La justicia porteña hizo lugar a un amparo y declaró ilegal la construcción en altura del edificio Astor San Telmo. En la resolución, el juez consideró que las autorizaciones de obra violaron el Código de Planeamiento Urbano al autorizar una construcción que excede los límites de altura establecidos por la ley. En ese sentido, dispuso la paralización de las obras que excedan la altura máxima de 22 metros sobre la calle Caseros, y los 13 metros sobre Bolívar, y ordenó "la reformulación del proyecto edilicio para la obtención de un nuevo permiso de obra, de conformidad con la normativa urbanística vigente". El arquitecto Carlos Blanco, integrante de Basta de Demoler, una de las ONG que impulsaron el amparo, consideró que el fallo es "positivo porque admite como máxima altura lo que habíamos solicitado, que es lo que marcaba la norma para un Área de Protección Histórica (APH 1)".
El juez Pablo César Mantaras, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 3, hizo lugar al amparo que presentaron la Asociación Civil Basta De Demoler, la Asociación Vecinal Casco Histórico Protege y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), y declaró la nulidad de la Disposición N° 1856/DGIUR/2016 (Dirección General de Interpretación Urbanística) y el permiso de obra otorgado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc), para el masivo edificio que se levanta en Bolívar y Avenida Caseros.
El gobierno porteño había autorizado a la empresa desarrolladora TGLT a construir un edificio de 29,3 metros de altura, en el predio que tiene una superficie de 6.334 metros cuadrados y abarca más de la mitad de la manzana. Esa altura excede los límites previstos para las zonas 3c (de 13 metros) y 5c (de 22 metros) del Áreas de Protección Histórica (APH1), de acuerdo al Código de Planeamiento.
Por esa razón, las organizaciones recurrieron a la justicia. Donde además cuestionaron la violación del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y los Derechos Culturales de la Ciudadanía por no respetar las normas del Distrito Casco Histórico de la Ciudad.
En septiembre de 2018, Mantaras dictó una medida cautelar y frenó la construcción por encima de la altura fijada por el Código de Planeamiento. Y el 8 de noviembre pasado dictó el fallo de primera instancia que las organizaciones que presentaron el amparo consideraron muy positivo.
María Rosa Martínez, arquitecta, vecina de San Telmo e integrante de Asamblea Casco Histórico Protege, dijo a Página/12 que "estamos muy contentos con la sentencia, aunque lo que estábamos pidiendo era que se cumpla la ley, algo tan sencillo como eso". Y agregó que "es muy importante porque están pasando muchas cosas en el Casco Histórico, como por ejemplo, que el gobierno quiere demoler el edificio de la Escuela Taller del Casco Histórico para que pase el Metrobus. O los problemas que hay con el espacio público, fundamentalmente, porque no hay una mirada del gobierno de la Ciudad hacia la protección del Casco".
En el mismo sentido, Blanco remarcó que aunque en el área histórica algunos proyectos han avanzado aprovechando algún vacío legal o la falta de una normativa precisa, en "este caso no había ningún vacío legal sino una norma taxativa".
La autorización de retiros en todo el frente del edificio sobre la calle Bolívar y retiros en los últimos pisos tanto sobre la avenida Caseros como sobre la calle Bolívar, mecanismo conocido como compensación volumétrica, fue uno de los instrumentos utilizados para conseguir los permisos de obra, pese a que en la zona APH1, los retiros están prohibidos. El otro, fue el enrase, un procedimiento contemplado en el Código de Planeamiento Urbano, que permite construir igualando la altura de edificios linderos. Sin embargo, el edificio que se utilizó para enrasar está ubicado en otra manzana y fuera del Casco Histórico.
Hay que señalar que en el área se está dando un proceso de renovación urbana con gentrificación, que apunta al turismo antes que a proteger la identidad del barrio. También cabe recordar que durante la última campaña electoral, el ya reelecto Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, prometió "la recuperación del casco histórico de Buenos Aires", aunque no precisó en qué va a consistir.
El abogado que patrocinó la demanda, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que "en la Ciudad existe una práctica sistemática por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística para autorizar emprendimientos inmobiliarios violando la planificación de la ciudad con el único objetivo de permitir una mayor capacidad constructiva en los inmuebles y ganancias para los desarrolladores inmobiliarios sin considerar los derechos ambientales y culturales de los porteños".
