La cobertura periodística sobre el golpe de Estado en Bolivia desmitificó aquella extendida -y cuestionable- idea de que "una imagen vale más que mil palabras". Tal vez como nunca antes, la disociación entre lo que narraron los cronistas de los medios argentinos desde el lugar de los hechos, lo que mostraban las imágenes registradas por los enviados especiales, y lo que expresaban los conductores desde los estudios y se alcanzaba a leer en los zócalos escritos con pretensión de verdad, se expuso con tanta brutalidad. Mientras la pantalla evidenciaba el violento accionar de la policía y los militares por las calles, desde Buenos Aires las rígidas líneas editoriales se mostraron impasibles. Ni siquiera la agresión que en La Paz sufrieron los cronistas argentinos, tanto por manifestantes a favor del golpe como por los nuevos funcionarios de facto, les hicieron modificar sus posturas. Salvo excepciones, en la era de la posverdad el periodismo acusó una nueva derrota: la crónica en primera mano perdió valor frente a la imposición de la "noticia deseada". Pero esa elocuente contradicción entre imagen e interpretación a distancia reivindicó el fundamental rol que cumplen los enviados especiales en conflictos políticos y sociales en desarrollo.
A diferencia de otras situaciones, la TV argentina estuvo rápida de reflejos. Desde TN hasta A24, pasando por Crónica HD, El Trece, Telefe y C5N, buena parte de las señales enviaron cronistas a cubrir los acontecimientos políticos y sociales en Bolivia. El que no cambió la insólita postura que asumió en los últimos años fue la TV Pública, que tal como ocurrió con las manifestaciones en Chile, no cubrió los acontecimientos del país limítrofe con periodistas propios. La cobertura informativa para Argentina, una vez más, quedó en manos de los medios privados. Un desprecio informativo de quienes dirigen los medios públicos que ni siquiera varió ante una situación en que la que -como mínimo- está en riesgo la institucionalidad democrática de un país vecino, cuya comunidad es la segunda colectividad extranjera más numerosa del país. Un apagón informático de la pantalla estatal que la próxima gestión deberá revertir.
El primer signo que marcó la cobertura giró en torno a la nomenclatura del proceso que derivó en la “sugerida” renuncia de Evo Morales a la presidencia. Apañados por la decisión del gobierno argentino de no definir el quiebre institucional democrático en Bolivia como “Golpe de Estado”, la mayoría de los canales de TV se esmeraron cuidadosamente en evitar tal denominación. “Crisis institucional”, “transición política” o "situación" a secas, fueron algunos de los recursos lingüísticos que desde los zócalos y de la palabra de las principales figuras se repitieron en los días siguientes a un golpe que con el paso de los días terminó por asumir características de "clásico". Una distinción que no se trata solo de una mera discusión semántica, sino más bien de un posicionamiento periodístico que dio la impresión de no poder escapar a una concepción ideológica contraria al gobierno “derrocado”.
Una de los hechos que describen el contraste entre la información y la expresión de deseo sucedió el martes en el noticiero central de Telefe Noticias. El periodista Reynaldo Sietecase analizaba la peculiar situación de Bolivia, cuando la conductora Cristina Pérez le salió al cruce para invalidar el razonamiento del analista . Pese a que Sietecase le detallaba con datos concretos de que no se hablaba de “fraude”, citando incluso al informe de la propia OEA, Pérez insistió en su idea de que se había cometido “fraude”, señalando que la renuncia a de Evo Morales era una prueba determinante, acaparando el espacio y elevando el tono de voz. Tuvo que intervenir Rodolfo Barili para sumar un dato que a su compañera se le pasaba por alto: que la renuncia no había sido voluntaria sino “sugerida” por las Fuerzas Armadas. Un momento de tensión que puso al descubierto que tampoco los especialistas están exentos de la imposición de la mirada.
El conflicto sobre el punto de vista en Bolivia llevó, incluso, a que diferentes colectivos de trabajadores salieran a diferenciarse de las líneas editoriales de sus medios. Los trabajadores del noticiero de Telefe Noticias salieron inmediatamente a rechazar la decisión de no denominar “Golpe de Estado” lo sucedido en Bolivia. Lo mismo hicieron los trabajadores del diario La Nación y los del servicio informativo de Radio Nacional, quienes directamente denunciaron "censura" en el servicio de noticias de la emisora estatal, ante la orden de una jefa de turno de prohibirles pronunciar la expresión “Golpe de Estado”. Manifestaciones críticas de los trabajadores de prensa hacia las empresas en las que trabajan que, con sus diferencias, empiezan a ser cada vez más frecuentes. Un ejercicio relativamente nuevo en el periodismo argentino.
La semana que pasó también sirvió para constatar una obviedad pero que en el último tiempo no se había reconocido como corresponde: el papel que juegan los equipos periodísticos de los canales argentinos para documentar en primera persona conflictos que se suceden en el extranjero. Mucho más cuando la libertad de prensa local se encuentra cercenada, tal como ocurre en Bolivia desde el domingo pasado. La entrevista que Mariano García, el periodista de Telefe, le realizó a Luis Camacho, el líder cruceño opositor, simplemente animándose a contrastar lo que le respondía con lo que él percibió en las calles, no hubiera sido posible sin haber estado allí. De hecho, en la imagen de ese momento de tensión ante el más elemental ejercicio periodístico se ven numerosos micrófonos de medios locales bolivianos que nada cuestionan y solo atinan a acercarle el micrófono a Camacho.
El colmo de ese desencuentro entre las crónicas que desde Bolivia llegaban en vivo y en directo -dato no menor- al país, y las reinterpretaciones que se hacían desde la comodidad de los estudios, se dio cuando la violencia callejera y gubernamental alcanzó de manera directa a los equipos periodísticos de los canales argentinos. Basta un ejemplo: en medio del momento en el que la periodista Carolina Amoroso, de El Trece/TN, narraba las agresiones sufridas, al punto que tuvo que guarecerse en el hotel para poder transmitir, Sandra Borghi parecía más preocupada por relativizar la denuncia que por condenar tales hechos. "¿Pero los violentos son un grupo o todos?", preguntó desde TN. Inmediatamente, José Vidal no pudo con su genio y se preocupó en aclarar: "nos ha pasado lo mismo, incluso peor, en Venezuela". Ni siquiera la evidencia de sufrir en carne propia la intolerancia de quienes tomaron el poder modificó la perspectiva sobre Bolivia: el "Golpe de Estado" siguió brillando por su ausencia.
En un momento en el que el periodismo está en crisis, cuya credibilidad social se derrumba a cada paso, la cobertura del conflicto político y social en Bolivia puso en evidencia el enorme trabajo de los enviados especiales. La importancia de estar en el lugar de los hechos, de darle voz a quienes sufren y protagonizan la noticia. Aún cuando las crónicas enviadas nunca fueron tan reinterpretadas por zócalos que, desde Buenos Aires, relativizaban lo que las imágenes y los testimonios mostraban. Quedó en evidencia que ya ni siquiera "dato mata relato". Pero la crónica desde el lugar de los hechos, al menos sirve para azotarle a las imposiciones editoriales un fuerte golpe. Ese concepto político-institucional que fue esquivo en zócalos y titulares, pero que se hizo evidente en los hechos.