La defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa, presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto 4078 firmado por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, que exime a las fuerzas armadas de responsabilidad penal para reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado. "Hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así", advirtió la defensora del pueblo y exigió no "olvidar las muertes" ocurridas en Cochabamaba el viernes pasado. Por el momento, la Justicia boliviana solo ordenó la detención de 9 cocaleros y un dirigente del MAS.
El decreto —que consiguió la rápida condenada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) — fue firmado por Áñez en la mañana del sábado, tras la masacre producida por la represión contra los sindicatos cocaleros en la localidad de Sacaba , a pocos kilómetros del centro de Cochabamba. La defensora del Pueblo confirmó que hubo 9 muertos y 122 heridos tras la represión, "el número más alto" de víctimas desde que la violencia comenzó a escalar en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre.
Tarifa, en diálogo con FM La Patriada, precisó que desde las elecciones se produjeron 23 muertes, pero 14 de ellas ocurrieron, por impactos de bala, a manos de policías y militares desde el golpe de Estado, mientras que el resto ocurrieron por enfrentamientos entre civiles.
La defensora desmintió "absolutamente" la versión oficial repetida por medios bolivianos y algunos argentinos sobre que las muertes de Sacaba fueron provocadas por armas de fuego en manos de los cocaleros. "No existe un solo policía ni un solo militar que haya perdido la vida", resaltó la defensora y agregó que en los hospitales tampoco había registrados heridos de gravedad entre los agentes de las fuerzas.
Los medios bolivianos consignaron este lunes que el fiscal de Sacaba ordenó encarcelar a nueve cocaleros que participaron de la movilización y le otorgó prisión domiciliaria a un vocero del MAS, a quien además le prohibió mantener contacto con organización sociales y políticas. A todos se los acusa de "atentados contra la seguridad del Estado y alzamiento armado".
"El Ministerio Púiblico debe determinar las responsabilidades, esperemos que esa investigación sea oportuna para esclarecer lo sucedio. En Bolivia no tendría que haber impunidad y dejar estas muertes en el olvido", exigió la defensora del Pueblo.
Ante la carta blanca que significa para militares y policías el decreto 4078 del gobierno autoproclamado, Tarifa adelantó que la Defensoría estaba presentado un pedido de inconstitucionalidad y le recordó a los integrantes de las fuerzas que a la larga el decreto no les daría ningún margen de protección.
"El decreto no considera las garantías mínimas establecidas en nuestro marco constitucional y en el sistema internacional de derechos humanos. Estos delitos deben considerarse como ordinarios y van a ir al sistema de justicia penal. Vamos a insistir como Defensoría para que haya un procesamiento y sanción", aseguró Tarifa.
