En los últimos días la Fundación Ambiental de Recursos Naturales (FARN), comenzó a reclamar por una recomposición y cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos que creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN).

Desde la organización se reclamó por escrito al Congreso de la Nación aumentar de manera significativa la partida presupuestaria prevista para la protección de los bosques nativos en el proyecto de ley de presupuesto 2020, por cuanto su artículo 18 prevé asignar un total de $609.829.000, “lo que equivale a solo el 3,25% del mandato legal y significa que por cada hectárea de bosque nativo que posee, Argentina invertirá apenas $10,20”, indica la organización ambientalista.

En Salta, según el informe del Ministerio de Trabajo, Producción y Desarrollo Sustentable, en 9 años de aplicación del artículo y de otorgamiento del fondo llegaron a la provincia $400.272.414,57. Si se toma este total como referencia, se pagaron $266 por hectárea, lo cual representa un pago anual por hectárea de $29.50.

Sin embargo, la ley dispone que el 70% de los fondos es para la protección de bosques y el 30% restante para la implementación de asistencia técnica y financiera para fomentar actividades sostenibles desarrolladas por comunidades aborígenes y pequeños productores, y al desarrollo y mantenimiento de una red de monitoreo y sistema de información de bosques nativos.

El total de los proyectos financiados durante las convocatorias 2010 a 2018, es de 549, con un monto total asignado para su financiamiento de $282.330.285,23 correspondiente al 70% de los fondos. “A través de estos proyectos la provincia posee una superficie aproximada de 1.500.000 hectáreas bajo manejo y conservación”, indica el informe. Tomando en cuenta ese número, el pago por hectárea por año baja a 20 pesos.

Un pago a medida

Aunque para la FARN es importante conseguir más financiamiento, hay otras entidades como Greenpeace que entienden que el cuidado de los bosques no pasa precisamente por el pago para la conservación, sino por el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que indica dónde desmontar y dónde no. 

En un único informe que se conoció en la provincia se pudo observar que, de hecho, parte de quienes recibían los fondos para conservar los bosques eran propietarios de fincas en vías de desalojar campesinos, o que ya tenían otras producciones para las que habían desmontado grandes superficies. Los pocos proyectos orientados a comunidades criollas o indígenas se perdieron en medio de la burocracia. Son pocas las iniciativs que lograron captar fondos luego de años de sortear instancias burocráticas. El resto quedó en el camino.

El primer pago del Fondo en Salta se volcó en 2010 con un total de $28.034.993,10. Al año siguiente creció un 59%, pero empezó a decrecer hasta 2015, con solo un 15% más sobre la suma original de 2010.

En 2016 el pago solo fue del 4% más. Pero subió exponencialmente en 2017 y 2018 con un 173 y 177% por encima de la cifra original de 2010. Un dato que llama la atención, si se tiene en cuenta, por ejemplo, la situación en el INTA en donde el presupuesto creció entre 2018 y 2019 sólo un 9% más. Poco se conoce de quienes fueron beneficiados con estos fondos.

Una conclusión posible es la de la doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, Mariana Schmidt, quien en su artículo “Recursos naturales y económicos en disputa. Bosques nativos y fondo compensatorio en la provincia de Salta, Argentina” (https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/57715/CONICET_Digital_Nro.10e10a75-677d-42d4-a9d9-6dcd62e24a9b_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y), de 2015, sostiene: “cuando se ha apuntado hacia las consecuencias de la ‘ley de bosques’ en términos productivos, se la ha acusado de frenar el desarrollo y se ha propiciado su revisión. Por otro lado, cuando se ha tratado de la llegada de las partidas del Fondo compensatorio, la política de protección de bosques ha pasado a ser de vital importancia. En adición, en su implementación y distribución, el FNECBN -a pesar de los montos exiguos- ha sido usufructuado en mayor medida por grandes empresarios agropecuarios y productores forestales”.