La cadena estadounidense de supermercados Walmart demandó al Estado chileno por "incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública". La acción judicial está motivada por los reiterados saqueos e incendios de locales que se produjeron desde que estalló el conflicto social en el país trasandino, hace exactamente un mes. A tono con el presidente Sebastián Piñera, Walmart exigió mayor presencia de carabineros en las calles. Desde el gobierno chileno temen que este caso sea tomado como bandera de futuras denuncias de grandes, pequeñas y medianas empresas.
"Desafortunadamente, el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior afectando las garantías constitucionales del derecho de propiedad y el derecho de ejercer libremente una actividad económica, garantías consagradas por nuestra Constitución Política de la República", señaló en un comunicado la multinacional, según información del Diario Financiero de Chile.
"Es un hecho público y notorio que el país se encuentra sumido en una crisis social y política de proporciones. Como también es de público conocimiento que diversos locales de mis representadas han recibido graves ataques por parte de masas de individuos que los han saqueado y/o incendiado, produciendo graves daños a su infraestructura y destruyendo y/o robando los productos exhibidos en sus salas de venta, así como los almacenados en sus bodegas", argumentaron los abogados que representan al gigante norteamericano.
"En Walmart Chile lamentamos profundamente los hechos de violencia que han afectado a nuestro país en las últimas semanas. Como compañía hemos sufrido más de 1.200 episodios de saqueos y resaqueos e incendios, los que han afectado a 128 locales, además de 34 supermercados incendiados, 17 de ellos con pérdida total", indicaron.
Por tal motivo, la empresa presentó acciones en las cortes de Apelaciones de las ciudades de Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia: las tres últimas ya fueron declaradas admisibles. La compañía solicitó en los recursos presentados a la justicia la protección por parte del cuerpo de Carabineros de 76 supermercados: 6 en Chillán, 16 en Temuco, 29 en Concepción, 8 en Valdivia, 16 en Puerto Montt y uno en Arica.
Sin embargo, después del artículo de Diario Financiero que daba cuenta de los detalles de los recursos presentados por la compañía, Walmart alivianó su postura frente a la responsabilidad del Estado. "Walmart Chile no pretende, ni ha pretendido, responsabilizar al Estado por los daños ocurridos en sus locales, sino que por el contrario los recursos tienen la finalidad de solicitar la seguridad que en razón del riesgo y peligro en cada caso fuese necesario", expresaron a través de un nuevo comunicado subido a redes sociales.
Tras conocerse la postura de Walmart, la primera en hablar desde el gobierno chileno fue la flamante vocera, Karla Rubilar, quien afirmó que los recursos judiciales "se pueden realizar, porque para eso estamos en un Estado de Derecho”. Más adelante agregó que la cadena de supermercados "ha señalado en otro comunicado que quiere que sigamos trabajando juntos en superar la situación de emergencia".
Por su parte, el ministro de Hacienda Ignacio Briones sostuvo que "hay que dejar que las instituciones funcionen", al ser consultado por los recursos presentados por Walmart, que dijo desconocer en detalle.
También se expresaron los sectores aliados al gobierno de Sebastián Piñera. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dijo que lo planteado por la multinacional "es legítimo, pero Walmart debe comprender lo sucedido, no sé si hace lo mismo en Estados Unidos cuando hay estallidos sociales, pero serán los tribunales los que deben acoger o no la denuncia".
Para la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, “ellos no necesitan indemnizaciones, son una empresa internacional. El tema es que no se deben saquear e incendiar comercios que dan trabajo a mucha gente. El Estado hizo todo lo que estaba al alcance de su mano”.
El tema preocupa al gobierno y en especial al ministerio del Interior, ya que podría significar el principio de una seguidilla de denuncias de grandes empresas en contra del Estado, y también de pymes que observarán con atención cómo se resuelve este caso y si ellas tomarán la misma determinación.
