A dos años de la tragedia del ARA San Juan en el Atlántico Sur, en la causa judicial que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, su titular, Marta Yánez, ya llamó a declaración indagatoria como imputados a siete ex jefes de la Armada y se espera que el total de acusaciones llegue por lo menos a más de una decena. Las querellas principales tienen distintas miradas sobre los avances en la causa, aunque coinciden en que las responsabilidades políticas tienen que alcanzar, necesariamente, al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al presidente Mauricio Macri. Los mandatos de ambos terminan el próximo 10 de diciembre, de manera que lograron esquivar el juicio político que hubiera correspondido en ambos casos, pero en adelante podrían llegar a afrontar las mismas imputaciones, pero esta vez desde el llano, aunque todo depende de la evolución de un proceso por demás complejo.

En el plano formal, las imputaciones van desde “homicidio por dolo eventual” reiterado en 44 oportunidades, por cada uno de los tripulantes del submarino, pasando por abandono de persona, encubrimiento, mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real. Las querellas representadas por Valeria Carreras --que trabaja en conjunto con Fernando Burlando y Lorena Arias-- y Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos, dieron sus puntos de vista diferenciados acerca de la marcha de las actuaciones de una de las causas de mayor gravedad institucional durante el gobierno de la coalición encabezada por Macri.

Las acusaciones

En el plano concreto de las imputaciones formuladas por la jueza Yáñez, ya son siete los jefes de la Armada que fueron llamados a indagatoria. Son ellos Jorge Andrés Sulía, ex jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones de la misma fuerza; Héctor Alonso, jefe de Estado Mayor de esa dependencia; José Marti Garro, jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento de la Armada.

Este es el panorama al cumplirse el segundo aniversario del naufragio del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El número de los acusados en la causa podría seguir creciendo hasta llegar a cuando menos 13 personas, porque hay doce pedidos de imputación formulados por la querella encabezada por Carreras, más Marti Garro, convocado por decisión de la jueza Yáñez.

“El número se está aumentando de a poco porque cada imputado necesita un día porque la lectura de las pruebas y la imputación tarda cinco horas, por eso incluso los que se negaron a prestar declaración indagatoria, estuvieron igual por lo menos cinco horas ante la jueza, escuchando la acusación”, explicó la abogada que trabaja junto con Burlando y Arias.

“Es tal la cantidad de prueba reunida, de documentos que tienen que ser leídos por los imputados para tomar conocimiento de los hechos por los cuales son acusados y los delitos que se les imputa, que son varios para cada uno de ellos”. La citación a los acusados se complica, además, por la intervención del juzgado en otras causas, como la abierta el pasado fin de semana por el secuestro de 200 kilos de cocaína en un barco amarrado en el puerto local.

En este caso puntual, la otra causa demoró la presentación ante la jueza Yáñez del ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada contralmirante López Mazzeo, uno de los imputados de mayor jerarquía hasta el momento. El abogado de López Mazzeo es Ricardo Saint Jean, quien fue defensor de militares procesados por delitos de lesa humanidad. Forma parte de una familia que antes defendió en los estrados a los ex comandantes militares juzgados y condenados en 1985, cuyo patriarca fue el general Ibérico Manuel Saint Jean, el fallecido ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívico-militar de 1976.

Las pruebas

Hasta ahora, el único que prestó declaración indagatoria fue Villamide, dado que los otros seis se ampararon en el derecho que les da la ley de mantener silencio. El abogado de Villamide es Juan Pablo Vigliero, representante de las hijas del fiscal Alberto Nisman.

Al declarar, Villamide aportó un CD con información y su abogada, al salir del juzgado, dijo que van a plantear en el proceso que en la tragedia del ARA San Juan “hay más responsabilidad política que responsabilidad objetiva” de los jefes militares imputados.

Carreras sostuvo que “lo que está diciendo Villamide en su defensa es que no tuvieron la culpa los jefes de la Armada sino el poder político, es decir los dos civiles a los que estamos imputando nosotros, el ministro Aguad y el presidente Mauricio Macri”. Los imputados por esta querella son doce en total, incluyendo a Macri y Aguad.

“Lo que nosotros hicimos fue acusar por distintos delitos a los doce imputados, pero haciendo la aclaración que eso podría llegar a ampliarse, en cuanto a los hechos puntuales de cada uno, porque todavía faltan producirse unas veinte pruebas, pero no podíamos como querella seguir demorando en presentar nuestras imputaciones, aunque los delitos puedan ampliarse de surgir nuevas evidencias”, explicó Carreras.

Dijo que se trata de una causa compleja, que ya lleva 24 meses de instrucción, pero recordó que “la causa por Cromañón tuvo una instrucción de 26 meses, pero la diferencia fue que en este caso perdimos la oportunidad de hacer renunciar a sus cargos al Presidente y al ministro de Defensa, como ocurrió con ocurrió con (Aníbal) Ibarra en Cromañon”.

En su opinión, el impacto político podría haberse producido en el caso del submarino “si la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, cuando presentó su informe, hubiese pedido el juicio político del presidente Mauricio Macri”.

Según Carreras, todavía “no está probado fehacientemente que la empresa Ocean Infinity haya encontrado al ARA San Juan en el lugar donde dice que lo encontró (y que forma parte de la historia oficial) porque no pudimos peritar las imágenes” entregadas por la empresa. “Las imágenes llegaron dañadas y siguen dañadas, y así quedó asentado en las actas” incorporadas a la causa judicial. Carreras dijo que todavía no pudieron incorporar al expediente “a un biólogo marino para que aporte su visión y tampoco pudimos incorporar los testimonios de dos submarinistas de Perú, mientras que el ministro de Defensa no ha contestado todavía sobre algunas presuntas importantes para el esclarecimiento de los hechos”.

Además de los siete jefes militares llamados a indagatoria por la jueza Yáñez, la querellante pidió la imputación de Macri y Aguad, del ex jefe de la Armada al momento del naufragio, Marcelo Srur, y las del capitán de corbeta Francisco Oleiro, testigo de un diálogo no registrado entre el comandante del San Juan, Pedro Fernández, y el imputado Villamide; de Osvaldo Vernazza, director de Comunicaciones e Informática de la Armada; de Daniel Iribarren, del cuerpo de Integración de Inteligencia de la Armada, y de Gabriel González, ex jefe de la Base Naval de Mar del Plata.