huelga el martes. “Estamos siendo perseguidos, reprimidos; seguimos sumando heridos y detenciones ilegales. El abuso policial se extiende especialmente a los chiquillos”, advierte. Este martes, los Carabineros dispararon en un colegio secundario femenino. Dos menores resultaron heridas. Según los medios, una recibió el impacto de quince perdigones.

Un Estado que extirpa ojos

El 23 de octubre, Alejandro Muñoz Fuentes había combinado con sus compañeros de la banda Anarkía Tropikal para marchar a Plaza Italia. En la esquina de Santa Rosa y Alameda se encontró con barricadas y peleas entre policías y manifestantes. “Yo estaba apagando bombas lacrimógenas con un tarro de agua”, cuenta el hombre de 36 años a este diario. De pronto sintió un zumbido. Vio una lacrimógena a punto de impactar. No alcanzó a moverse. “Me pegó de frente en mi ojo y caí al suelo con mi tarro”, recuerda. Mientras un grupo de jóvenes lo arrastraba por la Alameda para auxiliarlo, los Carabineros seguían disparando gases. Detrás de unos árboles del cerro Santa Lucía fue atendido por la Cruz Roja y estudiantes de medicina. En la clínica le diagnosticaron explosión ocular con desprendimiento de retina y globo. Lo trasladaron y lo operaron. “Me reconstruyeron el ojo. Me lo habían desmembrado. Parece uno normal y lo puedo mover, pero no veo. Una oscuridad absoluta.”
“Salí a protestar por la injusticia y ahora es todo más injusto. Antes tenía una pequeña empresa, me estaba yendo muy bien. Voy a tener que buscar una nueva forma de vida. Tengo que seguir adelante. Si me quedo me pudro”, expresa el obrero de la construcción, gasista, plomero y artista plástico. “El Estado me extirpó un ojo. Necesito que se haga responsable. Tiene que pagarme hasta el último peso (del tratamiento)”, exige Alejandro, que tiene tres abogados.
El suyo es un trauma que comparten 182 personas, según el último reporte del INDH. El número de heridos con lesiones oculares, en su mayoría a causa de perdigones y balines, “es totalmente inusual para la historia de Chile y del mundo”, afirma Enrique Morales, presidente del departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Ahora mismo esa cifra está creciendo, a pesar de los llamados de atención de médicos y referentes de derechos humanos. Es un récord mundial si se compara con otras áreas de conflicto como Israel y Palestina. “Varias decenas han perdido no sólo la visión, sino también el ojo. Es una catástrofe. Una emergencia sanitaria. Para las víctimas, un daño físico y psicológico, porque esto no tiene mejoría”, advierte Morales. 

El promedio de edad de los afectados es de 29 años. En su mayoría fueron alcanzados por balines de goma con centro metálico. “Por lo que nos relatan y lo que podemos ver en videos no se siguen protocolos. Hay cierta gradualidad que se debiera utilizar y muchas veces ésta es la primera herramienta a la que se recurre”, asegura Morales. Este afán de disparar directo al ojo se ha vuelto habitual hacia quienes registran con cámaras episodios violentos. En las performances artísticas de las calles de Santiago este trauma colectivo es representado. También está en fotos pegadas en los edificios. El decano de Medicina de la Universidad de Chile, Manuel Kukuljan, acusó al Estado de usar la “mutilación” como herramienta de control público. Por redes sociales circula la versión de que un estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano fue herido el viernes en ambos ojos.


De la paz a las lacrimógenas

Son poco más de las 17 en Plaza Italia, epicentro de la protesta social en Santiago. Un grupo pequeño de jóvenes copa Plaza Baquedano, salta y grita contra los pacos. Es una marcha autoconvocada, sin la masividad de otras ni presencia sindical o de organizaciones. Además, es pacífica. Como todas las movilizaciones pacíficas del pueblo chileno termina mal. En pocos minutos la violencia arrasa con la paz. Bien temprano llegan los hidrantes. “Cabros, no nos movamos”, agita una morocha. Comienzan los chorros de agua --los jóvenes creen que contienen pis y caca de uniformados--, los manifestantes corren adonde pueden, y muy rápidamente comienzan a explotar lacrimógenas que caen desde varias direcciones. 

