Por Irina Hauser
Una pregunta común por estos días, y a las puertas del cambio de gobierno, es si el Poder Judicial actuará con los funcionarios macristas que arrastran causas por corrupción como lo hizo con los kirchneristas durante los últimos cuatro años. ¿Mauricio Macri irá preso? ¿Guillermo Dietrich, Luis Caputo, Oscar Aguad, Laura Alonso, Patricia Bullrich…? ¿Los mostrarán en piyama? ¿Habrá venganza? La respuesta es que parece difícil que algo suceda en tales términos, lo que no implica necesariamente que si hay delitos éstos queden impunes: en todo caso, si Alberto Fernández logra implementar algunas reformas que tiene en mente, deberían comenzar a operar otros parámetros que conduzcan a que el sistema funcione de otro modo y con otros principios. El futuro presidente ya piensa en diluir el poder concentrado en los doce juzgados federales porteños con sede en Comodoro Py. Su fusión con los 63 juzgados del fuero ordinario es una de las alternativas.
No es casual la reaparición de Gustavo Béliz en los equipos del Frente de Todos: es el autor original de esa idea, solo que después que la planteó durante el gobierno de Néstor Kirchner se tuvo que ir del país, porque mostró que ese reino de los jueces federales estaba atravesado por los servicios de inteligencia y exhibió una foto de su líder, Antonio Horacio Stiuso. Es evidente que si no se logra desarmar esto último no habrá un cambio de fondo. La otra pata es la aplicación del Código Procesal Penal acusatorio, que se promulgó en 2015, pero cuya aplicación Macri suspendió por decreto apenas llegó a la Casa Rosada. Eso dio continuidad a los manejos tiempistas habituales de los expedientes y a la aplicación de la llamada “doctrina Irurzun” que derivó en el encarcelamiento de más de una veintena de ex funcionarios por el solo hecho de haber tenido cargos políticos.
La Corte y el diálogo
El nombre más firme para el Ministerio de Justicia es Marcela Losardo, amiga y socia del futuro Presidente, quien ya dialoga con actores judiciales. Ambos enfurecieron cuando el Gobierno filtró vía Clarín que Alberto apoyaba el traspaso desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial del Programa de Protección de Testigos, que incluye a los “arrepentidos” cuyas declaraciones se utilizaron para incrimina en especial a Cristina Fernández de Kirchner. “Solo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo….” tuiteó Alberto Fernández. La cuestión pinta cómo se maneja el Gobierno saliente: abre el paraguas (no sea cosa que se sepa que sus declaraciones fueron armadas o negociadas). La otra reacción negativa vino del propio Poder Judicial, con la Corte Suprema a la cabeza.
Los supremos ya no dialogan con la Casa Rosada y la culpan por la incomunicación. En cambio, hay diálogo prolífico –excepto en el despacho del oficialista Carlos Rosenkrantz-- con el equipo de Fernández. El mensaje político tranquiliza al tribunal: “La Corte no se toca, la Constitución no se toca, el único problema es Retiro (o sea Comodoro Py)”. El futuro gobierno empieza testear en el territorio de la Corte la viabilidad de leyes que serán determinantes para el futuro económico del país.
El poder de Comodoro Py
Es obvio que todos los instrumentos de persecución judicial de opositores que Macri alentó en estos años son ahora su fantasma: uno de ellos es el poder concentrado de los jueces federales porteños y el otro es el abuso de las prisiones preventivas. Para Alberto Fernández parte de esta circunstancia puede ser capitalizada para impulsar transformaciones. Queda claro que Macri intentará hacer aparecer algunas como propias, como ocurrió ahora con la aprobación por parte de la Comisión bicameral que aplica la reforma procesal de reglas que limitan la prisión preventiva, que tendrán fuerza ley luego de publicadas en el Boletín Oficial.
