La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, condenó el "uso desproporcionado de la fuerza policial y militar" en la masacre de Sacaba, Cochabamba, donde fueron asesinados cinco trabajadores cocaleros y decenas quedaron con heridas graves, tras ser reprimidos con gases lacrimógenos y balas de plomo. La CIDH recordó al gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez que el Estado tiene la "obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente".
La masacre ocurrió horas después de que el titular de la OEA, Luis Almagro, se comunicara con la presidenta autoproclamada para darle el apoyo del organismo regional, con sede en Washington, y tres días después de que el propio Almagro asegurara que el golpe de Estado en Bolivia lo había dado Evo Morales.
"Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales", advirtió la CIDH en su comunicado, pocas horas después de conocerse la masacre y cuando los medios bolivianos, y algunos medios argentinos, replicaban la versión oficial de que las muertes habían sido provocadas por armas de fuego que poseían los manifestantes.
"La CIDH instaló Sala Situacional (SACROI) e identificó que apenas al día de hoy hubo por lo menos 22 personas heridas, 5 personas fallecidas atingidas por balas y 3 periodistas agredidos en ejercicio de su profesión durante intensa represión a las protestas sociales en Bolivia", ratificó el organismo de derechos humanos las denuncias contra las fuerzas militares bolivianas.
En su pronunciamiento público --que acompañó con los videos que a través de las redes sociales dieron a conocer la represión--, la CIDH expresó su "preocupación por el accionar de las FFAA en las operaciones combinadas realizadas en Bolivia desde el inicio de la semana" y recordó que "los estándares Interamericanos establecen el deber limitar al máximo su participación en el control de disturbios internos".
En ese marco, la Comisión amplió sus advertencia con una declaración de la Relatoría para la Libertad de Expresión respecto de las "amenazas de expulsión de autoridades, agresiones y uso de gas por parte de la policía contra periodistas que cubren protestas". Hechos que este jueves fueron sufridos por los equipos periodísticos de los canales de noticias argentinos TN, América 24, Crónica y Telefé, y que el embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García , se encargó de minimizar.
