La ilegal destitución del presidente Evo Morales en Bolivia marca el fin de una época. Desde la recuperación democrática de Argentina en 1983, las fuerzas armadas no se habían presentado como actor decisivo en un proceso de ruptura del orden constitucional en América Latina. Está claro que hubo militares involucrados en los golpes de Honduras, Paraguay y Brasil. Pero no estuvieron al frente de modo abierto e institucional como en este caso.

En 1983 comenzó la recuperación de la ilusión democrática. Entonces se hablaba de la “transición” a la democracia. Era una doctrina de reforma institucional que asignaba lugar central a partidos y parlamentos, que concebía fuerzas armadas “institucionales” y apartadas del juego político. Era también una doctrina para la que la movilización popular era ruido pernicioso y las agendas redistributivas y anticoloniales de nuestros pueblos eran meros resabios del pasado que había que ir desplazando de la escena.

Aquella transición convivió con la teoría de los “dos demonios”. Bajo su reinado, todo el proceso de resistencia popular contra las fuerzas oligárquicas quedó reducido a sus expresiones más violentas y militaristas, ocultándose así la riqueza y la validez histórica de ese rico proceso de movilización. Cuando hoy se habla de volver a mirar ese pasado, aparece la intolerancia y el oscurantismo antihistórico de quienes pretenden degradar aquellas luchas a un gran malentendido intergeneracional. Lo cierto es que lo que hasta hace poco eran evocaciones fantasmales que había que exorcizar hoy retornan, vuelven a emerger en el escenario político. Las movilizaciones del pueblo chileno son ese retorno; la experiencia de la Unidad Popular chilena fue un faro en aquella circunstancia histórica con la experiencia del gobierno de la Unidad Popular presidido por el héroe y mártir Salvador Allende y hoy está presente en las multitudes que no cesan de ocupar la calle de las principales ciudades del hermano pueblo contra el sedicentemente exitoso neoliberalismo del régimen pospinochetista.

Cada vez está más clara la cláusula no escrita en ninguna carta magna pero plenamente operativa: el orden constitucional solamente es compatible con políticas respetuosas de las desigualdades acumuladas geométricamente en nuestras sociedades. Solamente es admisible en el marco del alineamiento firme detrás de la visión geopolítica estadounidense, de los intereses de la oligarquía financiera globalizada y del sometimiento a las nuevas formas particularmente intensivas del trabajo a la voluntad omnímoda de los grupos económicamente poderosos.

El derrocamiento de Evo es un mensaje claro. Pretende ser un nuevo Nunca Más. En este caso el nunca más de ellos. Nunca más insubordinación a los poderosos, nunca más pueblos empoderados (especialmente si no son blancos y hablan un correcto inglés), nunca más constituciones que pongan la vida, los derechos y la justicia en un plano axiológico superior a la propiedad privada y la seguridad jurídica del dinero.

Es muy importante para los argentinos y argentinas reconocer este mensaje. Vamos a empezar una etapa nueva surgida de la voluntad popular clara y ampliamente expresada en las urnas. Una etapa surgida de las resistencias populares y de la lúcida interpretación de ese proceso ejecutada por quienes se pusieron al hombro el proceso de unidad contra el despojo clasista y la humillación nacional que significó el gobierno de Macri. Tenemos que sostener un proceso político claramente alternativo y antagónico a las políticas de estos últimos cuatro años. Tenemos que hacerlo con voluntad pacífica, con disposición al diálogo plural y constructivo. Y también con una clara e indoblegable decisión de que ningún poder fáctico, ninguna constitución no escrita, ninguna voluntad violenta ni desestabilizadora pueda desarrollarse en nuestra patria. Para eso hay que usar la ley. Para eso hay que legislar ahí donde pueda aparecer algún vacío jurídico que aliente el accionar ilegal y desestabilizador. Para eso hay que desplegar una gran capacidad de movilización popular. De nuestros trabajadores, de nuestras organizaciones sociales, estudiantes, profesionales, científicos. Del movimiento por la igualdad de género, por la plenitud del ejercicio de los derechos de todas y todos, en condiciones de autodefenderse de cualquier agresión.

Se terminó la etapa de la cándida confianza en el respeto por nuestra legalidad democrática, de parte de embajadas extranjeras y servicios de inteligencia de la gran potencia regional. De parte de supuestos “políticos” que viven en medio de carpetas serviciales y están siempre dispuestos a cumplir con deseos urdidos muy lejos de nuestra tierra. De parte de jueces absolutamente venales dispuestos a cumplir el papel de comparsa judicial de la desestabilización antidemocrática. Hay que replantear la mirada y la consecuente agenda geopolítica que confía en la voluntad pacífica y democrática de la CIA y desconfía de potencias que no practican la democracia liberal (¿cuál es la democracia liberal en la que se inspiró la OEA en estas horas trágicas para el pueblo boliviano). Hay que terminar con el mito del “régimen dictatorial” de Maduro, para comprender la dura crisis que atraviesa el hermano pueblo bolivariano como una consecuencia de la agresión sistemática de quienes se revelan en estas horas como cómplices y lacayos del ataque más cínico a la autodeterminación democrática del pueblo boliviano.