El presidente electo Alberto Fernández salió a desmentir la versión que lo vinculaba a la decisión del saliente Mauricio Macri de traspasar el sistema de protección de testigos a la órbita del Poder Judicial. “Nunca fuimos consultados por semejante tema, por lo tanto muy lejos estamos de avalarlo”, sentenció el presidente electo.

La reacción de Fernández ocurrió inmediatamente después de que el diario Clarín publicara una nota cuyo título indicaba que el decreto presidencial sería firmado “con aval de Alberto Fernández”. Tras la desmentida del propio mandatario electo, el título fue modificado.

“Sólo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos”, tuiteó @alferdez.


El traspaso, según trascendió, incluye a “arrepentidos” de causas con las que un sector de la Justicia involucra a funcionarios del gobierno anterior en casos de corrupción. La publicación desmentida por Fernández indicaba que esto había sido dialogado y puesto de acuerdo con “miembros del equipo de asesores judiciales” del próximo presidente.

La medida que Macri tiene en carpeta para implmentar mediante un decreto es el traspaso del Programa de Protección de Testigos e Imputados. Actualmente el programa está en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal y la intención es dejarlo en manos de la Cámara Federal de Casación, con el argumento de que tiene que ser “independiente”.

El programa no solo tiene la responsabilidad de garantizar la integridad física del “arrepentido” vinculado a alguna causa, sino que también debe hacerse cargo del cambio de identidad, vivienda y localización.

Según los trascendidos, la firma del decreto de Mauricio Macri sería hoy. Desde Comodoro Py se reconoció que hubo al respecto una comunicación informal por parte del ministro de Justicia, Germán Garavano, pero la iniciativa fue rechazada con el justificativo de que los tribunales de Retiro no podrían hacerse cargo de los costes de esa infraestructura burocrática.