En Parque Bustamante se oyen disparos. Una madre ve cómo caen las bombas. Sujeta fuerte a su hija de la mano. Le ordena que se coloque gafas. En esta zona, en que la Policía suele generar picantes encerronas, Lenny Montanares recibió nada menos que el impacto de veinte balines de goma. Su caso es uno de los que aparecen en el Archivo de Memoria Audiovisual (AMA), un documento en desarrollo en el que vale la pena detenerse, elaborado por un grupo de periodistas con la intención de dar rostro y voz a las víctimas de violencia civil, militar y policial (https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cff39c5ecb6c7254a4be4cc095ebcd66/probando/index.html ). “Nosotros no estamos yendo con armas. Estamos yendo a lo máximo con piedras. Los jóvenes son los que menos miedo tienen entonces van con más fuerza. Son unos grandes, súper guerreros”, expresa Lenny, que marchaba por las pensiones de sus abuelos y la educación de su hermano menor. Todavía tiene una bala en la pierna. Cojea “todo el día”.
Morales se refirió a la utilización de lacrimógenas, armas químicas prohibidas en los tratados de algunos países para su uso en las guerras, pero que se emplean para controlar y dispersar manifestaciones. En Santiago es tal el abuso que ya parecen normales, parte del paisaje. No hace falta estar cerca de una explosión para padecer sus consecuencias. Los ojos arden y lagrimean, se produce una sensación de ahogo y es posible que aparezca una persistente tos combinada con náuseas y sangrado de nariz. “Son complicadas. Hay dudas muy serias respecto de los daños que provocan en forma crónica, de distinto tipo, incluida la generación de problemas respiratorios y cuadros neurológicos. Tienen efectos inmediatos en términos de toxicidad”, describe Morales. Su impacto ha causado fracturas y contusiones. Hace poco, un vendedor ambulante padeció un impacto tan cercano que le causó una severa lesión craneal. Lo último que se supo es que se encontraba en coma inducido.

Violencia político-sexual

La violencia sexual ejercida por Carabineros y militares es otro de los sellos de la represión chilena. Abarca “una amplia gama de prácticas”. Muchas veces ocurre en el contexto de detenciones irregulares. “Se han hecho procesos de desnudamiento a menores de edad y a mujeres, incluso bajo amenaza de que si no lo hacían iban a quedar detenidas por más tiempo. Hay víctimas de golpes y tocaciones, hemos visto moretones alrededor del área genital. La violencia ha llegado hasta la introducción de elementos, por ejemplo armas, y violaciones”, informa Libertad Méndez, ginecóloga feminista, integrante de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Mesa de Acción por el Aborto y la flamante Agrupación de Salud por Derechos Humanos. Desde el despertar chileno ha estado atendiendo víctimas en puntos cercanos a las concentraciones.
Según el último informe del INDH, se presentaron 52 querellas por violencia sexual (por desnudamientos, amenazas, tocaciones y cuatro penetraciones). Las que más la padecieron son mujeres de entre 20 y 25 años, según lo que pudo observar Méndez, y de las clases sociales más vulnerables. “Hay muchos más casos de los denunciados, pero las víctimas no se animan a hablar porque han sido amenazadas”, asegura.
También hay hombres entre las víctimas. No obstante, se puede hablar de un ataque específico hacia mujeres y la comunidad LGBTIQ. “Hay veces que en las detenciones a las mujeres se les pide desnudarse y a los hombres no. Y si la mujer representa el estereotipo de alguna disidencia es más violentada. Hay testimonios de violación con intención correctiva en una paciente lesbiana”, destaca Méndez. En este sentido, uno de los casos más resonantes es el de Josué Maureira, estudiante de medicina de 23 años que denunció haber sido apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual, nuevamente golpeado hasta que se le quebró el tabique, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a agentes.
“Todavía me siento encima como para sacar conclusiones. Con dolor digo que seguimos recibiendo testimonios y atendiendo. Estamos demasiado en la trinchera como para poder ver qué está significando para esta generación tener bajo el alero de un título de democracia acciones que no se habían visto desde la dictadura. Bajo una supuesta normalidad se han desatado las más atroces prácticas realizadas por personas que visten uniforme”, concluye Méndez. Menciona el caso de una víctima que después de sufrir vejámenes sexuales se suicidó. Una historia que “nunca” verá la luz con nombre y apellido, porque la persona no alcanzó a denunciar, y su familia ante el miedo prefiere el silencio.
Son varias las agrupaciones trabajando en esta problemática, como Abogadas Feministas y Ni Una Menos Autónoma. La ONG Amaranta llamó la atención respecto de la cantidad de víctimas que dicen haber sido tocadas “en plena calle, mientras marchaban, por efectivos de Fuerzas Especiales”. Memorias de Rebeldía Feminista es un colectivo de ex presas políticas. Reciben denuncias y están dando talleres en colegios y liceos de la capital chilena. Ellas afirman que la violencia actual no es más que “el fiel reflejo de la impunidad de la violencia político-sexual o tortura sexual” de los tiempos de dictadura.

