El reclamo por la implementación de la ley de cupo laboral trans, que se aprobó en la provincia de Buenos Aires en 2015, fue una constante en estos años de macrismo, de parte de las organizaciones LGBTTI+. “Solo contrataron a tres compañeras en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires”, apuntó a Página|12 Claudia Vázquez Haro, mujer trans, migrante, comunicadora social, activista, y presidenta de la organización Otrans Argentina. Un incremento de la violencia contra el colectivo trans, y su expresión más extrema, los trans y travesticidios, las largas listas de espera para operaciones de reasignación de sexo que pueden llegar hasta 3 o 4 años en el Hospital Gutiérrez, de La Plata, faltantes de hormonas y por momentos, medicamentos para el VIH/sida y un aumento de detenciones arbitrarias de personas trans por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en el territorio gobernado por María Eugenia Vidal, son algunas de las problemáticas más acuciantes, que no fueron atendidas, o se agravaron para las personas trans y travestis en los cuatro años de macrismo, enumera Vázquez Haro. Un reciente relevamiento que hicieron desde Otrans Argentina en cárceles de la provincia mostró que desde 2015 se duplicó la población carcelaria trans y travesti. En contextos de encierro, otro gran problema ha sido el acceso a la salud: en 2017 murieron tres personas trans con enfermedades crónicas, en el penal de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica oportuna y adecuada, recordó.
