El Renatre de la era Cambiemos comenzó a funcionar formalmente el 1 de enero de 2017 conducido por las patronales agropecuarias y la Uatre. Desde entonces, pusieron en funcionamiento una estructura de recaudación paralela para el pago de sobresueldos y la distribución de recursos a favor de empresas vinculadas al gremio y a los propios directivos de la entidad, con la complicidad de la cartera laboral y en detrimento de les trabajadores rurales.

Página/12 rastreó una serie de resoluciones internas utilizadas para crear un “Fondo de Estímulo Renatre” (FER) sustentado en un esquema de condonación de deudas a empresas multadas por tener trabajadores informales o el no pago de las contribuciones patronales y otros ítems que beneficiaron directamente a Oscar Bernard, subgerente de Recaudación, director que supo cobijarse detrás de las patronales y la Uatre.

Del total recaudado a través de este circuito, que puede ascender a los 2 millones de pesos mensuales según la nómina de empresas a las que accedió Página/12, Bernard se queda con el 30 por ciento. Así fue estipulado en la Resolución 713/2017 que lleva la firma de Ramón Ayala, reemplazante del “Momo” Venegas en la conducción del Registro. Este directivo también detenta la representación de la delegación de San Juan del Renatre y fue funcionario provincial en la gobernación de José Luis Gioja.

La otra responsable en avalar este esquema de “sobresueldos” disfrazados de “retribución” es Erica Utrera, gerenta Administrativa y Legal del organismo, y empleada en relación de dependencia de la Uatre. Utrera es la misma que convalidó la contratación millonaria de la empresa fantasma Biesles, denunciada ante la Oficina Anticorrupción, tal como publicó este diario en enero de este año.

El reparto

El reparto de recursos entre directivos vinculados a la Uatre y empresas amigas fue planificado desde el primer día de la gestión macrista. Para ello armaron un andamiaje de resoluciones para no llamar tanto la atención (legalidad fraguada). La primera quedó plasmada en el Acta de Directorio del 9 de febrero de 2017, ratificada durante otra reunión de directorio en septiembre del mismo año.

Bernard y Utrera habían conseguido el aval institucional para constituir un Fondo que los beneficiaría directamente pero les faltaba algo clave: los recursos. El 19 de abril, el organismo firmó la Resolución 78 (Plan de Facilidades de Pago) que en su artículo 9 estableció “un adicional equivalente al 2 % por ciento sobre deuda convenida en concepto de gastos administrativos y de gestión”.

Así empezaba a robustecerse el canal de recaudación paralelo que terminaría en las manos de Bernard. Pero no fue hasta el 12 de diciembre cuando el FER quedó finalmente establecido, cuyos recursos saldrían de cobrar otros adicionales del 2 por ciento en las “deudas sobre el Fondo de Desempleo, el Seguro de Sepelio, deudas recuperadas del área de Fiscalización y deudas con organismos públicos”.

Hubo meses que el Registro recaudó aproximadamente 750.000 pesos y otros 2 millones, nutridos por empresas pequeñas, monotributistas o sociedades como Sara Braun SA, Las Margaritas SA, empresa de la familia Etchevehere (Expediente 35.034), Ledesma, o Blueberries SA con un historial de denuncias sobre trabajo informal e infantil.

Según la Resolución 713/2017 del 12 de diciembre, los importes ingresados en el FER debían repartirse mensualmente “en un 30 por ciento para el cargo de Subgerente de Recaudación y Control Contributivo (Bernard)” y el 70 por ciento restante a una nómina establecida por el mismo funcionario.

Hasta 2017 coexistieron varios procedimientos de cobros, uno para los casos de mora, otros para la falta de aportes, otro para contribuciones, etc. Bernard, como subgerente de Recaudación, unificó todo detrás del FER.

El tándem Bernard – Utrera sólo se interesó por incorporar los adicionales al Fondo de Estímulo Renatre; es decir, muchas empresas nunca llegaron a saldar la totalidad de sus multas por aportes o contribuciones impagas.

Este esquema de sobresueldos disfrazado de premios fue objetado por la subgerencia de Asuntos Jurídicos a través del Dictamen 129/2017 (Expediente 15575/2017); el texto sostuvo que el FER caía en “subjetividades y/o arbitrariedades que pudieren ser reclamadas por los trabajadores y eventualmente ser pasibles de constituir injurias laborales.” Utrera se enfureció y lo cajoneó.

Otros desvíos

Además de quedarse con el 30 por ciento de un fondo que todos los meses reunió ciento de miles de pesos, Bernard manejó recursos que debían ser gestionados por la Uatre, como por ejemplo el Seguro de Sepelio. Cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del Renatea, la plata de este seguro regresó al gremio tal cual quedó ratificado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario a través de la resolución 200 del 29 de noviembre de 2016. Sin embargo, la Uatre y el Renatre siempre funcionaron como una misma “caja”. Otro ejemplo lo constituye la empresa Gregard SA, utilizada por Renatre para fiscalizar pero que recibe sus “honorarios” desde la Uatre y Osprera, la obra social del gremio.

“El desvío de esas sumas de las arcas del organismo público a los bolsillos de determinados empleados y de modo desproporcionado al bolsillo del Subgerente, al menos constituye un acto inmoral. Además, se trata de una enorme confusión de recursos entre UATRE (Sindicato) y RENATRE (Organismo Público, si bien no Estatal) con manejos incontrolados de sus cuentas. El Registro debería tener un control de la cartera laboral pero en estas condiciones, ¿quién ejerce ese control?”, reflexionó ante este diario Luis Palmeiro, abogado laboralista y ex trabajador del Renatea.

Mientras todo esto sucede, ¿qué ocurre con les trabajadores rurales? Según datos oficiales, el 44 por ciento está en la informalidad; el Renatre cortó todo vínculo de cooperación con la Procuración contra la Trata y Explotación de Personas; también se eliminaron las prestaciones extraordinarias. Durante cuatro años, fueron abandonados a su suerte.

@spremici