Dirigentes y periodistas en la mira

 El fotógrafo tucumano Jeremías González, corresponsal del diario Der Spiegel, estuvo detenido en Chile durante seis horas, el domingo 3. Estaba retratando una marcha de ciclistas rumbo a la casa del presidente en Las Condes. Al principio le dijeron que se lo llevaban por estar sacando fotos. Un colega chileno, Alvaro Santa Ana, comenzó a retratar la escena y también se lo llevaron. Los acusaron de desorden público. Con Sant Ana fueron más lejos: “usurpación de funciones”, porque no contaba con acreditación (es reportero free lance). Compartieron este episodio con cuatro manifestantes. Por otra parte, tres periodistas argentinos de medios alternativos fueron retenidos en el aeropuerto de Santiago y según denunciaron la Policía de Investigaciones los mantuvo encerrados en una habitación y los amenazó con deportarlos con el argumento de que había fotos en sus redes que “incitaban al odio”. El caso más grave en materia de periodismo y derechos humanos es el del camarógrafo chileno Alejandro Torres, baleado en el ojo izquierdo con un perdigón. Podría perderlo. Por su parte, los dirigentes sociales de base están siendo vigilados por la Policía. Se supo por un documento de Carabineros que se filtró.

Un ataque masivo

Torturas, personas atropelladas y golpeadas, heridos que no paran de crecer y que evitan los centros de salud por miedo a represalias, denuncias de la existencia de centros clandestinos de detención, sospechas de montajes en las muertes, violencia sexual, represión, detenidos (en todo el proceso 5565 según INDH, de los cuales más de 600 son niños y adolescentes; 9 mil ha dicho el Ministerio del Interior). Un ataque que se vuelca fuertemente sobre niños y adolescentes. En las redes pueden aparecer posteos aislados de personas que buscan familiares pero no existen cifras oficiales de desaparecidos. “Las acciones que se están llevando a cabo por agentes del Estado no son aisladas. Están cometiéndose conductas generalizadas. Podría decirse que es un ataque masivo, una coordinación de distintos entes del Estado”, analiza el abogado Francisco Ugás Tapia, del estudio de Nelson Caucoto Pereira, dedicado a los derechos humanos.
El INDH informó el jueves que recibió unas 2300 denuncias por vulneraciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas, que según el organismo dejaron un saldo de 20 muertos y 1915 heridos (más de mil por disparos de armas de fuego). La mayoría de las querellas apuntan al actuar “vulneratorio” de Carabineros durante las tres semanas de manifestaciones y también de miembros de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia. De las denuncias, 72 acusan a las fuerzas de seguridad de torturas. El viernes, Fiscalía Nacional informó que abrió 1080 investigaciones penales por denuncias de violencia institucional que acusan a Carabineros, el Ejército, la Policía de Investigaciones y la Armada.
“La explicación de mucho de lo que está ocurriendo ahora, esta desproporción de las Fuerzas en su actuar y los distintos delitos imputables a agentes del Estado, se encuentra en lo que ocurrió en la dictadura. La formación en derechos humanos de las fuerzas policiales y armadas ha sido bastante escasa. También en términos de los protocolos institucionales actuales”, explica Ugás Tapia, quien lleva los casos de un colombiano de 16 años baleado en la espalda con 13 perdigones y de un hombre golpeado por 12 carabineros en Ñuñoa (por el que los policías están siendo investigados).
Aparte de la represión en el Liceo 7, otro hecho impactante de esta semana fue la denuncia de un estudiante que dijo haber sido secuestrado por Carabineros de civil y torturado en Antofagasta en lo que podría ser un centro clandestino de detención. Además, en los últimos días, Interferencia planteó diversas dudas respecto de la calidad de los peritajes del Servicio Médico Legal a los cuerpos de fallecidos en manifestaciones, disturbios y saqueos. Se supo, por ejemplo, que Yoshua Osorio Arias, menor de 17 años encontrado al interior de Kayser, falleció por asfixia pero tenía tres orificios en su tórax, que no habían sido ahondados en la autopsia.
Con todo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado chileno autorización para visitar el país y están llegando organizaciones y personalidades de derechos humanos, como Nora Cortiñas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El viernes, la prensa consultó a Piñera por la preocupación de expertos de la ONU en torno al uso de perdigones y balines. El mandatario no respondió la pregunta. Simplemente sonrió.