En los primeros dos años y medio de gestión macrista se perdió la oportunidad de avanzar en la incorporación a las aulas en todo el país de la Educación Sexual Integral, una herramienta federal que apunta a construir una sociedad más igualitaria e inclusiva, y a prevenir el bullyng, el abuso sexual en la infancia, los embarazos no planificados y la violencia en los noviazgos, entre otros objetivos.

Pero en 2016 y 2017 el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que depende del Ministerio de Educación, sufrió una política de desmantelamiento, con grandes recortes presupuestarios y la suspensión de las capacitaciones masivas a docentes que venían realizándose durante el último tramo del kirchnerismo. Recién después del debate por el aborto, donde legisladores verdes y celestes coincidieron en la necesidad de garantizar la ESI en las escuelas, se reanudaron las capacitaciones, con acciones que efectivamente están llegando a las aulas, en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes (ENIA), una política que debería tener continuidad y que articula a distintos ministerios. De todas formas, se está aplicando recién en 11 provincias, aquellas con indicadores más preocupantes. Y por el momento, solo alcanza a unas 1500 escuelas de las regiones NOA, NEA y conurbano de la provincia de Buenos Aires.

En Argentina 109.000 adolescentes y 3.000 niñas menores de 15 años tienen un hijo o hija cada año, lo cual representa el 15% de los nacimientos anuales. En los últimos 5 años este porcentaje se mantuvo estable.

• 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales.

• 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.

• 30% de las jóvenes que abandonaron el secundario, lo hicieron por embarazo o maternidad.

• 67% de las/los adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo son mujeres que cuidan niñas/os en sus hogares.

El Plan ENIA contempla consejería en escuelas medias, además de distribución de anticonceptivos en centros de salud, entre otros ejes. Consultada por este diario, Natalia Gherardi, coordinadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, destacó como un “aspecto sumamente positivo” el diseño y puesta en marcha Plan ENIA. “Es una política que debe continuarse y profundizarse, mejorando el compromiso de las provincias para hacer la implementación efectiva, que es parte de sus competencias y llegando a más provincias”, indicó Gherardi. También Mariela Belsky, de Amnistía Internacional, coincidió en la necesidad de darle continuidad en el próximo Gobierno.

Pero la ESI no debería llegar solo a escuelas medias, como prevé el Plan ENIA. La ley 26.150 prevé que se dicte desde el nivel inicial y hasta la formación docente, y en forma transversal en los distintos contenidos curriculares.

Mientras que entre 2012 y 2015, las escuelas que participaron de capacitaciones, para que su personal docente estuviera más preparado para dar la ESI, fueron 44 mil. Desde que llegó el macrismo al Gobierno y los primeros meses de 2018, apenas llegaron a 600, de acuerdo con un monitoreo del Instituto Marina Vitte, de la Ctera. Por otra parte, desde Nación no se dio financiamiento específico para ESI en los fondos derivados a las provincias: recién en 2019 volvieron esos aportes, según informaron a Página|12 referentes de distintas juridiscciones.