La reforma en cuestión, que instala un sistema acusatorio (con protagonismo del Ministerio Público Fiscal, sistema oral, ágil, con tiempos acotados y reglas nítidas), fue aprobada en 2014, impulsada por el kirchnerismo, y promulgada en 2015. Debía comenzar en 2016, pero Macri la suspendió por DNU. ¿Por qué? Porque iba a quedar a cargo de Alejandra Gils Carbó, a quien quería echar y atacó hasta lograr su renuncia. En 2018 el oficialismo aprobó retoques a ese nuevo Código que no se aplicaba. Recién este año se empezó a implementar en Salta. La bicameral resolvió esta semana aprobar normas elementales generales: entre ellas, requisitos precisos para privar a una persona de la libertad antes del juicio. Ya estaban en el código aprobado en 2015, pero ahora la prisión es una preocupación para el macrismo. Si se hubiera aplicado en su momento, la “doctrina Irurzun” no hubiese sido posible.
El futuro presidente planea ejecutar íntegra la reforma procesal, que quita a los jueces injerencia en las investigaciones. Será clave la figura del/la Procurador/a. Uno de los nombres que más suenan para ese cargo es el del juez federal Daniel Rafecas, que necesitará dos tercios de los votos en el Senado. Rafecas fue uno de los jueces más atacados, sin éxito, por el oficialismo, entre otras cosas por haber desestimado la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra CFK por encubrimiento en el caso AMIA.
Pero uno de los grandes focos de preocupación del Presidente electo está puesto en los tribunales federales porteños. Más allá de las especulaciones con la jubilación o retirada de algunos jueces y fiscales, Fernández apuesta a recuperar la vieja idea de Béliz de licuar la concentración de poder de los 12 jueces federales en una fusión con los juzgados de instrucción porteños, que son 63, y lo mismos con las cámaras de apelaciones y casación. Que todos investiguen todos los delitos. Algunos juristas creen que, en base a una ley ya vigente que en 2016 habilitó la transformación de tribunales ordinarios en federales, se podría activar la unificación de fueros. Otros plantean que debe haber una nueva norma. Otra alternativa en análisis es la creación de más juzgados federales. Mientras tanto, los jueces y juezas ya dan muestras nada disimuladas de cambio de época al activar causas contra Cambiemos.
Un aspecto difícil atañe a la cara más oscura del funcionamiento de tribunales: la injerencia de los servicios de inteligencia. Lo confirma la suerte de Béliz allá en 2004 después de mostrar la cara del agente que dirigía la batuta y decirlo expresamente. Quizá hoy se conoce un poco más de los manejos del espionaje estatal y paraestatal ilegal a partir de investigaciones judiciales, como la que tramita en Dolores. Un dato inquietante es que Stiuso allí es querellante, lo que muestra el grado de complejidad de las cosas. A la vez el macrismo ha dejado a la vista la intensa actividad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los intentos por perjudicar a determinados dirigentes, como ocurrió –por caso-- con los Moyano, según las denuncias de presiones como la del juez Luis Carzoglio. Todavía es un misterio que hará Alberto con la AFI pero sin duda será un factor crucial también en la reformulación del sistema de justicia. Por su estilo y su perfil académico es improbable que aliente las visitas de “operadores” a la vieja usanza. Otro interrogante es si quedará la oficina de escuchas (que hoy también investiga) dentro de la Corte Suprema, desde donde funcionó como apéndice de Comodoro Py.
Sobre la Oficina Anticorrupción (OA), más de una persona le escuchó decir a Fernández que deberá quedar a cargo “una persona intachable”.
Consejo de la Magistratura
Así como cuestiona explícitamente el trámite de causas, Alberto Fernández que hay que poner la lupa sobre el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona jueces, y que fue utilizado por el oficialismo para atacar jueces que no eran de su agrado y digitó concursos, como plantea el informe del relator de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial. Pero los primeros cambios en ese órgano se instrumentarían desde adentro con reformas reglamentarias. Algunas ya fueron impulsadas, sorprendentemente, como la que limitó las designaciones de jueces por “traslados” en cargos estratégicos. Habrá que ver si trae consecuencias en designaciones, como los jueces trasladados a la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
A partir de diciembre podría haber un mínimo cambio en la relación interna de fuerzas de los 13 integrantes del organismo, pero ni oficialistas ni opositores tendrán garantizados los dos tercios para iniciar juicios políticos o elegir jueces. Hasta ahora por lo general el macrismo tenía siete votos y la oposición seis. Será a la inversa. El Frente de Todos designará un representante del Poder Ejecutivo, que podría ser Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo Wado de Pedro. Eso ya modifica la mayoría.
