El juez Federico Santiago Díaz, del Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1 de Salta, exhortó a la Agrupación VII de Gendarmería Nacional para que en los sucesivos traslados del represor Joaquín Guil "el personal de custodia se mantenga en los trayectos y espacios de acceso público junto al imputado, con el objeto de evitar situaciones de inseguridad, en particular respecto de eventuales víctimas o testigos de las numerosas causas judiciales en trámite en la jurisdicción en los que el nombrado se encuentra imputado o condenado”.

El llamado de atención para Gendarmería surgió luego de que la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet denunciara en la Fiscalía Federal que el ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta había sido visto en un sanatorio de esta ciudad sin custodia de ningún tipo, a pesar de que está condenado a prisión perpetua y debe cumplir prisión domiciliaria, lo que implica que solo puede salir de su casa con custodia de Gendarmería.

Esta denuncia motivó que se pidiera un informe a la fuerza. Y el fiscal Carlos Amad solicitó al Tribunal la medida que ahora se dictó, tras evaluar que de la información brindada por Gendarmería "no surge detallado si el personal de custodia ingresó al establecimiento médico, ni tampoco en qué sector se encontraba apostado” cuando Guil fue visto y fotografiado en los pasillos del sanatorio CENESA solo acompañado por un famililar. 

La salida de Guil había sido autorizada por el TOF 1, con la expresa indicación de que debía ir “con la debida y permanente custodia” de Gendarmería Nacional.

“Si está condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad y merece la pena de prisión, aun en la modalidad de domiciliaria, no debe andar libremente por el peligro que representa para la sociedad. Nadie debe cruzarse con un genocida condenado sin que este custodiado”, explicó en su momento la abogada María José Castillo, integrante de HIJOS y querellante en causas de lesa humanidad.

“El genocida Joaquín Guil que cuenta con cinco condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad fue descubierto violando la prisión domiciliaria mientras se realizaba chequeos médicos en una clínica privada del centro salteño. Todos sabemos que quien merece la pena de prisión por delitos de lesa humanidad como Guil no debe andar libremente, es un genocida y representa un peligro para la sociedad”, sostuvieron en un comunicado la Asociación Lucrecia Barquet, la Agrupación Oscar Smith del Sindicato de Luz y Fuerza e HIJOS Salta en la red nacional.

Estas organizaciones vienen exigiendo que “todos (los represores) tengan pulseras electrónicas y custodia policial en todo momento, así también que se intensifiquen los controles dadas la grandes violaciones a las prisiones domiciliarias de los genocidas en todo el país. Nadie debe cruzarse con un genocida condenado sin que esté custodiado y esposado”. E invitaron a denunciar estos hechos.

Retomaron también un reclamo insistente de los organismos de derechos humanos: “El único lugar para un genocida es la cárcel común”.

En total, Guil tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad, cinco a prisión perpetua. En diciembre de 2010 fue condenado por la Masacre de Palomitas, el fusilamiento de once detenidos políticos perpetrado el 6 de julio de 1976; en 2011 se lo condenó por su participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal; en 2013 fue condenado en la conocida como Megacausa Salta; en 2015 se lo condenó en el denominado Séptimo Juicio, por delitos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976, y en 2017 recibió prisión perpetua en el Noveno Juicio, por delitos en perjuicio de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Salta. Además, también en 2017, fue condenado a 7 años de prisión por el secuestro y torturas al cooperativista Marcial Uro.