La profunda crisis en que asumirá el próximo gobierno hace necesario un acuerdo económico social. De ese tema ya habló Alberto Fernández y tomaron el guante varios sectores con opiniones diversas al respecto. Por eso es importante clarificar su objetivo y contenido.
Es importante tener en cuenta experiencias previas y las circunstancias reales que atraviesa hoy la Argentina. Además es clave poder analizar los contextos de modelos de acumulación y de relaciones de poder en que se da cada acuerdo.
Una instancia importante de dialogo social fue el de 1973, cuando el ministro de Economía José Ber Gelbard promovió el Pacto Social entre el Estado, la CGT y la CGE. El objetivo era poner en marcha la economía a través del empuje de la demanda agregada y el crecimiento del mercado interno. Tuvo los siguientes resultados: la baja de la inflación desde el 80 al 13 por ciento, la desocupación descendió del 6,6 al 4,4 por ciento, y la participación de los trabajadores en el ingreso nacional pasó del 33,0 al 42,5 por ciento.
Muy diferente fue el contexto de endeudamiento, especulación financiera, desindustrialización, caída del empleo y del poder adquisitivo del salario en el cual el presidente Mauricio Macri convocó, sin éxito, a realizar un acuerdo con la cúpula empresarial y la CGT. Entre 2015 y 2019 todos los resultados económicos fueron negativos, llegando a una situación de casi 2 millones de desocupados, 4,7 millones de trabajadores en negro y 2,6 millones de trabajadores informales.
Un acuerdo en las actuales condiciones debería concentrarse en la severa crisis, y el principal objetivo debería ser dejar atrás la economía de la especulación financiera y pasar a una basada en el trabajo y la producción.
Corto y largo plazo
A corto plazo lo crucial es atender la emergencia alimentaria, frenar el cierre de empresas, detener el aumento del desempleo y estabilizar la economía conteniendo los precios y la fuga de divisas. Está claro que para lograrlo es fundamental contar con un plan que contenga la crisis social, un conjunto de acciones que pueda detener la crisis productiva y una política económica de estabilización integral y consistente.
A mediano y largo plazo el acuerdo tiene que extenderse a la búsqueda de consensos sobre una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible, que contemple las reformas en la estructura productiva, la inserción inteligente al mundo y las instituciones económicas que condicionan el desarrollo.
En el plano macroeconómico es necesario un esquema que permita generar empleo de calidad, con competitividad internacional y alternativas para poder controlar la fuga de capitales manteniendo un tipo de cambio estable. En un marco de políticas de crecimiento con distribución del ingreso son necesarias: una reforma tributaria progresiva y una política comercial que proteja a sectores estratégicos de la producción nacional.
En el plano productivo es necesario jerarquizar políticas industriales y tecnológicas, dándoles prioridad y una centralidad estratégicas. Mejorar la productividad del aparato productivo es clave para generar crecimiento y empleo que permita una mayor integración social. Se necesitan mejoras en investigación y desarrollo, en formación continua y también en logística. Es necesario que de una vez por todas la economía argentina pase de ser especialista en materias primas e intensiva en el uso de recursos naturales a ser un sistema productivo especialista en bienes intensivos en conocimiento. La política industrial y tecnológica es la clave para poder generar desarrollo e integración social, pero también para poder superar los desequilibrios macroeconómicos y la restricción externa.
En el plano de lo estrictamente laboral es fundamental que vuelvan a funcionar las instituciones laborales y se pueda comprender que estas instituciones y los derechos laborales no son un obstáculo, sino que son la base de un modelo de desarrollo y crecimiento con equidad. La mayor productividad y competitividad deben sostenerse en un mercado de trabajo que sea capaz de atravesar las transformaciones económicas con niveles de ingresos aceptables y crecientes. Es clave avanzar en el fortalecimiento del dialogo social entre Estado, sindicatos y empresarios, fortalecer la negociación colectiva como espacio de democratización de la relaciones de trabajo. Deben formar parte de la agenda institucional la recuperación de Ministerio de Trabajo y de instituciones que dejaron de funcionar o se limitaron considerablemente en su alcance como la Paritaria Nacional Docente y el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Equidad
Dentro de la nueva estructura del Ministerio de Trabajo es de importancia estratégica planificar un conjunto de políticas que garanticen la equidad de género en los ámbitos del trabajo.
En el marco de la institucionalidad laboral, es clave reconocer la heterogeneidad de actividades y modalidades de trabajo de manera que las políticas públicas laborales puedan garantizar los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores en cualquiera de sus formas y modalidades.
Es evidente que la gravedad de la crisis social y económica hace imprescindible que el nuevo gobierno acuerde políticas de Estado con los actores productivos, económicos y sociales más relevantes y con todos los sectores políticos. La proximidad del abismo es un incentivo poderoso para intentarlo. Tener en claro el para qué y con quienes es crucial para que los acuerdos alcanzados se transforme en políticas públicas viables.
* Director de la Carrera de Gestión de RRHH y Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor de la UBA y la UNQ.