“El debate de aborto en el 2018 puso de manifiesto una posición ambigua del Gobierno respecto de la importancia de legalizar el aborto, que terminó de plasmarse con la falta de una propuesta de despenalización del aborto en el Código Penal y una agenda de campaña que terminó de acercar a Cambiemos a la agenda celeste”, indicó Mariela Belsky, directora ejecutiva de la oficina argentina de Amnistía Internacional. Si bien Mauricio Macri habilitó la discusión en el Congreso y la promovió, no hizo ningún esfuerzo por sumar los votos que hacían falta para que el proyecto de despenalización y legalización del aborto fuera aprobado en el Senado. La vicepresidenta y titular de la cámara alta, Gabriela Michetti, jugó abiertamente en línea con los sectores antiderechos. Y celebró la no sanción de la ley. Durante el último tramo de la campaña, Macri radicalizó su discurso a favor de “las dos vidas”.

Para Natalia Gherardi, de ELA, aunque no se logró la aprobación de la legalización de la interrupción voluntaria de embarazo, “el proceso del debate parlamentario fue sumamente positivo y ese es un logro de la sociedad y un avance para la democracia”, destacó a Página|12. En ese marco, también señaló como positivo que la ANMAT haya aprobado el misoprostol como uno de los medicamentos que debe estar disponible para la población.

Con relación a los abortos legales, previstos en el Código Penal desde 1921, Belsky señaló que “no hubo voluntad política clara” de parte del Ministerio de Salud, degradado a Secretaria, para garantizar su acceso, en contextos provinciales adversos, como ocurrió con la niña Lucía, en febrero en Tucumán. Un claro ejemplo de esa postura, fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, terminó corriendo del ministerio de Salud a Zulma Ortiz, cuando la funcionaria quiso adecuar el protocolo bonaerense de atención de interrupciones legales de embarazo a los estándares establecidos por la Corte Suprema en 2012 con el fallo FAL.

Leyes que se aprobaron

● Ley Brisa: reparación económica a hijos e hijas de víctimas fatales de violencia de género). Sin embargo, desde la agrupación Familiares Atravesados por el Femicidio se denunció en diferentes oportunidades que encontraron obstáculos para cobrar o no se cumple con el pago correspondiente en todos los casos.

● Ley Micaela: establece la capacitación obligatoria de funcionarios/as públicos/as sobre cuestiones de género y violencia. Significa un gran avance si efectivamente se cumple.

● Ley de Paridad de Género en el Congreso. Como la mayoría de las listas estuvieron encabezadas por varones, casi no se notó su impacto en las bancas legislativas.

● Ley de Pérdida Automática de la Responsabilidad Parental del Femicida, establece que quienes estén condenados por ese delito no podrán ejercer la responsabilidad sobre sus hijos o hijas.