La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva adelante este lunes en Quito la audiencia de alegatos previa a dictaminar contra el Estado argentino por "falta de prevención, el desvio y encubrimiento de la investigación" del atentado a la Amia.

 En un comunicado, el CELS indicó que "es el último paso antes de que la Comisión dicte el informe de admisibilidad y fondo y declare la responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad". Luego de esto, el caso deberá pasar a ser tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Diana Wassner Malamud, integrante de Memoria Activa,  fue la primera en declarar: "No hay nadie preso por la causa AMIA, ni nadie ha sido juzgado por el asesinato de 85 personas. Y fue una decisión del Estado argentino que no sepamos la verdad", expresó. Hace 20 años, en 1999, los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa denunciaron la responsabilidad de la Argentina por la falta de respuesta y por las irregularidades manifiestas para encubrir el atentado que ya eran públicas. El pedido de Memoria Activa y el CELS responde también al "incumplimiento" del Estado de los compromisos asumidos en 2005, con el decreto 812/05. Mediante ese decreto, con fecha 12 de julio de 2005, se aprobó el Acta suscrita el 4 de marzo de ese mismo año en la CIDH, por medio de la que el PEN reconoció la responsabilidad internacional del Estado y se propuso una serie de medidas para garantizar la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.

La abogada Paula Litvachky, en representación del CELS, dijo ante la Comisión que “a pesar de que se juzgó el encubrimiento no hay justicia ni verdad sobre el atentado. Se sospecha que el estado tenía información de que podía ocurrir un atentado en una importante institución judía y no pudo prevenirlo”. A su criterio, ocurrido el ataque, “las víctimas tuvieron que ponerse la causa sobre su espalda para tratar de saber qué pasó, desclasificar información, echar jueces y promover recursos para conocer parte del atentado y la maniobra de encubrimiento”. Litvachky sostuvo que “la falta de investigación y justicia y un estado encubridor significan una grave violación a los derechos humanos”.

Memoria Activa pidió a la CIDH que ponga fin al proceso de "solución amistosa", es decir el cierre de la etapa de tratativas para un acuerdo voluntario y satisfactorio entre partes, y eleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que ésta se pronuncie sobre el reclamo en términos de resolución judicial “vinculante y obligatorias para el Estado” argentino. Las dirigentes de Memoria Activa Adriana Reisfeld y Diana Wassner entregaron a la CIDH un informe sobre la investigación del ataque terrorista “y su encubrimiento en los últimos 25 años”. Además, denunciaron que “hoy se sabe casi lo mismo que se sabía en los primeros momentos posteriores del atentado”.

En tanto, la delegación del Estado argentino, encabezada por Mariano Fridman, (defensor, junto con Marta Nercellas, del ex titular de la DAIA Rubén Beraja en el juicio por encubrimiento de la denominada “pista siria” del atentado), defendió el accionar del actual Ministerio de Justicia. Además, recordó que el Estado es querellante en las causas por la muerte del fiscal Alberto Nisman y por la firma del Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán firmado durante el anterior gobierno, que nunca llegó a ejecutarse y fue declarado “inconstitucional” por la Justicia.

Mientras tanto en Comodoro Py

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó, una vez más, la detención internacional del ex embajador iraní en la Argentina para la época del atentado, Hadi Soleimanpour, que había sido pedida por la AMIA. Soleimanpour estuvo los días 8 y 9 de noviembre en Turquía, en una reunión del Consejo de Ministros de la Organización de Cooperación Económica (ECO), de la cual es Secretario General. La orden de captura fue emitida hoy, cuando todo indica que el diplomático ya no se encuentra en ese país.