Desde España

La repetición de las elecciones generales ha vuelto a situar al PSOE como la formación política más votada de España, pero Pedro Sánchez no ha conseguido ninguno de los objetivos que se planteó cuando tras el verano decidió retirar su oferta de pacto a Unidas Podemos y volver a convocar a los españoles a las urnas. El líder socialista pretendía mejorar sensiblemente los resultados de su partido, hacer caer sobre la formación de Pablo Iglesias el costo político del fracaso de las negociaciones y tener la posibilidad de pactar con Ciudadanos, la formación liberal que con 57 diputados era la tercera fuerza política representada en el Congreso.

No consiguió nada de eso. El hastío con el bloqueo político elevó la abstención en cuatro puntos, y en España cuando se reduce la participación la izquierda sale perjudicada. El PSOE perdió tres escaños y Podemos, siete. La posibilidad de intentar un pacto de gobierno de la izquierda está más lejos que en abril.

Sánchez, además, ha perdido a su eventual aliado por la derecha. Ciudadanos, una formación que se reclama liberal, se desplomó, perdió la mitad de los votos y se quedó con una representación casi marginal. En su lugar, el tercer grupo con más representación en el Congreso de los Diputados será el de la extrema derecha. Vox, llevado en andas por el conflicto catalán, tendrá 52 diputados. Quienes aconsejaron a Pedro Sánchez volver a las urnas tienen motivos para salir huyendo.

Después de que las elecciones del 28 de abril lo dejaran en un holgado primer lugar (29% frente al 17% del Partido Popular) pero a gran distancia de la mayoría absoluta, Pedro Sánchez necesitaba recabar el apoyo de Unidas Podemos y de los nacionalistas catalanes y vascos para ser elegido presidente. El líder socialista decidió forzar la máquina y no ceder ante las pretensiones del partido de Pablo Iglesias de integrarse en un gobierno de coalición. Tras vetar al propio Iglesias, el secretario general del PSOE hizo una oferta con fecha de caducidad que Unidas Podemos en principio rechazó y que fue retirada por los socialistas cuando el partido de Iglesias se decidió a aceptarla. Días después, Pedro Sánchez confesaría en una entrevista que no hubiese dormido tranquilo si hubiese tenido que compartir gobierno con una formación a la que considera populista. Esas declaraciones alejan ahora la posibilidad de un pacto por izquierda.

Resulta difícil entender cuál fue el cálculo que el equipo de Sánchez hizo en relación con el episodio clave que ha marcado la política española tras las elecciones de abril, la sentencia contra los líderes secesionistas catalanes y la respuesta en la calle no exenta de episodios de violencia.

La sentencia y los disturbios callejeros que la siguieron, en plena precampaña electoral, no sólo han alejado la posibilidad de un entendimiento del PSOE con los nacionalistas catalanes, imprescindibles para cualquier suma, sino que dispararon las opciones electorales de la extrema derecha no en Cataluña sino en el resto del territorio español. Con el simple recurso de enarbolar miles de banderas españolas en todos sus actos y prometer la ilegalización de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, los neofranquistas de Vox consiguieron multiplicar sus apoyos, treparon al tercer lugar con el 15 por ciento de los votos y 52 escaños (habían obtenido 24 en abril) y dificultan una de las opciones en las que Sánchez también confiaba: una eventual abstención del PP que le permitiera conseguir la investidura. Con los ultras pisándole los talones, el partido conservador de Pablo Casado no tiene margen para mostrar debilidad o facilitar un gobierno socialista. Con estos resultados no se atisba una salida.

Héctor Barbotta es periodista