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Por Gustavo Veiga
La cacería de las bandas fascistas contra los periodistas de los medios estatales o que acompañan al gobierno ahora depuesto recrudecieron el fin de semana pasado. Incluso, antes de que se materializara el golpe de Estado con la renuncia forzada del presidente Evo Morales. La imagen más dramática que simboliza la situación del país festejada por Donald Trump y Jair Bolsonaro es la de José Aramayo, el director del periódico Prensa Rural y de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Amarrado a un árbol sobre la avenida Saavedra, en el barrio paceño de Miraflores y muy cerca de la terminal de la línea blanca del Teleférico, pasó varias horas así, tomado como rehén por esos grupos descontrolados, transformados en amos de las calles.
El periodista fue atrapado por golpistas civiles cuando se dirigía a la sede de los medios donde se desempeñaba. Durante la madrugada anterior, cuando los trabajadores de prensa ya presumían que quedarían expuestos a un ataque, se llevaron materiales periodísticos y distintos elementos que utilizaban para hacer sus tareas. Aramayo volvió al día siguiente y cuando lo identificaron, terminó atado al árbol, expuesto a un linchamiento público. El periodista Sebastián Moro (ver aparte), quien venía realizando la cobertura para este diario y era editor de Prensa Rural, se salvó del ataque porque pasó horas antes por la sede de la CSUTCB, vio movimientos extraños y retornó a su casa. Si los integrantes del staff de la radio y el periódico veían venir el copamiento, fue porque un día antes, pero en Cochabamba, habían quedado impresionados con la quema de la sede de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico del Chapare y del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Aramayo estuvo amarrado con las manos a su espalda e inmovilizado contra un árbol mientras otros periodistas lo entrevistaban en esa situación. Algo patético. Cuando le acercaron un micrófono dijo que iba a entrar al edificio “para operar la radio”. La horda lo acusaba de querer ocultar cartuchos de dinamita, como se desprende de sus propias palabras. Horas después fue liberado. Prensa Rural es un periódico semanal que tiene una edición impresa y otra digital. No fue el único que resultó atacado, copado o quemado. Los medios públicos Bolivia TV (BTV) y la radioemisora Red Patria Nueva (RPN) también se transformaron en blanco de estos grupos que amenazaron a sus comunicadores y los forzaron a dejar los lugares donde trabajaban.
El 9 de noviembre y antes de ser inducido a renunciar, Evo había denunciado la situación por twitter: “Los medios estatales BTV y RPN han sido intervenidos por grupos organizados que después de amenazar y amedrentar a los periodistas los obligaron a abandonar sus fuentes de trabajo. Dicen defender la democracia, pero actúan como en dictadura”. El director de la Red Patria Nueva, Iván Maldonado, citado por Sputnik también declaró: “Manifestantes que habían cercado nuestros estudios nos retuvieron por unas dos horas, amenazándonos con destruir los equipos y cortar las emisiones si no suspendíamos nuestro trabajo periodístico”. Mónica Pacheco, gerente de información de Bolivia TV, dijo cuando abandonó su trabajo: “Tenemos derecho a pensar diferente. Fuimos rehenes. Nos han amenazado con que no vamos a volver a trabajar, pero vamos a seguir compañeros”, dijo entre sollozos.
Abia Yala TV, otro canal pero privado y que pertenece a la fundación homónima, corrió la misma suerte. Situado en el barrio de San Miguel, al sur de La Paz y zona habitada por la clase media opositora al gobierno, fue desalojado bajo amenazas de que lo dinamitarían. Su programación es básicamente cultural. Lo dirige la ex viceministra de Comunicación de Morales, Claudia Spinoza Iturri. Muy cerca de ahí, en el barrio de Chasquipampa, la que sufrió otro ataque fue la presentadora de TV Universitaria y crítica del gobierno, Casimira Lema. Le quemaron la casa cuando no se encontraba y denunció el episodio con un video en las redes sociales.
Se estima que en el país hay unos cinco mil periodistas, según datos de la Asociación Nacional de la Prensa en Bolivia (ANP), que reúne a los empresarios de medios. Esta organización ya había alertado a fines de octubre cómo se iba tornando viral la violencia contra la prensa: “Demandamos a gobernantes, autoridades públicas y privadas, dirigentes políticos y sociales y a la población en su conjunto, respetar, garantizar y facilitar el trabajo de los medios de comunicación y periodistas de Bolivia, que en las últimas horas han comenzado a sufrir amenazas, vejámenes e incluso agresiones físicas. La labor periodística, en ambientes de extrema polarización como el actual, está expuesta a la exacerbación de los sectores enfrentados…”.
La ANP llevaba registrados hasta ayer quince casos de ataques a periodistas desde que el país quedó acéfalo y las calles de sus principales ciudades fueron tomadas por grupos de derecha dispuestos a todo. Ese escenario se complicó más desde que militantes oficialistas también salieron a defender al gobierno de Evo. De un lado están ellos, los campesinos, pobladores de El Alto, cocaleros y militantes del MAS. Del otro los frentes cívicos con el empresario ultramontano Luis Fernando Camacho a la cabeza y el respaldo de las fuerzas armadas y la policía golpistas. La amenaza de una guerra civil es cada vez más verosímil. La escalada de ataques a periodistas parece destinada a impedir que puedan contar lo que está pasando.
