El presidente Mauricio Macri se despide haciendo regalitos a los amigos con dinero de los contribuyentes. El jueves concedió una dádiva suculenta (24.524 millones de pesos) a las empresas petroleras. La nota de tapa de este diario, anteayer, explicó que la medida es ilegal e injustificada aún desde el limitado ángulo económico. A ella remitimos, agregando que beneficiará de modo ¿indirecto? a ex funcionarios oficiales o sus empresas: Javier Iguacel, Juan José Aranguren. La especialidad de la casa, el conflicto de intereses zanjado a favor de los ricos-amigos-aliados.

La medida hace juego con decisiones tomadas estando de salida, en plena transición cuando el respeto al veredicto popular aconseja ser cauto. Macri resuelve esas cuestiones pero no se da tiempo para implementar la Emergencia Alimentaria que es ley y no un decreto o una resolución administrativa.

No es la primera vez. En contadas semanas el presidente prodigó clientelismo VIP:

*Redujo el monto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, favoreciendo a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y perjudicando a los laburantes. Bingo.

*Autorizó tarifazos de gas y energía eléctrica.

*Dio vía libre a aumentos de precios de combustibles líquidos.

El momento, la magnitud, el favoritismo configuran una inmoralidad.
El presidente electo Alberto Fernández anunció que retractará varias de esas medidas. Si pudiera debería anularlas todas.

Inmorales, de dudosa prosapia legal son corrupción aunque queda por verificarse en Tribunales si tipifican delitos. La presunción de inocencia protege a cualquier ciudadano raso. Macri lo será, por decisión popular, dentro de 23 días.

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Lloverán causas judiciales, muchas ya comenzadas, contra Macri e integrantes de su equipazo como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Por delitos económicos o encubrimiento de crímenes, ocultamiento de información, espionaje ilegal.

El Congreso resolvió que rigiera de inmediato una parte de la Reforma al Código Penal, aprobada tiempo atrás. Se regulará-restringirá la apodada “doctrina Irurzun” engendro jurídico de la era macrista usado para perseguir, desacreditar, encarcelar y, en el borde, proscribir a opositores políticos. La movida llega tarde aunque va en buen sentido.

Los medios hegemónicos alertan que beneficiará a presos kirchneristas. En realidad reconocerá la presunción de inocencia luego de encarcelamientos sin condena.

Ocultan que la legislación aggiornada aliviará al elenco macrista que no será tan agredido como sus rivales. Deben ser investigados, procesados, juzgados y condenados cuando corresponda. No privados de la libertad de antemano como recurso político.

Ejemplar la respuesta de abogados de los presos y de dirigentes del Frente de Todos: no cambiaron la postura mantenida durante años, no se inclinan por la vendetta, respetan al Estado de Derecho. Como en Brasil, como en Bolivia, la derecha es mucho más violenta y proclive a la ilegalidad que los aborrecidos “populistas”.