“Lo que está haciendo la jueza es gravísimo, es peor que si no hubiera llamado a nadie”, le dijo a Página/12 Luis Tagliapietra, padre del capitán de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, que volvió a cargar duramente contra la actuación de la titular del juzgado federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. “Las indagatorias fueron sin orden de detención y los imputados fueron, se negaron a declarar y se fueron como si nada, pero lo más grave es que no se le dio un encuadre legal a la imputación”. Explicó que “en ningún momento les dijo yo los acuso de este, este y este otro delito; sólo fue un relato de hechos y ante eso los abogados pidieron prórroga para estudiar el expediente y la jueza les negó copias del expediente, del mismo modo que me las viene negando a mí”.

Tagliapietra recordó que hizo una presentación judicial contra la magistrada “y a pesar de que Casación me dio la razón a mí, pasaron tres meses y me sigue negando darme copia” del expediente. Sostuvo que la jueza “además de violar mis derechos como querellante, está violando el derecho constitucional a la garantía de la defensa, lo que abre la posibilidad de que en el futuro se hagan planteos de nulidad” que podrían, según Tagliapietra, poner piedras en el camino de la investigación con vistas al futuro.

Remarcó que las querellas están lidiando “con estudios de abogados caros, con mucha experiencia, como el estudio de (Juan) Romero Victorica”. Tagliapietra, además de querellante en la causa, viene impulsado el juicio político de Oscar Aguad y Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura.

Consideró que la actuación de la jueza “es una falta de respeto, una burla hacia nosotros”, en su doble rol de querellante y familiar de una de las 44 víctimas del hundimiento del submarino.

Comentó que los imputados siguen teniendo “el aval de la Armada, porque llegan al juzgado en autos de la fuerza, que los lleva y los trae” a Buenos Aires. Sostuvo que “ni siquiera se les aplica la doctrina Irurzun, que es la que se aplica para evitar que los imputados que siguen teniendo vinculación con las instituciones, puedan interferir en una causa” contra ellos. Precisó, en ese sentido, que la fuerza “está influyendo porque hubo muestras de que presionó a testigos”, oficiales de menor rango que fueron a declarar en la causa federal.

Tagliapietra aseguró que al no tener “el acceso al expediente en su totalidad, yo no estoy en condiciones de hacer imputaciones, porque si en mi presentación no presento alguna de las pruebas, después pierdo la posibilidad de hacerlo en el juicio oral; puedo presentar pruebas nuevas, pero no las que ya estaban al momento de hacer la imputación”.

Sostuvo que “desde mayo de 2018 no podemos tener copias del expediente, que tiene más de cien mil fojas, son cincuenta cajas de papeles que ocupan una habitación”. Agregó que si él no puede “estudiar en detalle toda esa documentación para poder citar toda la prueba que tengo, por ejemplo, contra (Luis Enrique) López Mazzeo, yo no puedo acusar porque se me puede pasar por alto una prueba importante que después no la puedo usar en el juicio”.

Recordó que “hace más de un año dije que los delitos que se deben investigar son los de homicidio con dolo eventual por 44 hechos, en concurso con abandono de persona, con incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de una asociación ilícita para encubrir, pero una cosa es que yo lo diga públicamente, y otra es poder materializarlo jurídicamente hablando si no mencionó toda la prueba existente para la imputación individual de cada uno de los responsables”.

Reiteró que el delito central es el de homicidio con dolo eventual, pero luego “se va a tener que determinar el grado de participación de cada uno de los imputados, algunos como autor o coautor, otros como partícipes necesarios y otros como partícipes secundarios”. Estimó que en ese nivel de imputación podría haber “unas diez personas y después aparecen otros como incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero asociados a otros delitos como abandono de persona o encubrimiento, porque no se puede acusar de incumplimiento en abstracto, hay que fundamentarlo”. Tagliapietra fue el primero que se presentó como querellante, a fines de 2017, y representa a familiares de nueve de las víctimas.