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Crecimiento económico sostenido con baja inflación, reducción en el desempleo, aumento en la capacidad de compra de los trabajadores, mejoras en la distribución del ingreso, expansión del crédito, estabilidad cambiaria y bajos niveles de deuda convierten a Bolivia en uno de los países sudamericanos más exitosos de la última década. ¿Existen motivaciones económicas detrás del golpe de Estado que forzó la renuncia del presidente Evo Morales?
A los imprescindibles elementos políticos, sociales, culturales e históricos que permiten aprehender la dinámica de la violenta interrupción del orden democrático boliviano se suma la disputa por la apropiación de la renta de los recursos naturales. La renacionalización de los hidrocarburos en 2006 constituye el punto de partida para el destacado desempeño macroeconómico de Bolivia pero, a su vez, representa un terreno de tensiones no resueltas entre el fortalecido Estado, las elites locales tradicionales y las corporaciones extranjeras.
Las estimaciones difundidas el lunes por la CEPAL indican que Bolivia crecerá 3,5 por ciento en 2019. Marcará así el mejor desempeño entre los países de América del Sur donde el organismo regional espera que el nivel de actividad en Argentina se desplome 3,0 por ciento y Brasil registre apenas una mejora de 0,8 por ciento.
Las cifras elaboradas antes del golpe de Estado anticipaban que, a pesar de la reducción en la producción y exportación de hidrocarburos, la economía boliviana mantendría su dinamismo y liderazgo regional durante 2020. Las proyecciones de la CEPAL están en línea con las publicadas por el FMI a finales de octubre.
El éxito boliviano no residió en el sostenido crecimiento económico sino en que ese proceso fuera acompañado por mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares. “La inversión pública en proyectos sociales, las políticas de transferencias, el aumento de las remuneraciones, el menor desempleo y las ganancias de los trabajadores rurales se han traducido en importantes avances en la disminución de la pobreza”, expresa la CEPAL en su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019 para precisar que al finalizar el año pasado la pobreza extrema llegó al 15,2 por ciento, una reducción de 23 puntos porcentuales en relación con el nivel del 38,2 por ciento registrado en 2005.
La condición de posibilidad para la versión boliviana del modelo crecimiento con inclusión social reside en la renacionalización de la explotación de gran parte de sus recursos naturales el 1º de mayo de 2006 implementada por el entonces flamante gobierno de Morales.
“La nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y mineros fue el puntapié inicial para el fortalecimiento del Estado y, por lo tanto, de la soberanía nacional boliviana. Al calor de una estructura productiva con una fuerte participación estatal, pero que no por eso prescinde del capital privado, el gobierno decidió darle un fuerte impulso a la inversión pública en producción e infraestructura. Este camino se emprendió sin descuidar el frente social, avanzando en la construcción de un Estado de Bienestar”, expresan los economistas Juan Ignacio Balasini, Mariano Beltrani y Juan Cuattromo del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala.
“Estas decisiones tuvieron efectos macroeconómicos decisivos, ya que arrojaron como resultado un notable incremento en los ingresos del fisco y, consecuentemente, en el tamaño del Estado boliviano”, señalan los investigadores en Crecimiento y sostenibilidad: El caso de Bolivia al referirse al proceso que luego se completaría con la apropiación estatal de la renta minera, el segundo motor en importancia de las exportaciones boliviana después de los hidrocarburos.
El aumento en la recaudación asociado a esas medidas posibilitó un incremento significativo en materia de gasto en infraestructura y social que resultó en la vertiginosa mejora en los indicadores de ocupación, pobreza y desigualdad. Entre las políticas redistributivas implementadas durante la gestión del Movimiento al Socialismo se destacan los programas Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad (la cobertura de esos programas alcanzaba a poco más del 40 por ciento de la población en el 2014) así como el incremento en el salario mínimo. Balasini, Beltrani y Cuattromo enfatizan que las mejoras en la distribución del ingreso no solo respondieron a la implementación de esas políticas sino al impulso generado sobre la demanda interna.
La política redistributiva estuvo acompañada a lo largo de la última década por un nuevo esquema de política monetaria que, como identificó el investigador Demian Panigo durante el XI Encuentro de Economistas celebrado en Bolivia a mediados de año, tiene como objetivo no sólo una inflación baja, también al desarrollo económico social a partir de una coordinación entre la política monetaria y fiscal así como la estabilidad del tipo de cambio. El esquema vigente a lo largo del gobierno de Morales, advierte Panigo, requirió de un proceso de “desdolarización como pre-condición necesaria para contar con un sistema financiero estable” que recurrió a un amplio conjunto de instrumentos y regulaciones.
La forzada renuncia del gobierno democrático y el estrecho vínculo que exhiben algunos de los golpistas emergentes con importantes empresas del sector hidrocarburífero, así como el papel de desempeñado por Estados Unidos a través de la OEA, expusieron las restricciones políticas, sociales, culturales e históricas del proceso de crecimiento con inclusión boliviano apalancado en la apropiación estatal de la renta los recursos naturales.
La insoslayable hipótesis económica vinculada a las tensiones no resueltas abiertas tras la renacionalización de los hidrocarburos y la minería es, sin embargo, insuficiente para comprender las dinámicas internas que llevaron al golpe de Estado en Bolivia. El rol de las fuerzas policiales, la falta de respaldo urbano al gobierno, el papel de los medios de comunicación y sus voceros, el revanchismo de clase, las transformaciones en los procesos electorales, las disputas al interior del Estado ante la falta de rotación del personal políticos y la historia de insurreciones boliviana constituyen elementos imprescindibles para entender el golpe de Estado que aportan desde distintos medios de comunicación en Argentina expertos y analistas como Pablo Stefanoni, Atilio Borón, Ayelén Oliva, María Laura Carpineta o Juan Manuel Karg, entre muchos otros.
