A 25 días de dejar el gobierno, la Casa Rosada quiere sacar un urgente decreto mandando los testigos protegidos que hoy están bajo la órbita del Poder Ejecutivo a ponerlos en manos de la Justicia. ¿Quiénes son los testigos protegidos más importantes? Los claves son muy conocidos: Leonardo Fariña, el chofer Oscar Centeno, el ex secretario José López, el contador Víctor Manzanares y el hombre fundamental del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele. ¿Será que el macrismo no quiere que esos arrepentidos queden a cargo del gobierno de Alberto Fernández porque tal vez se descubra cómo les armaron declaraciones, cómo negociaron que acusen en especial a Cristina Fernández de Kirchner, la forma en que se los usó como instrumento político? No se trata de una especulación, sino que desde hace tiempo hay indicios de que el aparato del Poder Ejecutivo usó su poder, su dinero y la Agencia Federal de Inteligencia para apuntar sus declaraciones contra los ex funcionarios kirchneristas. Una prueba categórica fue que los ex abogados de Fariña sostuvieron que lo que el arrepentido tenía que decir en la Justicia les llegaba, textual, por mail, desde la AFI. Incluso el aparato de inteligencia contrató una abogada para ejercer de coach de Fariña en temas que el arrepentido desconocía.

Cuando de asuntos judiciales se trata, el gobierno de Mauricio Macri se ha caracterizado por manejarse con el máximo atropello. Siempre, claro, con un discurso basado en la institucionalidad y el republicanismo, mientras se los hacía añicos. El ejemplo fundacional fue el intento de designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema como primer acto de Gobierno, pero ese fue solo el comienzo de una planificada estrategia para colonizar cargos claves en tribunales y sacarse de encima a los jueces y juezas que no le agradaban al Presidente y su mesa chica. Lo revelador del proyecto de un DNU para trasladar el Programa de Protección de Testigos desde el Ministerio de Justicia a la Cámara de Casación Penal es que deja al desnudo que la ofensiva judicial no fue solo institucional sino que se metió de pies y manos en el contenido de los expedientes a través de la utilización –entre otras estrategias– de la figura del arrepentido, con el objetivo de generar acusaciones con carácter de prueba contra funcionarios de la administración pasada.

El programa en cuestión protege hoy a 225 testigos de causas de todo tenor (narcotráfico, trata de personas, corrupción, derechos humanos) pero la razón de la ansiedad por sacarlo de la órbita del Poder Ejecutivo, que pronto conducirá Alberto Fernández, tiene que ver con sólo un puñado de cinco o seis de ellos/as. “Son los arrepentidos políticos”, según los define uno de los jueces de Casación consultado por PáginaI12, incómodo con aspectos de la idea del Gobierno y el sentido de la oportunidad. Se refiere a Vandenbroele, del caso Ciccone, y su ex esposa, Laura Muñoz, que fue testigo; a Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta supuesto autor de los cuadernos; al ex secretario de Obras Públicas José López; a Fariña, el arrepentido comodín que además vive con envidiable confort bajo este sistema; al contador Víctor Manzanares, entre los centrales. Lo que ellos tienen en común es que comprometieron penalmente a ex funcionarios del kirchnerismo. ¿Qué consiguieron a cambio? Penas bajas en juicio, en ciertos casos recuperar la libertad (como Fariña), mejores condiciones de detención (como López). El mecanismo de uso de la figura del arrepentido como método de presión se vio claramente en la causa de los cuadernos donde en especial los empresarios acusados que quedaban detenidos eran liberados si “cantaban”. A la larga esos empresarios hasta lograron quedar fuera de la acusación por asociación ilícita y el futuro juicio oral les promete una cosquilla desde el punto de vista penal, donde será más grave el costo de su exposición en futuras audiencias. Pero hubo algunos acusados que decidieron no “colaborar” y denunciaron presiones concretas, como el empresario Gerardo Ferreyra y Rafael Llorens, lo que está documentado. El costo fue pasar varios meses en la cárcel.

¿Que es lo que hace entonces que corran a emitir un decreto a las apuradas? ¿Será que algunos arrepentidos podrían contar entretelones de cómo se arrepintieron? ¿Negociaciones con funcionarios del Poder Ejecutivo? ¿Quiénes? ¿Hubo presiones? ¿Hubo acuerdos económicos? ¿Otros favores?

Un recorrido por los diarios en 2017, en plena tensión en el llamado “caso Ciccone”, que terminó llevando a prisión a Amado Boudou, muestra como se relataba con total normalidad que Vandenbroele “negociaba” (sic) no sólo con la Justicia sino con el Gobierno, y pedía protección y sustento económico. Más precisamente, según esos relatos, intervenían referentes de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad. ¿Y por qué tenía que negociar con el Gobierno sobre un caso judicial? La respuesta es obvia, y está en las causas judiciales en juego: porque el objetivo era destruir a los funcionarios del kirchnerismo. Si era con cárcel mejor. Ya es sabido que, para eso –además– germinó poco después la llamada “doctrina Irurzun” para llevara a prisión antes del juicio a quienes hubieran tenido cargos políticos, fogoneada incluso por el ex presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, cuando invitaba al actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, a dar cátedra ejemplar ante los jueces federales porteños. Moro, vale recordar, fue responsable de la injusta prisión de Luiz Inácio Lula de Silva.

El Programa de Protección de Testigos se remonta al año 2003 y cobró vital importancia en los casos de lesa humanidad después de la desaparición de Julio López, un hecho que sin lugar a dudas sembró temor en muchos de los sobrevivientes y familiares de víctimas que debían declarar en los juicios, que recién se reanudaban después de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Con el tiempo se valoró su relevancia en casos de narcotráfico y de trata de personas. Pero el condimento de los arrepentidos, que es el único que explica la desesperación actual del Gobierno, apareció a partir de 2016 con la aprobación de la ley impulsada por el Poder Ejecutivo. Quien se acoge a esa figura queda bajo un sistema de protección especial para sí y su familia, se le da vivienda, medios y a veces una nueva identidad.

Más allá de los pros y contras de esas figuras y todo el debate jurídico que conlleva, en los últimos tres años tuvo un uso muy concreto en los casos de corrupción, y no fueron precisamente los que involucran a Macri. El Gobierno se lo quiere traspasar a la Cámara de Casación, y quiere hacerlo por DNU, para saltear el Congreso. Ese tribunal hoy está a cargo de uno de sus jueces aliados, Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, padre Juan Bautista, hasta hace unos días representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y ahora fiscal general en territorio de Horacio Rodríguez Larreta. Padre también de Ignacio, uno de los fiscales que acusaron a CFK.

Los arrepentidos representan una bomba de tiempo, como bien teme el Gobierno actual, que hace un acting de arrepentimiento súbito de haberles dado cobijo o bien de pretender ubicarlos en un territorio supuestamente neutral para que no dependan de la administración del Frente de Todos. Pero además una porción poderosa de la familia judicial, que le hizo el juego mientras le resultó conveniente, es coherente con su adaptabilidad de siempre a los tiempos políticos.