El golpe de estado que sacó del poder a Evo Morales dejó a Bolivia en una situación de extrema fragilidad. Ante la percusión de miembros y funcionarios del depuesto gobierno, el Grupo de Puebla puso en acción su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), integrado por Baltasar Garzón y el argentino Damián Loreti, entre otros juristas de renombre. El Consejo le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga en Bolivia. Denunciaron que se está buscando proscribir la participación de Evo Morales y su partido en las próximas elecciones. También pidieron que se termine con las detenciones ilegales.
El CLAJUD tiene por finalidad estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política. En busca de ese objetivo y ante la grave situación que enfrenta Bolivia, decidieron pedir a la CIDH que tome una serie de medidas cautelares con carácter de urgente. El documento que este Consejo presentó a la CIDH alerta sobre la posible proscripción en futuras elecciones de Evo Morales y los miembros de su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS). “Es manifiesta la intención de impedir que estos ex mandatarios puedan concurrir a las nuevas elecciones que se articulen en el país”, enfatizó el documento del CLAJUD. De concretarse dicha proscripción se daría un quiebre en la continuidad democrática y se vulneraría el derecho de los votantes del MAS, señala el documento. “No queremos que a Evo le pase lo mismo que a Lula”, dijo Loreti en diálogo con Página/12. “A Lula lo excluyeron del proceso electoral sin que haya sentencia firme, eso no puede ocurrir en Bolivia”, sostuvo Loreti. “Velamos por la continuidad democrática en el marco de unos comicios plurales en el que la participación pasiva y activa de los ciudadanos esté garantizada, y para que el presidente Evo Morales, y sus correligionarios políticos, puedan concurrir a las próximas elecciones en el ejercicio de su derecho al sufragio pasivo”, sostiene el documento presentado ante la CIDH.
A su vez, el Consejo denunció la persecución que viven los miembros del partido de Evo Morales. “Se encuentran en estos momentos bajo una persecución ilegal y con ensañamiento que pone en serio riesgo su vida e integridad física, tanto como su libertad personal. La gravedad, urgencia e irreparabilidad de esta situación justifican la procedencia y el otorgamiento de las medidas cautelares aquí pretendidas”, sostuvo el Consejo. Desde la renuncia de Evo Morales a la presidencia fueron saqueadas y quemadas las casas de algunos ex ministros y funcionarios. Esto llevó a que de ellos tres pideran asilo en la Embajada de México. Allí permanecen desde hace días Héctor Arce, ex Ministro de Justicia y Transparencia Institucional; Javier Zabaleta, de Defensa; y César Navarro, de Minería.
El Grupo de Puebla pidió que se respete el debido proceso para evitar detenciones arbitrarias. Esto tiene que ver con la detención de dos miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSF), órgano que se encargó del tan polémico escrutinio de votos. Se trata de Maria Choque Quispe, la Presidenta del TSF, y Antonio Ivan Costas, Vicepresidente del organismo. Para el Consejo Jurídico del Grupo de Puebla las detenciones fueron ilegales y arbitrarias. “Ambos fueron detenidos por fuerzas de seguridad sin orden judicial regularmente extendida, es decir en forma arbitraria”, sostiene el documento del CLAJUD. “Pedimos a la CIDH que exija medidas urgentes que protejan a estos funcionarios y demás autoridades del país que pudieran encontrarse en una situación similar”, informa Loreti.
El Consejo también mencionó detenciones irregulares llevadas a cabo por ciudadanos. “Tenemos referencias de que en Santa Cruz de la Sierra se hacen detenciones "ciudadanas" en las calles, y los entregan a la policía, en ese momento los acusan de todo tipo de delitos sin ninguna garantía a los afectados”, informó el CLAJUD. Tampoco en esos casos se resguardaron los derechos procesales y la defensa en juicio. “El derecho de acceso a la justicia no está siendo garantizado para las víctimas de estos atropellos”, sostuvo el Consejo.
Esos son algunos de los hechos por los que el Grupo de Puebla pidió la intervención urgente de la CIDH. “Es necesaria la intervención vía cautelar de la CIDH, solicitando al Estado garantizar los derechos políticos señalados, ante la urgencia de que se pueda quebrar gravemente el orden democrático, generando un daño irreparable para la estabilidad del país”, sostuvo la CLAJUD. En la situación que vive Bolivia se hace necesario velar por los derechos humanos más básicos.
El Grupo de Puebla es un espacio de reflexión y de intercambio político formado por líderes progresistas latinoamericanos. Entre sus fundadores están Luiz Inácio Lula da Silva, Alberto Fernandez, Rafael Correa y José Mujica.
Informe Juan Manuel Boccacci
