Con duros cuestionamientos a la investigación, el ex funcionario de Vialidad Santa Cruz Juan Carlos Villafañe declaró en una nueva audiencia del juicio por presuntas irregularidades en la obra pública de esa provincia. “La Fiscalía imagina un funcionamiento que no coincide con la realidad”, expresó ante el T ribunal Oral Federal Número 2. Destrozó la cuestionada pericia oficial y negó sobreprecios o demoras injustificadas.

Durante su indagatoria -en la que no aceptó preguntas- Villafañe buscó dar por tierra con la hipótesis de un beneficio y direccionamiento de las obras viales santacruceñas en favor del empresario Lázaro Báez. Marcó una importante contradicción en la acusación de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita. Según detalló, mientras la fiscalía observa un crecimiento del patrimonio de Austral Construcciones –la empresa de Báez- en maquinaria y equipos, afirma que era una compañía “insuficiente” para encarar las obras y que las demoras en los trabajos eran por falta de equipamiento. “O una cosa, o la otra”, dijo.

Villafañe fue llamado al estrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en el marco de un juicio plagado de denuncias y planteos por irregularidades. Con apoyo de apuntes y filminas, pidió un vaso de agua y comenzó su extensa exposición. Con una defensa sobre todo técnica, aseguró que funcionaron todos los mecanismos de control internos de las obras durante su gestión. Según explicó, pudo haber habido algunas demoras porque son procesos burocráticos, en ocasiones muy lentos.

Durante el ejercicio de su defensa, el ex funcionario afirmó que se realizaron las evaluaciones técnicas de todos los pliegos de licitación y de las propuestas de las empresas, comparándolas siempre con precios de materiales vigentes en el mercado. Todo, bajo una comisión evaluadora de Vialidad que “se dedica a estudiar en detalle sólo la oferta más baja” para cada obra.

Uno de los puntos centrales de la acusación son los supuestos “abultados porcentajes” de diferencias de precios. Villafañe aseguró que esas diferencias que marca la fiscalía obedecen a que se comparan las obras de Santa Cruz con trabajos realizados en otros territorios. Al igual que otros imputados en esta causa, explicó que los costos de una obra vial en la Patagonia son mucho más altos que en otros puntos del país, debido a las difíciles condiciones climáticas y a las grandes distancias. “Hablan de abultados sobreprecios y ni miraron los pliegos”, disparó.

Villafañe detalló que los peritos oficiales compararon los precios del asfalto de la gestión anterior con los del Gobierno de Mauricio Macri. El argumento de campaña del Presidente fue que durante su administración, las obras en Santa Cruz salieron más baratas y el Estado pagó menos (obras que, por cierto, quedaron paralizadas). El ex funcionario explicó que mientras en su gestión se utilizó asfalto modificado, Vialidad en la era Macri usó asfalto común. La diferencia es sustancial: el primero tiene mucha más durabilidad; el segundo es más económico, menos resistente y de menor calidad. A la larga, por el mantenimiento que requiere, el asfalto convencional termina siendo más caro, concluyó.

“En ningún caso se violó la legislación vigente”, aseguró el ex funcionario, y explicó por qué hubo demoras en los trabajos sobre la ruta 3, una de las obras cuestionadas. Según dijo, los atrasos en algunos casos obedecieron a factores climáticos y a la falta del flujo de fondos de Nación. Y, puntualmente sobre la Ruta 3, por la falta de “liberación de la traza”, es decir, de los terrenos. Un tramo de esa vía se liberó recién entre 2013 y 2014 y otro nunca se liberó, detalló. Mientras que un tercer tramo sí se obtuvo en el año 2008, y en ese caso se pudo avanzar sin problemas. A eso se debería parte las diferencias de precios, justificó, algo que no fue tenido en cuenta en la investigación.

Con un tono enérgico, concluyó que “la comparación técnica de la fiscalía y los peritos que los asistieron fue superficial”. Como ya había dejado expuesto en este juicio el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, advirtió que se compararon precios de obras enteras que se determinaron en la administración anterior, con licitaciones del año 2016 durante el gobierno de Macri, encaradas para completar obras que ya estaban en marcha.

Los acusados de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública son Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente y en prisión preventiva por esta causa). También los ex funcionarios de Vialidad Nelson Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala. Y el empresario Lázaro Báez, señalado como el beneficiario del presunto desmanejo. En la lista de llamados a indagatoria quedan Santibañez, Báez y, por último, la vicepresidenta electa. Cristina Fernández dijo que quiere declarar. La incógnita es si llegará a hacerlo antes de asumir el próximo 10 de diciembre. Dependerá de los tiempos casi nunca azarosos de Comodoro Py.