La Comisión de Usuarios Residenciales de Gas Natural (Cuenargas) le pedirá al presidente electo, Alberto Fernández, que anule el aumento en las tarifas previsto para enero de 2020. La suba debía aplicarse en octubre, en medio de la campaña electoral, y fue postergada por el gobierno de Mauricio Macri. Desde la entidad, también le solicitan a Fernández que cumpla con la promesa de campaña de desdolarizar las tarifas. Y piden que a partir del 10 de diciembre la nueva gestión deje sin efecto la compensación millonaria a petroleras que autorizó Macri. En medio del ajuste, las empresas energéticas cobrarán una deuda con el Estado.
Cuenargas está integrada por 21 asociaciones de consumidores de todo el país, con reconocimiento del Estado, y funciona en el Enargas desde 2003. La conforman entidades como Adecua, Consumidores Libres, Deuco, entre otras.
Frenar el aumento
A través de un comunicado, la entidad solicita que a partir del 10 de diciembre, el próximo gobierno negocie “en forma inmediata” con empresas productoras, transportistas y distribuidoras de gas natural para evitar la aplicación de un nuevo aumento en las tarifas. “La dolarización impuesta desde el inicio del actual gobierno permitió un incremento tarifario que en cuatro años llegó al 2500 por ciento promedio, y afectó a usuarios residenciales, pequeños comercios e industriales pymes”, establece el documento. “Por insuficiencia económica, miles de usuarios dejaran de tener el servicio esencial del gas natural”, agrega.
También, rechazan la dolarización de las tarifas que impuso el actual Gobierno. Reclaman que sean establecidas de acuerdo a los costos de producción, transporte y distribución de las empresas. Y que sean fijadas en pesos desde el gas en boca de pozo hasta el domicilio del usuario. “Las tarifas deben ser equitativas, justas, razonables, asequibles a los ingresos de los usuarios, respetando la doctrina dictada por la Corte Suprema”, establecen desde la entidad. Estiman que el próximo Gobierno avalará el pedido, ya que Alberto Fernández habló en reiteradas ocasiones sobre desdolarizar y pesificar las tarifas.
El aumento previsto para enero del año que viene debía aplicarse el primero de octubre, en medio de la campaña electoral, pero el gobierno decidió postergarlo . Por lo que el aumento diferido de enero no sólo va a contener la suba que estaba prevista para octubre, sino el diferencial de octubre hasta enero. De esta forma, el incremento esperado, si rigiera el esquema tarifario actual, podría ser importante, a raíz de la devaluación del peso que impacta sobre el gas en boca de pozo y la inflación mayorista que mueve los ingresos de transportistas y distribuidoras. Además, desde diciembre las boletas van a incluir el pago del descuento del 22 por ciento que se aplicó en las boletas de invierno y que deberá ser abonado por los usuarios en el verano, cuando el consumo es menor. Había sido otra de las medidas que tomó el Gobierno para que la tarifa se mantuviera prácticamente sin cambios en los meses invernales de mayor consumo, previos a las elecciones.
Millones a las petroleras
“Le pedimos al presidente electo que a partir de la asunción de su cargo deje sin efecto el pago de las compensaciones dispuestas por la resolución 735/19”, establece el comunicado de Cuenargas. A través de esa resolución, el Poder Ejecutivo autorizó el pago de una suma extraordinaria de 24.524 millones de pesos a productoras y distribuidoras del sector energético. “Son las nuevas autoridades nacionales quienes deben establecer las condiciones de prestación del servicio de gas natural”, agrega.
En medio de creciente restricciones fiscales, que llevaron al gobierno a recortar gastos de todo tipo e incluso reperfilar las deudas en pesos de corto plazo, las petroleras cobraran una deuda con el Estado. La medida fue autorizada por Macri a menos de un mes de dejar el poder. La compensación para las petroleras surge de las diferencias entre el precio que les abonaron las distribuidoras y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de este año.
El Estado había asumido el pago de estas diferencias luego de dar marcha atrás en el intento de trasladar este costo a los usuarios. El octubre del año pasado, el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, había decidido que las pérdidas de las empresas producto de la devaluación fueran compensadas por los usuarios en 24 cuotas mensuales. La decisión fue cuestionada por la oposición y también por la Unión Cívica Radical, integrante de la coalición Cambiemos, y forzó una marcha atrás de la medida. La resolución 20/18 fue dejada sin efecto y al poco tiempo Iguacel fue desplazado de su cargo. No obstante, el gobierno nacional admitió entonces que se haría cargo de la deuda, lo cual efectivizó a poco de su salida.
