El Gobierno de Mauricio Macri teme que se destape la olla de la manipulación de los arrepentidos que declararon en contra de funcionarios del kirchnerismo. En Comodoro Py todos coinciden en que ése es el verdadero objetivo del traspaso del Programa de Testigos Protegidos al Poder Judicial, a menos de un mes de dejar la Casa Rosada. En Tribunales advirtieron que sacarle el manejo del sistema a la próxima administración “es una forma de proteger a los protegidos”. El Presidente quería apurar el pase y tenía previsto firmar un decreto este miércoles, pero ante el rechazo a la medida en el propio ámbito judicial decidió frenar por el momento la iniciativa.

La noticia del decreto, que según pudo saber PáginaI12 quedó eventualmente para otro día, puso en alerta a varios sectores de la Justicia. También generó la reacción del propio Alberto Fernández , quien salió a desmentir que la decisión haya sido consensuada con él, como habían señalado algunos medios.

En el edificio de Retiro, el rechazo a la medida es prácticamente unánime, así como también la lectura de las motivaciones políticas detrás de la decisión y de los impedimentos técnicos y legales para implementar el cambio. En ese marco, Macri habría decidido postergar el traspaso por decreto del Programa de Protección de Testigos e Imputados de la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal a la Cámara Federal de Casación para habilitar algunas rondas de consultas.

En declaraciones a este diario, el presidente del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, reveló que le pidió telefónicamente al ministro de Justicia, Germán Garavano, que retrase la firma del decreto y habilite un espacio de discusión sobre los alcances de la posible medida. “Le pedí un compás de espera y que antes de avanzar con el decreto haya una reunión con la Corte Suprema”, informó el magistrado, quien se mostró optimista respecto del impasse solicitado.

El punto central de la polémica es que en los Tribunales Federales y en el equipo del próximo presidente ven al posible traspaso como una jugada netamente política. “Es una canallada”, disparó una alta fuente en las oficinas de Fernández. Desde ese mismo espacio, además, evaluaron que “decreto mata decreto”, es decir, que si fuera necesario, con una sola firma del mandatario electo podría darse por tierra con el traslado del Programa. Ante una información publicada en Clarín, Fernández había salido a desmentir su supuesto aval: “Nunca fuimos consultados por semejante tema, por lo tanto muy lejos estamos de avalarlo”.

El objetivo del decreto -ahora en espera- es sacarle a la próxima gestión el programa que protege, entre otros, a los testigos que declararon en las causas contra ex funcionarios kirchneristas. “Lo que siempre se sospechó es que el Gobierno tuvo que ver con las negociaciones con los arrepentidos, lo que está totalmente prohibido por la ley. Eso sólo pueden hacerlo los fiscales. Por lo tanto, si el Ejecutivo sólo tiene que garantizar el resguardo, no se explica el traspaso”, dijo uno de los jueces con asiento en el edificio de Retiro.

En la misma línea opinó un fiscal de amplio recorrido en la Justicia Federal: “Una cosa es un testigo protegido y otra un arrepentido. Un testigo de un crimen es una cosa. Hay que cuidarlo para que, por ejemplo, no lo maten en la cárcel por haber colaborado con una investigación. Pero el tema de los arrepentidos que involucraron a ex funcionarios del gobierno anterior es algo diferente. Ahí hubo una zona gris o sinuosa con la inducción para que declarasen. La protección del Gobierno a esos imputados colaboradores fue política, no fue porque corrieran riesgo de vida”.

La lectura prácticamente homogénea es que el macrismo teme que las nuevas autoridades comprueben algunas de las tantas irregularidades que se cometieron con los colaboradores, empezando por el interés y la injerencia directa del propio Ejecutivo en conseguir e impulsar declaraciones para acusar a ex funcionarios en hechos de corrupción. El ejemplo más claro que todos se encargaron de recordar es el de Leonardo Fariña, quien fue coacheado para que involucrara a Cristina Kirchner en delitos de corrupción en el manejo de la obra pública. “En realidad este decreto es una forma de proteger a los protegidos”, evaluaron en el quinto piso de Comodoro Py. En otro de los despachos que albergan a jueces de instrucción agregaron: “Flaco favor les hacen a los arrepentidos que, en general, no son ni más ni menos que instrumentos que utilizaron para hacer política”.

Uno de los doce jueces federales advirtió sobre los lazos de la actual gestión con el presidente de la Cámara de Casación, lo que explicaría la decisión de pasar a esa dependencia el resguardo de los hombres y mujeres que terminaron siendo funcionales al discurso de la lucha anticorrupción del gobierno de Macri: “Hay una enorme sintonía del Poder Ejecutivo con Casación, sobre todo con Mahiques, quien viene de ser ministro de Justicia de María Eugenia Vidal”, dijo.

Ante la consulta de PáginaI12, Mahiques rechazó el señalamiento e incluso buscó marcar sus diferencias con el proyecto de traspaso, sobre todo por las dificultades técnicas y de recursos que implicaría hacerse cargo de esa tarea. El programa -con asistencia de las Fuerzas de Seguridad que están a cargo del Poder Ejecutivo- debe garantizar, entre otras cosas, la integridad física de los testigos o imputados colaboradores y del cambio de identidad y vivienda.

Justamente, además del carril político por el que se desliza la discusión hay un aspecto técnico y legal que podría complicar el traspaso del Programa. Hay divergencias sobre si le corresponde o no al Poder Judicial llevarlo adelante. “Técnicamente le puede corresponder a cualquiera que tenga capacidad operativa de hacerlo. Podría ser el Poder Judicial o el Ministerio Público”, opinó el fiscal Jorge Di Lello. “El punto es el sentido que se le dio a la protección de los testigos. Originalmente se pensó para delitos complejos y crímenes, pero se usó para que la mayoría de los testigos fueran de cargo contra funcionarios del gobierno anterior”, agregó.

En contraposición otro de los jueces de instrucción consultados consideró que la medida “está mal, porque el Poder Judicial solo tiene que juzgar y desnaturalizaría la tarea de juzgar de manera imparcial”. Sin embargo, coincidió en que “sería razonable que el Ministerio Público tenga a su cargo una oficina de protección a testigos”.

Hay un señalamiento en el edificio de Tribunales que es el mismo, sin importar el piso o el pasillo que se recorra: lo que creen los funcionarios salientes es que el nuevo gobierno no puede proteger a los elementos de cargo que operaron contra el kirchnerismo. “El problema es que esta reforma está motivada por cinco testigos emblemáticos de causas políticas, pero hay más de 200 en total. Y hay una idea de que esos cinco no deberían ser protegidos por el próximo gobierno”, explicó otro integrante de Casación.

Lo cierto es que el borrador que llegó a manos del presidente de la Cámara de Casación fue puesto a consideración de manera informal con el resto de los integrantes de ese tribunal y “la reacción fue muy negativa”, reveló otro camarista. Sobre todo porque creen que “técnicamente son atribuciones del Ejecutivo que tienen que ver con la seguridad”. Otro de los jueces opinó sin rodeos ante la consulta de esta cronista: la medida “es improcedente, inoportuna y hasta incompatible”.

En caso de que efectivamente el decreto avance, Mahiques convocará a un acuerdo extraordinario para discutirlo con sus pares. “Es una reforma muy compleja. Necesitamos, en el mejor de los casos, tiempo para implementarla. Y eso el borrador no lo contempla. Además, no creo que sea ni el momento político ni la oportunidad para este cambio”, advirtieron desde Casación.