El Ministerio de Seguridad creó una unidad de controles toxicológicos a través de la cual se harán controles antidoping y de alcoholemia sorpresivos a policías, gendarmes, prefectos y demás miembros de las fuerzas federales.

La creación del dispositivo que, con el argumento de vigilar al vigilante pone la lupa sobre los problemas de adicción en la órbita de la intimidad de una persona, fue oficializada hoy en la Resolución 507/2019 publicada en el Boletín Oficial.

Allí se dispone la creación de la Unidad de Pruebas Toxicológicas (UPT), un organismo que tendrá como objetivo realizar controles “preventivos y de carácter obligatorio” con todos los miembros de las fuerzas de seguridad “para la detección de consumo de estupefacientes y alcohol”.

En los casos en que el examen dé “positivo”, quedará suspendido “inmediata y preventivamente toda actividad operativa del agente en cuestión” y se le quitará el arma, indica la resolución. Luego, prosigue, deberá someterse a exámenes clínicos, psicológicos y de laboratorio.

El discurso de los considerandos de la resolución firmada por Patricia Bullrich pone el acento en que la UPT fue creada debido a la responsabilidad que recae sobre los funcionarios que portan armas. O sea que, por ejemplo, a la luz de los constantes casos de abuso policial, un agente podría ser penado por consumo de drogas más rápido que por un caso de gatillo fácil.

Los controles antidoping y de alcoholemia fueron autorizados para ser hechos “a toda hora y sin previo aviso” toda vez que un policías, gendarme, prefecto o policía aeronáutico ingrese en las dependencias donde cumple su función. De la misma manera se los controlará antes o durante “operativos de despliegue de las fuerzas”.

Para que se cumpla este fin, a partir de ahora los integrantes de la UPT estarán en comisarías, delegaciones, dependencias y hasta operativos, solicitarán listados del personal y elegirán “azarosamente a los agentes que se encuentren en sus puestos de trabajo”, según establecen los anexos de la norma.

La prueba toxicológica se hará “en un espacio privado” (difícil cuando se trate de un operativo) y se utilizarán los mismos dispositivos con que se hacen los controles de alcoholemia en las calles y el mismo material analizador con que se detecta drogas en un detenido.